Las redes sociales en México se convirtieron en un factor de presión ya no sólo para el gobierno federal sino también para los monopolios mediáticos que cada vez son más atacados por esta vía, concluyeron analistas y activistas cibernéticos.
El diario estadounidense The Wall Street Journal publicó esta semana cómo varios grupos organizados a través de twitter lograron que la discusión de la Ley de Telecomunicaciones, a través de la cual se buscaba “censurar” Internet en asuntos considerados como de “seguridad nacional”, lograron que el debate en el Legislativo se pospusiera hasta el mes de junio.
Varios grupos de usuarios de Internet y activistas se volcaron a las redes sociales en días recientes para protestar contra el mandatario y su propuesta.
El lunes, el hashtag “#EPNvsInternet” se convirtió en tendencia global en Twitter, TWTR -7.16 por ciento con más de 400 mil menciones y con un alcance de más de 58 millones de usuarios, de acuerdo con una aplicación que rastrea los temas que marcan tendencia en el sitio de microblogueo.
Organizaciones civiles que defienden la libertad de expresión, como Internet para todos y Artículo 19, y usuarios de Internet populares en México han rechazado el proyecto de ley, por lo que varios cientos de manifestantes se concentraron para protestar el martes frente al edificio del Senado, lo que derivó en un enfrentamiento con policías de la capital.
El gobierno niega que el proyecto de ley de telecomunicaciones viole la privacidad de los usuarios de Internet.
En una reciente entrevista, el subsecretario de Comunicaciones, José Ignacio Peralta, dice que es necesario que el gobierno tenga algún poder para fines de seguridad nacional y para prevenir el delito cibernético.
Según el rotativo estadounidense, algunos analistas dicen que las protestas son un signo del pluralismo de la joven democracia de México, que se abrió a la competencia política a finales de 1990 después de casi siete décadas de gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Con Peña Nieto, el PRI regresó a la presidencia en 2012 después de 12 años en la oposición, pero muchos en México se mantienen en alerta ante ese partido.
“Este debate está mostrando el gran progreso democrático de México en los últimos años”, dije Soledad Loaeza, una politóloga de El Colegio de México. “Pero también nos recuerda que aún hay muchos mexicanos que desconfían del PRI como un partido verdaderamente democrático”.
El martes, la Comisión de Comunicaciones del Senado eliminó del proyecto la cláusula que obligaba a las empresas de telecomunicaciones a proveer la ubicación geográfica de los usuarios cuando los servicios de inteligencia lo pidiesen, como proponía Peña Nieto.
Las autoridades tampoco podrán bloquear temporalmente las señales de telecomunicaciones en eventos o lugares que crean que ponen en riesgo la seguridad nacional.
El Frente Popular por la Comunicación Democrática, integrado por el Senador panista Javier Corral y el perredista Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, realizaron ayer una “cadena humana” desde Los Pinos hastaTelevisa Chapultepec en protesta por la iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión del Presidente Enrique Peña Nieto.
El proyecto del Senado también establece que el nuevo regulador independiente de telecomunicaciones tendrá la autoridad para supervisar los contenidos de televisión en coordinación con la Secretaría de Gobernación. En la propuesta de Peña Nieto, esos poderes se concentraban en la Secretaría de Gobernación.
Algunas modificaciones también afectan los intereses de América Móvil, AMX.MX +0.54% el gigante de telecomunicaciones propiedad del magnate Carlos Slim. La empresa tendrá que eliminar los cargos de llamadas de larga distancia nacional en un año en lugar de los tres años propuestos por la Presidencia.
El proyecto de ley mantiene la obligación de que América Móvil permita completar sin cargos las llamadas desde redes de la competencia, una demanda que desde hace meses habían expresado distintos sectores.
El proyecto de Peña Nieto, que establece la implementación de la reforma de las telecomunicaciones aprobada el año pasado, ha recibido críticas desde distintos frentes. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), cuya evaluación de las telecomunicaciones en México de 2012 fue una inspiración clave para las reformas, dijo que la nueva iniciativa tiene “serias deficiencias”.
La OCDE también criticó su ambigüedad en cuanto a la protección de los derechos de los consumidores. El regulador de telecomunicaciones también criticó el plan por ser demasiado rígido e invasivo de las responsabilidades que la Constitución atribuye a ese organismo.
De acuerdo con el diario, las redes sociales se han convertido desde antes de empezar el gobierno de Peña Nieto en el mejor instrumento para expresar las libertades y organizar movimientos en contra del gobierno, pero también en contra de los medios de comunicación oficialistas o de aquellas empresas de telecomunicaciones monopólicas, como el caso de las que son propiedad del magnate Carlos Slim, dueño de América Móvil.
El rotativo también recordó el caso del #Yosoy132, un movimiento de jóvenes en las redes sociales que criticó a Peña Nieto durante la campaña presidencial de 2012 y que después extendió sus protestas hacia medios de comunicación como Televisa.
Fuente: Sin Embargo
