Por Lydia Cacho
En las grabaciones se escucha la conversación: “Tráeme a una de trece años, pero que sea virgen ¿de Miami? Sí esa, para (palabras que describen crudamente violación infantil) ¿Cuánto? (se ríe)”. Al otro lado del teléfono el traficante de niñas responde: “Tres mil dólares más los papeles…sí, una virgen pero que haga (descripción de violación infantil por dos adultos) como a ti te gusta papá”. Este es el fragmento de una de más de quince conversaciones que escucharon las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de México en abril de 2006. Se cumplían unos meses de que yo había sido secuestrada y torturada física, sicológica y sexualmente durante más de veinte horas por policías; esto por haber escrito uno de mis 16 libros: la investigación Los demonios del edén: el poder detrás de la pornografía infantil, gracias a la cuál uno de los tratantes está purgando una sentencia de 113 años de prisión.
El entonces gobernador de Puebla, Mario Marín Torres (PRI) encabezó la red de protección política que pretendía silenciar la operación político-empresarial de explotación sexual comercial de niñas de entre 4 y 13 años más documentada de la historia mexicana. Para torturarme, encarcelarme ilícitamente e intentar silenciarme hace 15 años, se coludieron servidores públicos de alto nivel; miembros del senado, los gobernadores de Quintana Roo, Chiapas y Veracruz, el presidente del Poder Judicial de Puebla, una jueza, el director de la policía judicial, empresarios que blanquean capitales ilícitos, policías municipales y ministerios públicos. Todos sus nombres están en los expedientes de la Fiscalía General de la República (FGR) señalados por mí, por testigos, criminólogos y víctimas, como parte de la trama criminal Demonios del edén, sólo en nuestra región este delito deja a los tratantes 1,3 mil millones de dólares, mientras México es el mayor consumidor de pornografía infantil.
Desde hace quince años demostré jurídicamente que el caso documentado en mi libro y llevado a los tribunales de Arizona, Estados Unidos, al Supremo de México, a cortes federales de Cancún, Puebla y CDMX, para más tarde llegar a la Corte Interamericana en Washington, hasta a la ONU en Ginebra, demuestra, sin lugar a duda, que estamos hablando de delincuencia organizada trasnacional, ciber-delincuencia especializada en pornografía infantil, lavado de dinero desde México, E.U.A, Asia, Suiza, así como tortura policiaca orquestada para la protección de esos grupos de crimen organizado de cuello blanco. El ex subprocurador de investigación de delincuencia organizada (SIEDO), José Luis Santiago Vasconcelos, compiló la evidencia, junto con mis testimonios y pruebas y sus investigaciones, creó una carpeta que demuestra el poder de esta red criminal, con tentáculos protectores que llegaban hasta la presidencia de la República de Vicente Fox Quezada y Felipe Calderón; vínculos que permanecieron durante años y que el hoy Fiscal General Gertz Manero se niega a admitir.
Desde hace veinte años, en que recibí las primeras amenazas de muerte por investigar crímenes de Trata de niñas, niños y mujeres, he enfrentado a las autoridades corruptas y/o ineficaces de dos gobiernos del PAN, uno del PRI y ahora el actual: MORENA. Mi perseverancia radica en la necesidad urgente de que este gobierno, y su gabinete de seguridad, cumplan con su deber junto a las instituciones relacionadas con la prevención, atención, sanción y erradicación de estos ilícitos: un millón 500 mil violaciones, los crecientes crímenes contra la niñez mexicana y la violencia de género que arrebata la vida de 10 mujeres diariamente. La negación política de estos hechos incontestables implica pena de muerte para las víctimas, así como el aumento exponencial de la desaparición de niñas y niños. Cada vez que las autoridades niegan la realidad, se empoderan miles de pederastas que saben que la “verdad ilusa” de que en México no pasa nada, les hace más libres para someter a sus víctimas impunemente.
Hoy, martes 21 de julio, se cumple un año de que dos sicarios entraron en mi hogar, mataron a mis perritas, entraron armados a por mi y robaron sólo material periodístico; por fortuna pude escapar. Ya un año de vivir en desplazamiento forzado, investigando mi propio caso, trabajando, solicitando asilo temporal en diferentes países mientras demuestro y declaro una y otra vez ante las tres fiscalías que llevan mi caso y que, en las últimas semanas, se han negado a darme audiencia virtual. Mientras tanto, en México, el presidente asegura que se acabaron las violaciones a los derechos humanos, que las mujeres y la niñez reciben protección y justicia. Un día después de esa declaración, aprobaron recortes de 151 millones de pesos al INMUJERES, la institución responsable de los programas de protección y prevención de violencia de género, y renunció, por falta de recursos operativos, la directora de la Comisión Nacional Para prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM, dependencia de la Secretaría de Gobernación). Sin duda los hechos desdibujan las declaraciones políticas.
Hace 18 meses, en enero 10 de 2019, el entonces entrante gobierno de López Obrador se vio obligado a reconocer que fui torturada por miembros del Estado Mexicano para proteger a la delincuencia organizada. No fue un favor gubernamental, dieron cumplimiento obligatorio a la resolución de las Naciones Unidas que exigen reparación integral del daño en mi caso. Ello entraña no solamente la disculpa, sino la detención de todos los implicados, el reconocimiento de que la delincuencia organizada compra y vende miles niñas y niños para esclavizarles, y que en ello están implicados servidores públicos y empresarios de los más altos niveles; con vínculos políticos con administraciones anteriores y miembros del actual gobierno. Hoy están prófugos los autores intelectuales de mi tortura y tentativa de desaparición forzada, son tres de trece líderes de esta red criminal: un empresario millonario, un exjefe policíaco y un exgobernador. Los sicarios que entraron en mi hogar siguen intocados, a pesar de que he presentado pruebas de quiénes son, para quién trabajan, dónde viven y por qué aceptaron poner precio a mi cabeza. Hemos demostrado que un mismo grupo de abogados defiende a todos los implicados en mi tortura y en el caso Demonios del edén. Las autoridades se niegan a reconocer que estamos luchando contra el crimen organizado dedicado a la esclavitud humana, el feminicidio y atentados contra la libertad de expresión. Un puñado de servidores públicos sí están dando la batalla al interior del gobierno, pero no son suficientes, mientras la cobardía y los pactos de silencio sigan vivos, la mafia en el poder quedará intocada y yo seguiré demostrándolo.
Fuente: Zeta Tijuana
