Conforme a una política “dura” que utiliza “la maquinaria de deportación” heredada del sexenio de Enrique Peña Nieto –a decir de colectivos defensores de derechos humanos–, el Instituto Nacional de Migración acelera la repatriación de migrantes centroamericanos. Para ello le otorgó un contrato de hasta 32 millones 800 mil pesos mensuales a la empresa ETN por disponer de 70 autobuses. Casualmente, esta firma de transportes pertenece a Roberto Alcántara, quien fuera uno de los contratistas consentidos de Enrique Peña Nieto.
Por Mathieu Tourliere/ Proceso
El empresario mexiquense Roberto Alcántara Rojas, uno de los amigos y principales contratistas del expresidente Enrique Peña Nieto, se beneficiará este año con el negocio de la deportación de migrantes centroamericanos: el Instituto Nacional de Migración (INM) otorgó un contrato de hasta 295 millones 717 mil pesos a su empresa ETN Turistar de Lujo, S.A. de C.V. para trasladar a esas personas a sus países de origen.
El pasado 31 de marzo la empresa de Alcántara Rojas ganó la licitación del contrato de “servicio de transporte vía terrestre de migrantes extranjeros presentados en las delegaciones federales del INM”, firmado el 15 de abril. ETN pondrá 70 autobuses a disposición de las autoridades desde el presente abril hasta diciembre próximo.
El INM otorgó el contrato en medio de una profunda crisis migratoria, marcada por la llegada de decenas de miles de familias originarias de Centroamérica a la frontera sur de México.
La situación se agrava todos los días y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador responde con “la política migratoria más violenta que se ha registrado en los últimos años en la frontera sur”, sostiene el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano (COMDHSM), que aglutina a 15 organizaciones de la sociedad civil.
Tan solo en enero y febrero de este año el gobierno mexicano devolvió a 13 mil 450 migrantes centroamericanos a sus países, un promedio de 227 por día. Más de la mitad son hondureños y mil 876 son menores de 12 años, según los datos de la Secretaría de Gobernación.
El ritmo de esas deportaciones creció a niveles inéditos: el pasado martes 16 el INM informó que, durante los primeros 15 días de abril, deportó por vía terrestre a 4 mil 102 hondureños indocumentados, un promedio de 273 al día.
(Fragmento del reportaje especial publicado en Proceso 2216, ya en circulación)
