Por Ernesto Villanueva
Es público y notorio el divorcio entre el carisma, es un decir, de José Antonio Meade, el candidato presidencial del PRI, y la inmensa mayoría de los electores potenciales.
A ese déficit se le agregan varios más que lo pintan de cuerpo entero, entre ellos, el más grave es la corrupción que se transpira cuando habla de cara a la nación.
En efecto, en el segundo debate presidencial quién podría olvidar que expresamente reconoció que había usado material de un expediente que forma parte de una averiguación previa para desacreditar a la activista Nestora Salgado.
Como es sabido, los expedientes judiciales, así como los que obran en los organismos de procuración de justicia son reservados por su propia naturaleza de acuerdo a la ley. Es lo que se denomina el secreto del sumario.
Con esa acción que, con todo desparpajo, mostró Meade en cadena nacional acaso por su propia ignorancia (las personas más peligrosas, se ha dicho, son las que no saben que no saben) incurrió en una violación a la Constitución y la ley y dejó en claro la necesidad de un Fiscal General de la República que no esté subordinado al presidente del país en turno, quien también se prestó a esa ilegal maniobra que, no por ser conocida, deja de ser censurable su conducta.
Ahora en esa misma tesitura, en el tercer y último debate presidencial, Meade en su intercambio de acusaciones con Ricardo Anaya, afirmó que la resolución judicial en contra del candidato del Frente sería condenatoria.
¿Cómo pudo saber esa información de forma anticipada de lo que va a resolver el Poder Judicial de la Federación? ¿No se supone que el Poder Judicial es un poder independiente del Poder Ejecutivo? Lo que se concluye de esa inédita revelación es el poder de colusión para lograr sus propósitos bajo la lógica de Maquiavelo: el fin justifica los medios.
Con independencia de que Anaya sea o no culpable de lo que lo acusan sus detractores, lo grave es que el candidato del PRI haga alarde de su poder de influencia sobre el Poder Judicial de la Federación de cara a los electores. A tal nivel es el poder que es capaz de decidir el sentido de las resoluciones judiciales.
Es gravísimo que esa oferta electoral de corrupción tenga cabida en un país que debe buscar el tránsito a la democracia no un salto al pasado como lo revela una y otra vez Meade haciendo del Estado de derecho una grotesca caricatura.
Nadie en su sano juicio debe estar de acuerdo con este personaje que por fortuna está en el tercer lugar de las preferencias electorales y él sí representa un peligro para el Estado democrático de derecho al que debemos transitar.
@evillanuevamx
