Por John M. Ackerman
Carmen Martínez, Fredy Martínez, Augusto Cruz, Epifanio Domínguez, presos políticos de Chiapa de Corzo, libertad inmediata.
Entre todas las calumnias y mentiras que cotidianamente se lanzan desde las altas esferas del poder económico y social contra Andrés Manuel López Obrador, la que ofende más a la inteligencia y la lógica es la acusación de que la llegada del tabasqueño a Los Pinos implicaría una amenaza para la institucionalidad democrática del país.
Los adversarios del futuro candidato presidencial de Morena no se cansan de acusarlo de ser un “populista” que supuestamente no respeta las leyes o la división de poderes. Advierten que como presidente podría actuar como un pequeño dictador que no permitiría ningún límite a su poder y aplastaría a sus adversarios. Más vale malo por conocido que bueno por conocer, reza esta perversa lógica conservadora y derrotista.
El primer error con este enfoque es que supone que México hoy gozaría de algo que podría llamarse “institucionalidad democrática”.
Habría que hacernos una serie de preguntas serias al respecto: ¿Existe alguna institución del Estado mexicano que hoy funcione correctamente de acuerdo con su mandato constitucional o legal? ¿La Suprema Corte imparte justicia? ¿Las fuerzas armadas protegen al pueblo? ¿La Presidencia de la República fomenta el bienestar de los mexicanos? ¿El Congreso de la Unión legisla a favor del interés público? ¿La Procuraduría General de la República combate la impunidad? ¿La Secretaría de Relaciones Exteriores defiende la soberanía nacional? ¿Los institutos electorales garantizan comicios libres, limpios y auténticos?
Muy difícilmente podríamos contestar, en buena fe, a cualquiera de estas preguntas en lo afirmativo. Nos encontramos hoy en medio de una enorme crisis histórica de efectividad y de credibilidad de las instituciones públicas.
No es necesario esperar, entonces, hasta después de las elecciones presidenciales de 2018 para saber cómo sería vivir en una situación de colapso total de la institucionalidad democrática. Enrique Peña Nieto, y el régimen prianrdista que lo respalda, ya ha avanzado demasiado en este sentido.
Recordemos cómo Peña Nieto violentó la división de poderes desde el primer día del sexenio con su Pacto por México, atropellando todos los procedimientos parlamentarios con el fin de lograr la aprobación relámpago de la privatización del petróleo y la electricidad.
El régimen actual tampoco respeta las leyes del país. La corrupción desbordada y la impunidad desenfrenada demuestran claramente que quienes hoy gobiernan no tienen ningún respeto por las instituciones públicas. El caso de los sobornos de Odebrecht para Emilio Lozoya es solamente el caso más reciente en una serie de escándalos públicos que involucran el círculo más íntimo del actual ocupante de Los Pinos. Y el fraude en el Estado de México demostró una vez más la total ausencia de un Estado de derecho en materia electoral.
El régimen actual también ha demostrado su enorme intolerancia a la oposición y el diálogo democrático. La censura a los comunicadores, la agresión a los periodistas, la represión de las manifestaciones y el encarcelamiento de activistas se han generalizado durante el presente sexenio como nunca antes en la historia reciente del país.
Es cierto, sin embargo, que las cosas podrían empeorar. Por ejemplo, si el régimen logra imponerse una vez más en 2018 por medio de la violencia, la censura y el fraude podríamos tocar fondo muy pronto. Cualquiera de los candidatos del PRIANRD (Margarita Zavala, Aurelio Nuño, José Antonio Meade, Ricardo Anaya, Miguel Ángel Mancera, etcétera.) llegarían con el fin de culminar el trabajo de destrucción institucional iniciado desde tiempos de Carlos Salinas de Gortari.
Resulta evidente que la única esperanza para iniciar el largo camino hacia la recuperación de la institucionalidad democrática es con la llegada a Los Pinos de un agente externo, alguien que no tiene participación alguna en la extensa telaraña de complicidades que hoy infecta las altas esferas políticas y económicas del país.
El que paga para ganar, roba al llegar. Pero quien gana legítimamente no tiene otra opción que rendir cuentas a quien lo colocó en la silla.
Es también importante recordar que López Obrador ha dedicado su vida entera a la lucha por la democracia y la recuperación de las instituciones públicas. Jamás ha llamado a la violencia y siempre acude a las instituciones para defender las causas que enarbola. En 2006 fue al Tribunal Electoral para demandar “voto por voto” y en 2012 exigió una fiscalización profunda de las finanzas de la campaña de Peña Nieto. Sus luchas contra las reformas petrolera y educativa también han buscado establecer diálogos públicos con las instituciones responsables.
La misma insistencia del tabasqueño en participar una y otra vez en las elecciones presidenciales, aun a pesar de los constantes fraudes y engaños, revela su profundo apego a la vía institucional. López Obrador jamás ha tirado el tablero. Tiene una fe casi utópica en que con el esfuerzo de todos, podemos finalmente hacer realidad el sueño de que las instituciones funcionen de acuerdo con su mandato legal.
Y tantos años de experiencia de López Obrador en la oposición constituye una garantía de que al llegar a Los Pinos no recurriría a ninguna cacería de brujas ni acoso a la oposición. Sería simplemente contra natura que alguien forjado con tantos años de lucha desde la oposición y por una democracia verdadera de repente cambiaría su perspectiva 180 grados al llegar al poder.
En suma, López Obrador no presenta riesgo alguno a la institucionalidad democrática sino todo lo contrario, representa la esperanza de finalmente recuperar la institucionalidad perdida. l
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Fuente: Proceso
