Montevideo vive lo que algunos medios internacionales consideran una paradoja: adquirir cannabis se vuele una transacción simple y legal, pero comprar cigarrillos es cada vez más difícil. El gobierno del presidente uruguayo José Mujica acaba de endurecer su política antitabaco, atizando con ello la inconformidad de trasnacionales como la suiza Philip Morris.

En mayo, el Senado uruguayo aprobó una nueva ley que prohíbe exhibir los cigarrillos en las tiendas; el consumidor podrá ver una lista con el nombre y precio de los productos, pero no las cajetillas. Una iniciativa que se espera obtenga un sólido apoyo en la Cámara de Diputados, en donde la izquierda del Frente Amplio (FA) también posee mayoría.

Pero Philip Morris considera que Uruguay aplica una política injusta que atenta contra los principios del Tratado Bilateral de Inversiones entre Suiza y Uruguay, vigente desde hace un par de décadas y ha acudido a un tribunal del Banco Mundial para exigir una compensación de 25 millones de dólares por los daños que asegura haber sufrido.

Para Isolda Agazzi, de Alliance Sud -organización que reúne los esfuerzos de entidades como Caritas, Helvetas, Swissaid o Pan para el Prójimo- la raíz del problema radica en realidad en los acuerdos de inversión mismos.

“Son tratados que protegen exclusivamente los derechos de los inversionistas en detrimento de los derechos de los países que reciben los recursos. En este caso, Philip Morris habla de una expropiación indirecta. Suiza debería revisar este tipo de acuerdos, mejorar sus cláusulas y respetar el derecho de los Estados a proteger sus intereses en materia de salud o medioambiente”, explica a swissinfo.ch

Tabaco vs cannabis

Uruguay aprobó en diciembre del 2013 una ley destinada a regular el mercado de la producción, comercialización y consumo del cannabis, tanto para el uso medicinal como para el recreativo.Con ello, el país sudamericano se volvió prionero a nivel mundial en el cultivo y regularización del mercado de la marihuana. El Gobierno uruguayo afirma que el problema es el narcotráfico, no el consumo de cannabis, razón por la que decidió terminar con la ilegalidad.Tras reglamentarla, la nueva ley entró en vigor el 6 de mayo. El mismo día se anunció un endurecimiento en las reglas de comercialización de los cigarrillos, cuyas cajetillas ya no podrán ser exhibidas en los establecimientos de venta.La suiza Philip Morris busca revertir estas medidas.

Una lucha por la vida

Observada desde una perspectiva económica, ésta es una lucha entre un David y un Goliat del siglo XXI. El PIB uruguayo –síntesis de toda la riqueza generada por un país durante un año- sumó 49.500 millones de dólares en 2013. En ese mismo lapso, la facturación del gigante tabacalero suizo sumó alrededor 69.000 millones de dólares.

Una brecha que, en principio, no ha arrendado al Gobierno sudamericano, que busca aliados en el extranjero para su causa. El Presidente José Mujica -peculiar por la vida modesta que lleva- visitó recientemente Washington para entrevistarse con su homólogo Barack Obama, a quien pidió apoyo en su lucha contra el tabaquismo.

“Señor Presidente, le habla un antiguo fumador”, aceptó Mujica, “pero en el mundo, 8 millones de personas mueren cada año por fumar. Esto es un asesinato. Sostenemos una ardua batalla y debemos luchar contra intereses muy poderosos. Los gobiernos no deberíamos involucrarnos en litigios privados, y aquí nos tiene luchando por la vida”.

Isolda Agazzi recuerda que el mandatario hace referencia a la demanda interpuesta en 2010 por Philip Morris ante el Centro de Arreglo de Disputas de Inversión (CADI) del Banco Mundial contra el Uruguay y aclara que las políticas que sigue este Gobierno para combatir el tabaquismo respetan la convención marco de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la lucha contra este problema de salud.

Una política ineficaz

Philip Morris opina distinto. “No desafiamos las normas de control del tabaco, como la restricción para fumar en lugares públicos o la existencia de avisos gráficos en la cajetilla mientras sean razonables, pero estamos contra las medidas extremas”, dice a swissinfo.ch Iro Antoniadou, portavoz del grupo de Lausana.

Hace cuatro años, Montevideo prohibió a Philip Morris comercializar siete de las 12 marcas que la empresa tenía en el mercado; y exigió que las leyendas que informan sobre los riesgos del tabaquismo ocuparan 80% de la superficie de las cajetillas. Decisiones que han generado la inconformidad del grupo porque afectan su desempeño.

“Pero las marcas son fundamentales para una empresa, impulsan la creatividad y la innovación y son motores de las economías. Construir una marca es un trabajo de largo plazo que requiere una inversión significativa, y el derecho internacional protege (a las empresas) de las acciones arbitrarias de un Gobierno. Esta es la esencia de lo que reclamamos”, refiere Antoniadou.

Y añade que las restricciones solo sirven para obstaculizar la competencia y para encarecer los productos ya que complican la operación de las empresas. Además, “impulsan el comercio ilícito, que en el Uruguay representa más del 30% del total de productos de tabaco que son consumidos”.

Philip Morris en Uruguay

Philip Morris International Inc (PMI) es la empresa tabacalera más importante del mundo, con ventas en más de 180 países. Su sede operativa se encuentra en Lausana, Suiza, y el grupo cuenta con una plantilla de más de 73.000 empleados y fábricas en más de 50 países.

El proceso judicial entre Philip Morris y Uruguay inició en 2010, cuando la tabacalera presentó una demanda en contra de este país ante el Centro de Arreglo de Disputas de Inversión (CADI), tribunal perteneciente al Banco Mundial.

La compañía helvética exige una indemnización por 25 millones de dólares por la violación del tratado bilateral de inversión entre Suiza y Uruguay. Sin embargo, la campaña contra el tabaquismo que enarbola Montevideo ha sido respaldada por la Organización Mundial de la Salud y por decenas de países.

El Gobierno suizo, fuera del conflicto

Alberto Villarreal, de la red ecologista internacional Amis de la Terre, coincide con la visión de Agazzi sobre la necesidad de revisar los acuerdos de inversión que Suiza pacta con los países en desarrollo.

“Lo primero que tendría que hacerse es excluir la claúsula que permite a las empresas demandar a los Estados por sus políticas públicas, especialmente cuando éstas son positivas para un país.Tampoco debería permitirse que los inversionistas reclamen indemnizaciones por lo que consideran como una ‘expropiación indirecta’”, dice a swissinfo.ch

Para Villarreal, sería muy útil que Suiza aceptara realizar una nota aclaratoria en el caso de Uruguay.

“Los tratados son escuetos y si los dos gobiernos involucrados –Uruguay y Suiza- realizan una interpretación común sobre las cláusulas que provocan una disputa, esto tendría un gran peso. Suiza se ha manifestado receptiva a este respecto, pero Uruguay no ha solicitado nada por el momento”, confirma.

La Secretaría de Estado de Economía (Seco) confirma la apertura de Suiza, pero deja claro también que se trata de un conflicto entre una compañía privada y otro Gobierno.

“Suiza no es parte del arbitraje que está pendiente entre Philip Morris y Uruguay. Este se lleva a cabo conforme a las reglas que marca el CADI”, dice a swissinfo.ch Marie Avet, portavoz de la Seco. Y precisa que Suiza no ha recibido ninguna demanda de Uruguay para reabrir  la negociación del acuerdo de inversión bilateral.

Añade que Berna está convencida de la necesidad de aplicar acuerdos de protección de inversiones favorables para todas las partes involucradas y aboga también por una mayor transparencia cuando hay litigios. “Desde hace años existe un profundo debate sobre estos acuerdos, que incluyen el trabajo de comités de expertos de instancias como la OCDE o la Unctad.

El Gobierno suizo tiene en cuenta todo esto y apoya la elaboración de nuevas normas que incluyan una mayor transparencia en los arbitrajes”.

¿Cannabis sí?

El endurecimiento de la política antitabaco de Montevideo ha sido cuestionado por la prensa local y extranjera debido a que desde mayo también la marihuana se ha vuelto un bien que puede comercializarse con facilidad.

Para Alberto Villareal, el tabaco y el cannabis son dos problemas independientes. “En el caso de la legalización de la marihuana se trata de enfrentar un problema social que tiene que ver con la ilegalidad de un mercado. No se busca solucionar el problema de la adicción, sino controlar un mercado ‘negro’”, dice.

En el caso del tabaco, continúa, “la producción, comercialización y consumo son legales; el objetivo es responder al convenio marco de la OMS contra el tabaquismo que busca erradicar este problema”.

La visita del mandatario uruguayo a Washingon abrió un foro para abordar estas diferencias. “Acudir ante el presidente Obama no resolvió el problema de Uruguay frente a Philip Morris, pero ha permitido hablar sobre el conflicto y la falta de equidad entre las dos partes. Y esto será positivo para el desenlace de este tema”, concluye.

Por Andrea Ornelas, swissinfo.ch