Por Jenaro Villamil
El velo de la complicidad y el silencio volvió a descorrerse. El informe de la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derechos Humanos de la Universidad de Texas sistematiza los testimonios de tres juicios contra líderes del cártel de Los Zetas.
El informe compila y sustenta lo que se sabía desde hace más de una década: los gobiernos de Coahuila encabezados por los hermanos Humberto y Rubén Moreira, y los de Veracruz, a cargo de Fidel Herrera y Javier Duarte, fueron capturados por el crimen organizado a cambio de millonarios sobornos.
El informe presentado en el Senado por Ariel Dulitzky, director de la Clínica, también señala millonarios sobornos del cártel a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad para obtener contratos para “lavar dinero” tanto en Coahuila como en Veracruz.
El experto mencionó a uno de los empresarios señalados insistentemente en Proceso como uno de los “lavadores” de los Zetas: Francisco Antonio Colorado Cessa, Pancho Colorado, acusado en el juicio de Austin y propietario de la empresa ADT Petroservicios.
El informe de la clínica se concentra en Coahuila y aporta algunos elementos sobre presuntos sobornos a Fidel Herrera en Veracruz. Mencionan más de 10 millones de dólares durante su campaña electoral en 2004. El exmandatario estatal, corresponsable del desastre ocasionado por su protegido y sucesor Javier Duarte, negó “categóricamente” a la prensa haber recibido “dinero ilegal alguno del narcotráfico”.
Este informe que ha conmocionado a la opinión pública no menciona los casos de Tamaulipas y Nuevo León porque no forman parte del material judicial que analizó la Universidad de Texas. No es difícil concluir que durante los gobiernos de Natividad González Parás y Rodrigo Medina, en Nuevo León, y de Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, en Tamaulipas, la mecánica de Los Zetas fue muy similar a la que se describe en el caso de Coahuila.
Estamos ante la descripción de un método de captura del Estado y de complicidad en crímenes de lesa humanidad cometidas con el consentimiento de gobernadores del PRI y el silencio o la omisión negligente de los gobiernos federales del PAN (Vicente Fox y Felipe Calderón) y del PRI (Enrique Peña Nieto) en esta tragedia del noreste del país que ha cobrado cientos de vidas y miles de desaparecidos.
La situación en Tamaulipas toma dimensiones de vendetta. Al menos cinco testigos y denunciantes en contra del exgobernador Eugenio Hernández han sido asesinados en 2016, otro se suicidó en mayo de 2014, y recientemente otro más fue “levantado” y otro se encuentra desaparecido. Al estilo de los Zetas.
Difícil que el Estado mexicano pretenda hacerse omiso frente a esta tragedia. Una parte sustancial del informe de la Universidad de Texas subraya lo siguiente: “los testimonios analizados describen un patrón de complicidad, tolerancia, aquiescencia y/ o cooperación del Estado mexicano con el cártel de los Zetas y sus negocios ilegales”.
“Los testimonios revelan el control y la colaboración generalizada entre funcionarios del estado, desde la policía municipal hasta el gobernador y Los Zetas”, añade el informe.
Se trató de una mecánica criminal persistente. Las autoridades fueron cómplices en la serie de asesinatos y secuestros cometidos por los Zetas en 2011 que provocaron 300 muertos, la fuga masiva de 130 reos de la prisión de Piedras Negras que se convirtió en un sitio de reclutamiento forzoso para el cártel, en la ejecución y masacre de 40 personas en Piedras Negras en marzo de 2011, en matanzas tan graves como la de San Fernando.
Para muestra de esta complicidad criminal, el magistrado de Coahuila, Juan José Yáñez, salió a defender a los hermanos Moreira, poco después de que se conociera el informe de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas. Según el magistrado, “no ha existido nunca, pero nunca, un ataque sistemático o generalizado cometido contra la sociedad civil con una política de Estado”.
¿Y los cientos de muertos y miles de desaparecidos durante este reinado del terror de los narcoestados Zetas? ¿Si no fue un “ataque sistemático” cómo se puede entender la impunidad sistemática que se ha aplicado en Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y Veracruz frente a estos delitos de lesa humanidad?
Por supuesto, el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, ha guardado silencio sepulcral. Al igual que los senadores priistas que recibieron este lunes 6 de noviembre el informe.
Esta es apenas la otra caja de Pandora que se abre frente al desastre persistente de la guerra contra el narcotráfico que, en realidad, se convirtió en una guerra irregular contra la sociedad civil y la prensa en estas entidades.
Fuente: Homozapping.com.mx
