De nuevo embarrada en asuntos de corrupción, la familia del fallecido Juan Camilo Mouriño Terrazo refutó la información que, bajo el título “Salpica Duarte a los Mouriño”, divulgó el periódico Reforma y aseguró no conocer al exgobernador veracruzano ni a ninguno de sus excolaboradores señalados en la nota.
Según el rotativo de circulación nacional, la Procuraduría General de la República (PGR) “tiene indicios de que el gobernador priista Javier Duarte, vía prestanombres, usó una empresa para adquirir terrenos ejidales donde se construyó el conjunto inmobiliario Campeche Country Club, propiedad de Carlos Mouriño Antanes”, patriarca del clan.
Asimismo, revela que se indaga la triangulación de 110 millones de pesos a la Inmobiliaria Cartujano, que administra Moisés Mansur Cysneiros, el amigo del exmandatario que le heredó en su testamento todos sus bienes, de los cuales, 10 millones de pesos se habrían invertido en la compra de tierras en el ejido de Lerma, donde se desarrolla el Campeche Country Club.
La publicación dice que por instrucciones de Duarte, José Juan Janeiro Rodríguez, presunto responsable de la ingeniería financiera, habría transferido ese dinero a la empresa Terra Urbanizaciones Desarrollos Inmobiliarios, radicada en Campeche y registrada a nombre de Miguel Velázquez Nieva, comisariado ejidal, quien según el medio también está prófugo.
Además, indica que en 2011 campesinos que perdieron sus tierras presentaron una denuncia ante la Procuraduría de Campeche por falsificación de firmas para nombrar como integrantes del comisariado ejidal a Alfonso Ortega López y Moisés Mansur Cysneiros.
En esa demanda, agrega, los ejidatarios acusaron a Ortega y a Mansur de servir como prestanombres a Carlos Mouriño, y hoy esos dos personajes son los principales involucrados en el lavado de dinero de Javier Duarte.
Niegan vínculo con Duarte
Los Mouriño, una de las familias que más se beneficiaron con negocios turbios al amparo del poder durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón, reaccionaron a esta nueva imputación.
Mediante un comunicado dirigido a quien corresponda y firmado en su calidad de director general de Inmobiliaria Supermex y representante de la familia en cuestión, Carlos Mouriño Terrazo expresa “varias aclaraciones con respecto a la noticia que el periódico Reforma publica el día de hoy en primera plana, titulada ‘Salpica Duarte a los Mouriño’”.
El primogénito de Mouriño Atanes dice: “A título personal, en nombre y con autorización de toda mi familia, desmiento categóricamente cualquier vinculación de dicho caso con el gobernador Duarte, con el Sr. Moisés Mansur Cisneros, con el Sr. José Juan Janeiro o con la Empresa Inmobiliaria Cartujano”, dice.
Y añade: “es más, niego conocer yo o alguien de mi familia, personalmente, vía verbal, escrita, o electrónica a cualquiera de las personas antes citadas o cualquier representante de ellas o de la empresa”.
El también presidente del Grupo Energético del Sureste (GES), el corporativo de su familia, argumenta que “el ejido Lerma tenía en su posesión 10 mil 263 hectáreas en el municipio de Campeche, de los cuales después de sus procedimientos legales procedieron a la venta de algunas de sus tierras”.
Sostiene: “Inmobiliaria Supermex, la cual represento, adquirió en el año 2011, la cantidad de 156 hectáreas, lo que representa el 1.5% del total de lo que el ejido tenia disponible. Así mismo (sic) completó la operación con particulares para un total de 336 hectáreas, en donde se desarrolla el Campeche Country Club”.
En el texto, agrega, “desconozco y desconocemos quiénes compraron o cuál fue el destino de las restantes 10 mil 107 hectáreas, el 98.5% de las mismas”.
Carlos Mouriño insiste en que “la Inmobiliaria Cartujano ni ninguna de las personas antes mencionadas tuvo ninguna transacción o interacción con Inmobiliaria Supermex, (Campeche Country Club) o cualquier otra empresa de mi familia así como con ningún miembro de la familia Mouriño”.
En su escrito, manifiesta también que “en total tranquilidad de conciencia y en el uso de la transparencia que deberíamos tener todos, ponemos a disposición de su editorial o de cualquier dependencia que lo requiera, cualquier información que soliciten”.
Por último, asegura que “estamos absolutamente seguros que se ha actuado al 100% en la legalidad y más aún, totalmente indignados de que se nos involucre en un asunto que no tenemos no sólo conocimiento sino que absoluta y rotundamente nada que ver”.
Estrategia familiar
En noviembre de 2012, el semanario Proceso publicó un reportaje sobre la manera arbitraria e ilegal en la que Carlos Mouriño Atanes, en las postrimerías del calderonato, se apropió del ejido Lerma, conurbado a este capital, en un procedimiento en el que se hizo firmar hasta a ejidatarios muertos, y cuyas tierras comercializó, cuando aún estaban en litigio, para su desarrollar su exclusivo Campeche Country Club.
El año pasado, recién asumió el cargo, el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas hizo encarcelar a Pedro Celestino May Can, líder de los ocho ancianos ejidatarios que se opusieron legalmente a los planes de los Mouriño y al ganar el juicio agrario dejaron a salvo los derechos ejidales de 400 hectáreas de lo que fue el ejido Lerma.
May Can regaló a familias de escasos recursos 3 mil lotes de esa superficie ejidal para crear una colonia proletaria alrededor del lujoso Country Club, pero Moreno Cárdenas mandó desalojar a los beneficiarios mediante la fuerza pública y se les prohibió pasar por los tres accesos que había hacia sus predios con la amenaza de ser detenidos.
Los terrenos que May Can obsequió fueron donados por el ejido hace más de tres décadas al gobierno del estado, con la condición de que si en 30 años no se aprovechaban serían reintegrados. Los terrenos quedaron ociosos y los ejidatarios los recuperaron, pero el actual gobierno los quiere de vuelta.
Al cabo de varios meses, May Can fue liberado a condición de que firmara un documento en el que se le hacía saber que sería regresado a prisión si continuaba con su movimiento proletario. En tanto, el mandatario ha puesto especial énfasis en el Country Club con la celebración de eventos, como el cuestionado torneo de Copa Davis entre México y Guatemala.
Fuente: Apro
