Por Francisco Javier Pizarro Chávez
La consulta popular que se realizó el domingo 1 de agosto de este año, ha sido evaluada por la mayoría de los medios de comunicación, los opositores a AMLO y los ex presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón como un fracaso, lo que es un sofisma.
Cierto es que el porcentaje de ciudadanos que votaron, cuantitativamente, fue reducido, (6.7 millones), que representa el 7.11% de la Lista Nominal de Electores, cantidad sumamente insuficiente para lograr un resultado vinculatorio, esto es, “ejercer” el derecho procesal de las acciones de los ex presidentes acusados de la adquisición de bienes y derechos a cambio de una equivalencia económica, corrupción e impunidad, traición a la patria y violación de los derechos humanos y la justicia, histórica y fehacientemente documentados a lo largo y ancho de nuestro país.
Es incuestionable que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el INE hicieron todo lo posible a su alcance, para evitar que el voto de los ciudadanos a favor del SI, no alcanzará el 40 % de la consulta popular vinculatoria a los poderes Ejecutivo y Legislativo federales y para las autoridades competentes, con dos propósitos:
Proteger a los expresidentes del PRI y el PAN que dejaron en quiera a nuestro país y, vulnerar la democracia participativa en ciernes y, posteriormente, la revocación de mandato del presidente de la República.
La SCJN le dio un giro político-social a lo jurídico. Originalmente la pregunta de la consulta era: ¿Está usted de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con pego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y en su caso sanciones la presunta comisión de delitos de parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quezada y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus respectivas gestiones?
La Corte, hizo de esta pregunta, un grotesco galimatías, para proteger a los expresidentes referidos y enredar al pueblo: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encauzados a garantizar la justicia y lo derechos de las posibles víctimas?”
Evidentemente ese caos jurídico, es un componente que nada tiene que ver con la democracia participativa mediante la cual los ciudadanos intercalan y ponderan con fundamento en sus derechos, las decisiones del Estado, el proyecto de nación, el uso de los recursos públicos y una administración eficientes de las dependencias del quehacer gubernamental y los programas públicos, por lo que es trascendente se consolide la Comisión de la Verdad, no solo en lo que se refiere a la corrupción, sino también a las violaciones de derechos humanos e impunidad de las masacres a comunidades indígenas, estudiantes, normalistas y pueblo en general, cometidas por los gobiernos anteriores.
El Instituto Nacional Electoral, experto manipulador de la democracia representativa, por su parte, se abocó a desmantelar en tiempo y espacio la consulta popular para impedir que lograra mayoría absoluta. Redujo casillas, boletas y supervisores.
De las 104 mil 667 casillas, de las elecciones nacionales del 6 de julio pasado, las redujo en la consulta popular a 91 mil casillas en 300 distritos electorales, muchas de las cuales se modificaron, lo que desorientó a los ciudadanos que por más que pedían a estaciones de radio, canales televisivos y periódicos les informaran el domicilio de la casilla que les correspondía, fueron ignorados.
Y, por si fuera poco, el organismo electoral, señaló que cada casilla contaría con 2 mil o 2 mil 500 boletas, pero no en los 2517 municipios de la República, lo que indudablemente afecto a la población de las zonas rurales y comunidades indígenas.
Si se suma el número de casillas y boletas que impuso el INE, el porcentaje de la votación de los ciudadanos sería alrededor de 22 millones 750 mil votantes, lo cual tampoco sería suficiente para lograr el 4O % de la lista nominal de electores y consecuentemente se hubiese logrado el resultado vinculatorio referido líneas arriba.
Todo esto porque a Lorenzo Córdova le incomodó que el presupuesto del INE, se redujera de mil millones 500 mil pesos a 522 millones de pesos; esto es, un tercio de lo que tenía presupuestado.
No obstante, toda esa manipulación de la SCJN y del INE, cualitativamente la Consulta popular del domingo pasado, fue un ejercicio político y social significativo del pueblo, por más que las cofradías de la derecha se burlen de que no logró el porcentaje de votación del 40%, que establece el Artículo 35 constitucional, y los ex presidentes festinen que no se le vincule a proceso judicial por sus fechorías.
El 97% de los ciudadanos que votaron en esta primogénita consulta popular aprobaron el SI, lo cual deja en claro para la sociedad que, pese a las artimañas jurídicas y electorales a las que hemos hecho referencia, millones de mexicanos han sembrado ya la semilla de la democracia participativa.
Veremos y diremos que alcance social tendrá en marzo del año próximo, otro eje fundamental del mecanismo de la democracia participativa: La revocación de mandato del presidente de la República que, en el fondo, para la oligarquía es determinante que no proceda para cancelar su investidura presidencial y recuperar el régimen neoliberal que la 4ta transformación se ha abocado a desmantelar, para construir un proyecto de nación más igualitario y justo, que consolidé un genuino y soberano Estado democrático, ajeno a la corrupción, la violencia e impunidad del sistema neoliberal que los expresidente de Carlos de Salinas a Enrique Peña Nieto consolidaron en su beneficio, en detrimento del pueblo y de nuestro recursos naturales.
No lo van a lograr. Andrés Manuel López Orador es un presidente sencillo y honesto que cuenta con el apoyo de millones de mexicanos. No le escarben. De la transformación que tanto odian, les puede brotar algo más profundo: una nueva revolución. Se los advierto en serio.
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Posdata: Hago de su conocimiento que un servidor fui designado primer Suplente general Escrutador de la Mesa receptora de la Consulta Popular del Distrito Electoral Federal 06 de Chihuahua, Chih., al que acudieron a votar 200 ciudadanos—la mayoría de ellos de la tercera edad–, de los cuales 197 emitieron su voto a favor del SI; 2 a favor de NO y uno NULO.
Debo comentar que la insuficiencia de ciudadanos, en nuestra casilla, fue consecuencia no únicamente de la desinformación a la que hice referencia, sino también de una impresionante tromba que se generó durante dos horas en la zona norte de la ciudad, donde estábamos ubicados.
Periódicos locales, ha desplegado en sus encabezados, que Chihuahua fue la entidad que tuvo el porcentaje más bajo, a nivel nacional, de participación ciudadana de la Consulta Popular. La votación fue el 3.09 del padrón electoral. Esto es, votaron 89 mil 922 ciudadanos de los 2 millones 908 mil 443 registrados en la lista nominal.
