Por Jenaro Villamil
Algo inaudito ocurrió el lunes 28 en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN): gracias a la argumentación jurídica del ministro Alberto Pérez Dayán, el proyecto original del ministro Jorge Mario Pardo Rebollar perdió en voto dividido (7 contra 3), y la iniciativa de ley impulsada en Jalisco por el diputado independiente Pedro Kumamoto fue validada por el máximo tribunal constitucional.
Difundida y defendida en las redes sociales con el hashtag #SinVotoNoHayDinero, la iniciativa de Kumamoto planteó una reforma al artículo 13 de la Constitución de Jalisco. La modificación establece que, en años no electorales, el cálculo de los recursos públicos destinados a los partidos políticos se realizará multiplicando el número de electores en el padrón por 20% del valor de Unidad de Medida y Actualización (UMA). Este porcentaje es sustancialmente menor al 65% de la UMA que establece la Constitución federal para distribuir los recursos de los partidos políticos.
Los partidos que impugnaron esta reforma –Verde, Morena y Panal– argumentaron que justamente esta modificación a la Constitución de Jalisco estaba en contradicción con la famosa “fórmula” de la Constitución federal y que, en realidad, no generaría ahorro alguno. Este punto aún está por verse. Los defensores de la Ley Kumamoto afirman que tan sólo en Jalisco se prevé un ahorro de 550 millones de pesos en los tres próximos años.
Lo importante es que la mayoría de los ministros avaló la tesis de que las entidades gozan de libertad de configuración “para establecer el financiamiento de los partidos nacionales, siempre y cuando sea equitativo y resista un análisis de reglas objetivas y aplicables a todos los partidos”, según expuso el ministro Arturo Zaldívar.
Es la primera vez que una causa a favor de disminuir el despilfarro de recursos públicos en el financiamiento a los partidos tiene un triunfo jurídico en la Suprema Corte de Justicia. También abre las compuertas para reformas estatales similares que pueden generar un auténtico parteaguas en el modelo centralizado de financiamiento a los partidos.
Por supuesto que la tesis de Kumamoto no le gusta a la partidocracia, tampoco a los partidos con menor votación, pero mucho menos a una especie de burocracia dorada que ha hecho de la organización de las elecciones y de su papel de “árbitro” en instituciones como el INE un modus vivendi.
La Ley Kumamoto contrasta con el debate sobre el financiamiento para el INE en 2018. Los consejeros presentaron una propuesta para incrementar en 4.5% el monto del dinero total a los partidos, en relación con las elecciones del 2012: 6 mil 788 millones de pesos serán distribuidos entre 10 partidos políticos (el PRI recibirá mil 689 mdp, el PAN mil 281 mdp y PRD 773 mdp) porque así está establecido en la “fórmula” constitucional para la distribución de los recursos.
Sin embargo, el verdadero escándalo y las críticas al INE se han concentrado en esta semana por el incremento en 25% de los recursos para la burocracia electoral, bajo el argumento de que la inflación y el “alza del dólar” llevaron a pedir una friolera de 25 mil millones de pesos, de los cuales, 18 mil 256 millones serán para el gasto operativo del organismo y el resto (6 mil 788 millones de pesos) será para los partidos.
El consejero presidente, Lorenzo Córdova, ha afirmado que los 18 mil 256 millones de pesos se deben a que en 2018 votarán 10 millones más de mexicanos, habrá un mayor gasto en credencialización y otras justificaciones.
El problema con la burocracia dorada del INE es que no entienden que hay un déficit de credibilidad y de confianza en el organismo y esto provoca una profunda indignación en la ciudadanía.
En todo caso, lo importante será no atrincherarse en el argumento de que “es legal” porque así lo establecieron los partidos políticos en la reforma electoral del 2014. Kumamoto y los legisladores de Jalisco demostraron que sí se puede replantear este modelo de elecciones carísimas, con partidos ricos y una pobre democracia.
Fuente: Homozapping
