“No hago esto solo por mi familia, lo hago por 1,7 millones de familias”. Este fue el último comunicado de Lizbeth Mateo, una de los nueve indocumentados, también apodados ‘dreamers’, detenidos la semana pasada en la frontera de Estados Unidos y México. Su arresto es, en realidad, una campaña para llamar la atención sobre las 1,7 millones de personas que han sido deportadas desde que Barack Obama llegase a la Casa Blanca.
Por Cristina F. Pereda/ El País
Como Lizbeth y los otros ocho dreamers detenidos y en huelga de hambre desde el pasado viernes, varias organizaciones han pedido al presidente Obama que cancele las deportaciones de indocumentados mientras avancen las negociaciones de la reforma del sistema de inmigración. Este lunes, 33 senadores pidieron además que la Casa Blanca escuche las peticiones del grupo ya conocido como los “Dream 9” y los deje en libertad. Cuentan también con el respaldo de miles de firmas ciudadanas y una importante campaña en las redes sociales:#BringThemHome
Los nueve indocumentados viajaron el mes pasado a México para reunirse con sus familias. Sabían que se arriesgaban a no poder regresar a EU, donde carecen de visado o permiso de residencia. Algunos de ellos, como Mateo –que ya narró sus iniciativas por la reforma migratoria para El País- no habían visto a su familia desde hacía 15 años. A pesar de no tener papeles, había logrado una plaza en la escuela de leyes de California. El sueño de convertirse en abogada acaba de quedar en el aire con su última campaña.
“Han tomado esta medida porque están luchando para reunir a familias separadas por la frontera y las estrategias de deportaciones masivas, incluida la suya”, afirma la carta de los senadores, entre los que se encuentran líderes hispanos como los representantes Raúl Grijalva o Rubén Hinojosa. “Estos jóvenes son las víctimas de nuestra fallida ley de inmigración y se merecen regresar a casa en Estados Unidos. Le pedimos que les permita volver”.
Los ‘dreamers’ son estudiantes indocumentados que llegaron a EU acompañados de sus padres o de otros familiares y que han vivido la mayor parte de su vida en el país. La ley Dream Act, que les hubiera otorgado un permiso de residencia temporal a cambio de matricularse en una universidad o alistarse en el Ejército, les dio el nombre de ‘soñadores’. El fracaso de aquella ley en las navidades de 2010 marcó un antes y un después en su forma de hacer activismo, empujándoles a protagonizar sus propias campañas a favor de la reforma migratoria y revelar que viven en EE UU de manera ilegal.
Las campañas de los ‘dreamers’ han sido atribuidas con gran parte de la presión social que impulsó las negociaciones para la reforma a comienzos de este año, sin embargo, ninguna de ellas ha ido tan lejos. Según la National Immigrant Youth Alliance, una de las dos organizaciones que representan a los ‘Dream 9’, los nueve indocumentados fueron detenidos en Arizona tras solicitar asilo en EU e iniciaron una huelga de hambre el pasado viernes porque alegan que las autoridades del Centro de Detenciones Eloy les impidieron hacer llamadas telefónicas.
“Independientemente de si abandonaron EE UU recientemente o hace varios años, y de si lo hicieron por las difíciles condiciones de vida en este país o a causa de una deportación, estos ‘dreamers’ crecieron en EU y lo consideran su hogar”, continúan los congresistas. “Todos ellos merecen regresar a casa y nuestro país se enriquecerá moral, económica y socialmente gracias a sus aportaciones”.
Las exigencias de los representantes, así como de los miembros del ‘Dream 9’, serán difíciles de cumplir para Obama. Si les concede el asilo que solicitan, podría abrir las puertas a millones de peticiones. El presidente puede alegar además que ya canceló las deportaciones de los ‘dreamers’ con una orden ejecutiva el pasado verano y que en este caso los jóvenes ‘sin papeles’ abandonaron el país voluntariamente. Si accede, además, los republicanos podrían acusarle de ser demasiado permisivo con la inmigración ilegal, regalándoles un argumento que puede impedir el avance de las ya de por sí delicadas negociaciones en Washington.
Fuente: El País
