Por Luis Javier Valero Flores
Chihuahua no sólo es la entidad más grande del país; por sus características geográficas se ubica en el centro de los negocios más peligrosos del planeta. Poseer la más extensa frontera con Estados Unidos implica, necesariamente, que los grupos criminales más importantes del mundo intenten usar su territorio, su gente, las estructuras gubernamentales, el aparato de justicia, la infraestructura y las vías de comunicación para sus negocios, que es uno solo, el de la muerte.
Ejercer el control sobre la Sierra Tarahumara y las carreteras que confluyen a las veredas y carreteras que terminan en la frontera es primordial para el tráfico de drogas, vehículos, armas, precursoras de las drogas y personas. Por ello el territorio chihuahuense fue el escenario, en 2008-2011, de la guerra más cruenta de los cárteles del narcotráfico de todo México.
El enfrentamiento entre los grupos criminales conocidos como el Cártel de Juárez y el de Sinaloa produjo más de 30 mil muertos en Chihuahua.
Por si fuera poco, fue gobernado –entre 2010 y 2016– por un grupo, encabezado por César Duarte, cuya divisa principal (a juzgar por los múltiples testimonios de cientos de empresarios de todos los ramos, por los reportajes periodísticos, por los dictámenes de la Auditoría Superior del Estado –a pesar de las filias de su titular en ese período–, por las versiones que “en corto” refieren todo tipo de actores políticos del que fuera el partido gubernamental, por los hallazgos efectuados por los nuevos gobernantes, etc.) fue la obtención de la mayor ganancia posible a partir del ejercicio del presupuesto público, además de endeudar al extremo las finanzas públicas que, a no dudar, una parte importante de ellas sirvió, sobre todo, para contribuir al enriquecimiento obsceno de un pequeño grupo de gobernantes cuya rapacidad no conoció límites.
A ellos le sirvieron quienes hoy se erigen en paladines de la transparencia y la exigencia de prontos resultados al gobierno de Javier Corral.
En ese entorno realizaba su trabajo Miroslava Breach. Prácticamente cualquier tema que abordara implicaba –implica– develar, además de la magnitud de las trapacerías, los vínculos con integrantes del poder público, a todos los niveles, según fuera el caso.
Hacer periodismo profesional en Chihuahua, en aquel sexenio y ahora también, implicaba arrostrar, además de los riesgos aquí mencionados, el acoso y el hostigamiento económico efectuado por los gobernantes, ya fuera a los propietarios de los medios de comunicación, a los reporteros, a los conductores de programas de radio y televisión.
Además, por supuesto, la elevada capacidad seductora –ejercida en todas sus variantes– del grupo gobernante.
El resultado no fue, como ahora lo sostienen quienes formaron parte de ese grupo, ya fuera como funcionarios gubernamentales o como beneficiarios del enorme derroche económico, que los índices delictivos disminuyeran frente a los presentados en el sexenio de Reyes Baeza.
Ciertamente disminuyeron algunos, pero en el de homicidios, no. El sexenio de César Duarte culminó con un número mayor que en el anterior y en la parte final de su gobierno se empezaron a soltar los demonios.
No podemos conjeturar nada, ni hay las condiciones necesarias, ni existe la información confiable que permitiera llegar a conclusiones válidas y, porque, además, el asesinato de Miroslava tenía –tiene– el objetivo de amedrentar no sólo a la sociedad, sino, fundamentalmente, a los trabajadores de los medios de comunicación que efectúan un trabajo profesional que es, por definición, crítico del poder.
Por ello, su asesinato es emblemático, se trataba de liquidar, no solamente a una excelente reportera que cumplió sobradamente con aquella característica, sino a quien tuviera un destacado papel en los medios, tanto por su desempeño profesional, como por la importancia de éstos en el contexto nacional, en los que cotidianamente abordaba los asuntos más espinosos (todos) existentes en la cruel realidad del Chihuahua profundo, ya fuera en el tema de la corrupción gubernamental, como en el del narcotráfico, o el del acceso ilegal al agua o el del clima homicida y feminicida.
Hay, por añadidura, otro aspecto, develado por la autoridad, derivado del texto de la cartulina dejada por el asesino material: la vinculación de Miroslava Breach con el gobernador Javier Corral, cuando hace referencia “a tu gober”.
Tanto si corresponde al mensaje verdadero de los asesinos intelectuales, como si fuera un elemento distractor enviado por ellos, la vinculación no pierde vigencia.
Se trataba de enviar un mensaje al actual gobernante, el peor mensaje; tanto a los periodistas críticos, profesionales, como a quien ejerce el gobierno, en un momento extremadamente crítico de la dinámica de los grupos criminales y la llegada del nuevo gobierno.
Así, la muerte de Miroslava se convierte en uno de los momentos climáticos más importantes de la nueva administración estatal, a la vez, que en, quizá, su principal reto, por los muchos mensajes que esta horrible tragedia encierra; lo obliga a, sin pretexto alguno, ni postergación que valga, a esclarecerlo creíblemente.
En primer término, en el alejamiento de las investigaciones de cualquier mando de la Fiscalía General que provenga del sexenio anterior; en la aceptación a que peritos reconocidos, incluso internacionales, coadyuven con la investigación y a que la realización de ésta no tenga mancha alguna.
Javier Corral está obligado a ello, pero no solo.
Deberá volver sus esfuerzos al cuidado de las víctimas del crimen, aspecto que se ha dejado de lado y que la tragedia vivida hoy por los hijos de Miroslava nos obligan a replantearlo; probablemente, no porque lo necesiten en el caso concreto dada la extrema generosidad de su familia, sino porque fue una imagen que a todos nos asaltó con motivo del asesinato y que probablemente fue de las cosas que más impactó, que sus hijos hubiesen sido testigos de la salvaje agresión a su madre.
Pero, además, tanto Corral, como el total de quienes gobiernan ahora a los chihuahuenses, deberán replantearse su relación con la sociedad. Están obligados a efectuar una profunda reconversión.
Javier Corral está obligado a mostrarnos una conducta de austeridad republicana; puede relajarse en el lugar que quiera y pueda hacerlo, emplear para ello sus recursos, pero moralmente está obligado a guardar una conducta lo más alejada de la de sus predecesores; gobierna Chihuahua, la tierra con las singularidades descritas aquí, no es el delegado de Coyoacán o la delegación Benito Juárez en la Ciudad de México, debiera saber que cualquiera de las imágenes difundidas ahora a antes, en las que el tráfago de los acontecimientos en Chihuahua no le impiden jugar al golf como lo hacen la gran mayoría de quienes se dedican a ese deporte.
Deberá, además, asumir conductas privadas que tengan consonancia con las que debiera asumir públicamente y demostrar, en la práctica, que para los funcionarios electos por el voto popular no hay horarios de trabajo, ni días de la semana laborales.
Más aún, está obligado a no hacer lo que el resto de los gobernantes; no puede recibir de los empresarios, chihuahuenses o no, prerrogativa alguna, pues en caso contrario, a pesar de que legalmente quizá no se pueda demostrar el conflicto de interés, cualquiera de ellos que le ofrezca sus servicios, sus bienes o sus vehículos, estaría impedido a ser proveedor del gobierno estatal, como sucede con quien le facilitó la aeronave en la que viajó a Mazatlán.
Pero, además, a raíz de la muerte de la periodista, debiera replantearse un aspecto, quizá el que más duele a los chihuahuenses, el de la debida congruencia entre el que fuera exitoso candidato opositor y el criticado gobernante de hoy.
Son numerosos los episodios en los que lo expresado en campaña no se corresponde con lo declarado y efectuado en apenas medio año de gobierno.
Un aspecto es central: Su relación con los medios de comunicación, que no son un todo uniforme y homogéneo.
Su crítica generalizada ha motivado un muy extendido rechazo y hasta visos de linchamiento hacia los medios, en lo general, sin que se haya iniciado la menor modificación a ello y entender que en sus manos (y sobre todo, en su gobierno) está la posibilidad de darle el realismo democrático a la relación medios-gobierno que necesita la sociedad mexicana y que se podría sintetizar en que los medios le pueden ofrecer servicios de difusión de publicidad al gobierno y éste comprar, exclusivamente, los espacios, las inserciones, los spots y nada más, de ninguna manera la línea editorial, ni la compra de contenidos informativos.
De otra manera, al lanzar críticas generalizadas, deja en la indefensión a quienes efectúan –y efectuaron– su trabajo de manera profesional y propicia que, de improviso, aparezcan tantos “defensores” de la libertad de expresión.
No, como Miroslava Breach, hay periodistas que hacen su trabajo profesionalmente y esos son los que están en riesgo en una entidad como Chihuahua, es un riesgo extremo.
PD. Con un abrazo inmenso, fuerte, a la familia de Miroslava, en especial a Andrea y a Carlos.
