Cómo se protege Washington a sí mismo y al sector corporativo
Por Noam Chomsky/ Tom Dispatch
La cuestión de cómo se define la política exterior es crucial en el mundo de los negocios. En los siguientes comentarios solo propondré algunas pistas sobre cómo pienso que se debería analizar provechosamente el tema, limitándome a Estados Unidos por varias razones. En primer lugar porque la significación y el impacto de EEUU es inigualable. En segundo término, se trata de una sociedad inusualmente abierta, posiblemente la única en su género, lo que implica que conozcamos mucho acerca de ella. Finalmente, porque es claramente lo más importante para los estadounidenses, que pueden influir en las decisiones políticas de su país –y ciertamente también para otras personas en la medida que sus acciones pueden influir en estas decisiones–. Sin embargo, los principios generales se extienden a otras potencias y aun más allá.
Existe una “versión estándar comúnmente aceptada” que es común a la enseñanza académica, a los pronunciamientos del gobierno y al discurso público. Sostiene que la primera responsabilidad del gobierno es garantizar la seguridad y la principal preocupación de EEUU y sus aliados desde 1945 fue la amenaza rusa.
Hay varias maneras de evaluar la doctrina. Lo obvio es interrogarse: ¿Qué pasó cuando desapareció la amenaza rusa en 1989? Respuesta: en gran parte, todo siguió igual que antes.
Estados Unidos invadió inmediatamente Panamá, mató probablemente a miles de personas e instaló un régimen cliente. Era una práctica rutinaria en los dominios de EEUU, pero en este caso no fue tan rutinaria. Por primera vez una acción importante de política exterior no se justificaba con una supuesta amenaza rusa.
En vez de ello, se urdió una serie de falsos pretextos para realizar la invasión que no soportaron el menor análisis. Los medios de comunicación se inmiscuyeron entusiasmados y elogiaron el extraordinario logro de derrotar a Panamá, sin considerar que los pretextos eran absurdo, que el acto en sí mismo era una violación radical del derecho internacional y que fue condenado implacablemente en todas partes; más aún en América Latina. También se ignoró el veto estadounidense a una resolución unánime del Consejo de Seguridad –con la única abstención de Gran Bretaña– que condenaba los crímenes de las tropas estadounidenses durante la invasión,.
Todo rutinario. Y todo olvidado (lo que también es rutinario).
Desde El Salvador hasta la frontera rusa
El gobierno de George W Bush formuló una nueva política de seguridad y un nuevo presupuesto de defensa como reacción al colapso del enemigo planetario. Eran bastante similares a los anteriores, aunque con nuevos pretextos. Era –resultó ser– necesario mantener un aparato militar casi tan grande como el del resto del mundo y mucho más avanzado en sofisticación tecnológica, pero no para defenderse contra la ya inexistente Unión Soviética. La excusa ahora era la creciente “sofisticación tecnológica” de las potencias del Tercer Mundo. Disciplinados intelectuales comprendieron que habría sido incorrecto sumirse en el ridículo, así que mantuvieron un silencio adecuado.
Estados Unidos, insistían los nuevos programas, debía mantener su “industria básica de defensa”. La frase es un eufemismo referido a la industria de alta tecnología en general, que requiere una gran inversión estatal para la investigación y el desarrollo, a menudo con cobertura del Pentágono, en eso que los economistas llaman “la economía de libre mercado”
Una de las disposiciones más interesantes de los nuevos planes tenía que ver con Oriente Medio. Allí, Washington debía mantener fuerzas de intervención apuntando a una región crucial en la que los mayores problemas “no podían dejarse a las puertas del Kremlin”. Contrariamente a 50 años de mentiras, se reconocía discretamente que el problema principal no eran los rusos sino el llamado “nacionalismo radical”, esto es, el nacionalismo independiente fuera del control de EEUU.
Todo esto tiene una importancia evidente en la versión estándar, pero pasó desapercibido o, quizás habría que decir, por lo tanto pasó desapercibido.
Otros acontecimientos importantes se produjeron inmediatamente después de la caída del Muro de Berlín, al final de la Guerra Fría. Uno fue en El Salvador, el principal destinatario de la ayuda militar estadounidense –aparte de Israel y Egipto, una categoría especial– y una de las peores marcas mundiales en lo que a derechos humanos se refiere. Es habitual que ambos aspectos estén estrechamente relacionados.
El alto mando militar salvadoreño ordenó a la brigada Atlacatl que invadiera la Universidad Jesuita y asesinara a seis intelectuales latinoamericanos de primera línea, todos ellos sacerdotes jesuitas, incluyendo a su rector, fray Ignacio Ellacuria, y a cualquier testigo, es decir, el ama de llaves y su hija. La brigada acababa de regresar de un periodo de entrenamiento avanzado de contrainsurgencia en Fort Bragg, North Carolina, el Centro y Escuela Especial de Guerra John F. Kennedy del Ejército de Estados Unidos y ya había dejado un sangriento rastro de miles de víctimas en el curso de la operación de terrorismo de estado en El Salvador conducida por EEUU, parte de una campaña más amplia de terror y tortura en toda la región. Todo rutinario. Ignorada y virtualmente olvidada en Estados Unidos y sus aliados; otra vez, todo rutinario. Pero, si tenemos el cuidado de mirar el mundo real, este nos cuenta mucho acerca de los factores que motivan la política.
Otro acontecimiento importante tuvo lugar en Europa. El presidente soviético Mihail Gorbachev acordó permitir la reunificación de Alemania y su integración en la OTAN, una alianza militar hostil. A la luz de la historia reciente, esta fue una concesión de lo más sorprendente. Se trataba de un quid pro quo . El presidente Bush y su secretario de Estado James Baker convinieron que la OTAN no se expandiría “ni una pulgada hacia el Este”, es decir, Alemania Oriental. Instantáneamente, se amplió para incluir a Alemania Oriental.
Naturalmente, Gorbachev se indignó, pero cuando protestó por el hecho, Washington le explicó que solo había sido una promesa verbal, un acuerdo de caballeros, por lo tanto sin fuerza real. Si él era tan ingenuo como para dar por buena la palabra de los líderes estadounidenses, era su problema.
Todo esto, también, era rutinario. Como lo fue la callada aceptación y aprobación de la expansión de la OTAN en Estados Unidos y en general en Occidente. Más tarde, el presidente Hill Clinton amplió aún más la OTAN, hasta la misma frontera rusa. Hoy día, el mundo enfrenta una seria crisis que en gran parte es el resultado de aquellas políticas.
Llamado al saqueo de los pobres
Otra fuente de pruebas es la desclasificación de documentación histórica, que contiene datos reveladores de las motivaciones reales de la política del estado. La historia es rica y compleja, pero hay unos pocos temas recurrentes que desempeñan un papel dominante. Uno de ellos fue articulado claramente en la conferencia del hemisferio occidental que tuvo lugar en México en febrero de 1945 por iniciativa de EEUU; en esta conferencia, Washington impuso una “Carta Económica de las Américas” diseñada para eliminar el proteccionismo económico “en todas sus formas”. Había en ella una cláusula no explícita. El proteccionismo económico sería bueno para Estados Unidos, cuya economía descansa marcadamente en la enorme intervención estatal.
La eliminación del proteccionismo económico para los demás países entró en abierto conflicto con la posición de América latina en ese momento, una posición descrita por los funcionarios del Departamento de Estado como “la filosofía de un Nuevo Nacionalismo que incluye políticas diseñadas para lograr una mayor distribución de la riqueza y elevar el nivel de vida de las masas”. Tal como añadieron analistas de la política estadounidense, “los latinoamericanos están convencidos de que los primeros beneficiarios del desarrollo de los recursos de un país debía ser el propio pueblo de ese país”.
Esto, por supuesto, no era viable. Washington entendía que los “primeros beneficiarios” debían ser los inversores estadounidenses y que el papel de Latinoamérica era cumplir su función de servicio. No habría –tanto la administración Truman como la de Eisenhower lo dejaron bien en claro– un “excesivo desarrollo industrial” que pudiera poner en cuestión los intereses de EEUU. Así, Brasil podría producir acero de baja calidad y las corporaciones estadounidenses no se preocuparían por eso, pero sería “excesivo” que intentara competir con las firmas siderúrgicas de EEUU.
Inquietudes similares resonaron durante todo el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. El sistema global que debía ser dominado por Estados Unidos estaba amenazado por lo que documentos internos llamaban “regímenes nacionalistas y revolucionarios” que respondían a presiones populares en pro de un desarrollo independiente. Fue esta preocupación la que motivó el derrocamiento de los gobiernos parlamentarios de Irán (1953) y Guatemala (1954), al igual que muchos otros. En el caso de Irán, la principal intranquilidad estaba centrada en el impacto de la independencia iraní en Egipto, donde por entonces había mucha agitación contra el colonialismo británico. En Guatemala, aparte del crimen cometido por la recién estrenada democracia cuando otorgó poderes a la mayoría campesina y violó las plantaciones de la United Fruit Company –demasiado insultante ya–, las inquietudes de Washington eran el descontento entre los trabajadores y la movilización popular en las dictaduras vecinas respaldadas por EEUU.
En ambos países, las consecuencias llagan hasta nuestros días. Desde 1953, prácticamente no ha pasado un día en el que Estados Unidos no haya estado atormentando al pueblo iraní. Guatemala continúa siendo una de las peores cámaras del horror del mundo. Hasta hoy, los mayas siguen huyendo de las tierras altas debido a las campañas militares cuasi genocidas implementadas por el gobierno y respaldadas ya por el presidente Ronald Reagan y sus principales colaboradores. Según informaba recientemente un médico guatemalteco, director de Oxfam en el país, “Estamos viviendo un dramático deterioro del contexto político, social y económico. Los ataques contra los defensores de los Derechos Humanos se han multiplicado por tres en el último año. Está clara la existencia de una estrategia muy bien organizada por el sector privado y el Ejército, Entre unos y otros tienen preso al gobierno para mantener el statu quo e imponer el modelo económico extractivista, expulsando de sus tierras a las comunidades indígenas en beneficio de la industria minera, la explotación del aceite de palma y las plantaciones de caña de azúcar. Además, se ha criminalizado a los movimientos sociales que trabajan en defensa de la tierra y los derechos ancestrales, numerosos líderes están en la cárcel y muchos otros han sido asesinados”.
Nada de esto se sabe dentro de Estados Unidos, y la muy obvia causa última de tanta desgracia sigue siendo ignorada.
En los cincuenta, el presidente Eisenhower y el secretario de Estado John Foster Dulles explicaron con bastante claridad el dilema en el que se encontraba Estados Unidos. Se quejaban de que los comunistas gozaban de una injusta ventaja, porque podían “dirigirse directamente a las masas” y “conseguir el control de los movimientos de masas, algo que nosotros no somos capaces de imitar. Apelan a la gente pobre, y la gente pobre siempre ha querido robar a los ricos”.
Esa es la causa de todos los problemas. En cierto modo, EEUU tiene dificultades para hacer llegar a los pobres su doctrina que dice que los ricos deben robar a los pobres.
El ejemplo cubano
Un ejemplo ilustrativo de la pauta general ha sido Cuba, cuando en 1959 consiguió por fin independizarse. En cuestión de meses comenzaron los ataques militares a la isla. Y muy pronto, la administración Einsenhower decidió –secretamente– derrocar al gobierno cubano. Después, John F. Kennedy, quien tenía la intención de dedicar más atención a América latina, llegó a la presidencia de Estados Unidos; así, cuando asumió su cargo, creó un grupo de estudio encabezado por el historiador Arthur Schlesinger. La misión del grupo era proyectar políticas latinoamericanas. Schlesinger se ocupaba de resumir las conclusiones para el nuevo presidente.
Como él mismo lo explicó, la amenaza de una Cuba independiente consistía en “la idea que Castro tenía de que cada uno se hiciera cargo de las cosas con sus propias manos”. Era una idea que por desgracia estaba dirigida a toda la población de América latina, donde “la distribución de la tierra y otros aspectos de la riqueza de cada país favorecía sobre todo a las clases propietarias, mientras que los pobres y desfavorecidos, estimulados por el ejemplo de la revolución cubana, están ahora exigiendo la posibilidad de una vida decente”. Otra vez el acostumbrado dilema de Washington.
Tal como exponía la CIA, “la gran influencia del ‘castrismo’ no tiene nada que ver con el gobierno cubano… la sombra de Castro domina debido a que las condiciones sociales y económicas en toda la América latina propician la oposición a la autoridad de la clase dirigente y animan la agitación en pro de un cambio radical”; Cuba solo aporta un modelo. Kennedy temía que la ayuda rusa podía convertir a Cuba en un “escaparate” de un modelo de desarrollo que diera a los soviéticos la posibilidad de ejercer su influencia en toda Latinoamérica.
El Consejo de Planificación Política del Departamento de Estado advirtió de que “el principal peligro que vemos en Castro… es el impacto que la mera existencia de su régimen tiene sobre los movimientos izquierdistas en muchos de los países latinoamericanos… Sencillamente, el hecho es que Castro representa un exitoso desafío a Estados Unidos, la negación de la totalidad de nuestra política hemisférica de prácticamente el último siglo y medio”, es decir, desde la formulación de la Doctrina Monroe (1823), cuando EEUU hizo pública su intención de dominación continental.
En ese momento, el objetivo inmediato era la conquista de Cuba, pero eso todavía no se pudo conseguir debido al poder del oponente británico. Aun así, el gran estratega John Quincy Adams, padre intelectual de la Doctrina Monroe y del Destino Manifiesto, informó a sus colegas de que con el tiempo Cuba “caerá en nuestras manos” en razón de “las leyes de la gravitación política”, como cae la manzana del árbol. En suma, crecería el poder de Estados Unidos y declinaría el de los británicos.
En 1898, el pronóstico de Adams se convirtió en realidad. Estados Unidos –disfrazado de liberador– invadió Cuba. De hecho, se adelantó a la independencia de Cuba respecto de España y la convirtió, citando a los historiadores Ernest May y Philip Zelikow, en una “colonia virtual”. Cuba continuó en esta situación hasta enero de 1959, cuando consiguió su independencia. A partir de ese momento, la isla ha estado sujeta a la más importante de las guerras terroristas de EEUU –sobre todo durante la administración Kennedy– y al bloqueo económico. No por los rusos.
La excusa durante todo ese tiempo fue que estábamos defendiéndonos de la amenaza rusa; una explicación absurda que nunca fue cuestionada. La prueba más sencilla de lo absurdo de la excusa se produjo cuando desapareció cualquier amenaza imaginable por parte de los rusos. Encabezada por los liberales demócratas –incluso con Bill Clinton, que aventajó al derechista Bush en la elección de 1992–, la política estadounidense en relación con Cuba se endureció aún más. A la vista de lo que pasó, esos acontecimientos deberían haber afectado la validez del marco doctrinal en las discusiones sobre la política exterior estadounidense y los factores que la motivan. Sin embargo, una vez más, su repercusión fue mínima.
El virus del nacionalismo
Tomando prestada la terminología de Henry Kissinger, el nacionalismo independiente es un “virus” que puede ser “contagioso”. Kissinger se refería al Chile de Salvador Allende. El virus era la idea de lo que podía ser el camino parlamentario hacia cierto tipo de socialismo democrático. El procedimiento para combatir esa amenaza consiste en la destrucción del virus y la vacunación de aquellos que podrían estar infectados, típicamente mediante la imposición de sistemas nacionales de seguridad basados en el asesinato. Esto se consiguió en Chile, pero lo importante es reconocer que el procedimiento es de aplicación global.
Ese era, por ejemplo, el razonamiento que estaba detrás de la decisión de oponerse al nacionalismo de Vietnam en los primeros años cincuenta y ayudar a Francia en su esfuerzo de reconquista de la antigua colonia. Se temía que el nacionalismo de un Vietnam independiente pudiera ser un virus que contagiara a todos los países vecinos de la región, incluyendo Indonesia, tan rica en recursos. Esta deriva podía incluso llevar a que Japón –en la dinámica que el estudioso de Asia John Dower llamó “efecto dominó”– se convirtiera en el centro industrial y comercial de un nuevo orden independiente del tipo “Japón imperial” que este país tan recientemente intentó establecer. Esto, a su vez, hubiera significado que EEUU habría perdido la guerra del Pacífico, una alternativa fuera de toda consideración en 1950. El remedio era claro, y en buena parte funcionó. Vietnam fue prácticamente destruido y rodeado de dictaduras militares que contienen cualquier contagio.
Retrospectivamente, McGeorge Bundy, asesor sobre seguridad nacional de Kennedy y Johnson reflexionaba acerca de que Washington debería haber terminado la Guerra de Vietnam en 1965, cuando en Indonesia se instaló la dictadura de Suharto, con enormes matanzas que la CIA comparó con las realizadas por orden de Hitler, Stalin o Mao. Estas matanzas, sin embargo, fueron recibidas con incontenible entusiasmo por EEUU y Occidente, sobre todo porque el “espantoso baño de sangre”, que fue como la prensa lo describió alegremente, acabó con cualquier amenaza de contagio y abrió la puerta de la explotación occidental de los ricos recursos de Indonesia. Después de eso, la guerra de destrucción en Vietnam ya no era necesaria, reconocía Bundy.
Lo mismo fue verdad también en América latina en los mismos años: un virus tras otro fue atacado ferozmente, destruyéndolo o debilitándolo hasta el punto de la mera supervivencia. Desde los primeros años sesenta, América del Sur –con un largo historial de violencia– fue acosado por la represión con una saña nunca vista. En los ochenta, con Ronald Reagan, la represión se extendió a Centroamérica; este es un tema que no necesita ser recordado.
Mucho de lo mismo sucedió el Oriente Medio. La relación especial entre Estados Unidos e Israel se estableció en la forma que hoy conocemos en 1967, cuando Israel desencadenó un golpe demoledor contra Egipto, el centro del nacionalismo secular árabe. Mediante esta operación, se protegió a Arabia Saudita –aliado de EEUU– a la sazón enzarzada en un conflicto bélico con Egipto en territorio de Yemen. Desde luego, Arabia Saudita es el estado más extremo en su radical fundamentalismo islámico, pero también un estado misionero que gasta enormes sumas de dinero para expandir su doctrina wahabita-salafista más allá de sus fronteras. Vale la pena recordar que Estados Unidos, al igual que antes Inglaterra, ha tendido a apoyar al fundamentalismo islámico radical en oposición al nacionalismo laico cuyas posiciones, por lo general, han sido percibidas como más cercanas a una amenaza de independencia y contagio.
El valor del secretismo
Hay aún mucho más, pero la historia demuestra muy claramente que la doctrina estándar tiene escaso mérito. La seguridad, en su significado normal, no es un factor determinante en la formulación de las políticas.
Insistimos, en su significado normal . Pero si evaluamos la doctrina estándar, la pregunta que surge es: ¿qué significa en realidad “seguridad”; seguridad para quién?
Una respuesta es: seguridad para el poder estatal. Hay muchos ejemplos ilustrativos. He aquí uno actual: en mayo pasado, Estados Unidos acordó apoyar una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que la Corte Internacional Penal investigara los crímenes de guerra perpetrados en Siria, pero con una condición: no se harían preguntas sobre posibles crímenes de guerra cometidos por Israel. Ni por Washington, aunque en realidad era innecesario agregar esta última condición. EEUU está excepcionalmente autoinmunizado en el sistema legal internacional. De hecho, hay incluso una ley del Congreso que autoriza al presidente al uso de la fuerza armada para “rescatar” a cualquier estadounidense que sea llevado a proceso en La Haya: la “Ley de Invasión de los Países Bajos”, como es llamada algunas veces en Europa. Este ejemplo, una vez más, muestra la importancia que tiene la protección de la seguridad del poder del Estado.
Pero, ¿protegerlo de quién? De hecho, la principal preocupación del gobierno es la seguridad del poder estatal en relación con la población. Como deben haber advertido aquellos que dedican mucho tiempo a hurgar en archivos, raramente el secretismo del gobierno está motivado por una necesidad genuina de seguridad; no hay la menor duda que el secretismo del estado sirve para mantener a la población en la oscuridad. Y por buenas razones, que fueron explicadas con lucidez por el eminente estudioso y asesor gubernamental Samuel Huntington, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Harvard. Según él “Los arquitectos del poder de Estados Unidos deben crear una fuerza que pueda ser sentida pero no vista. El poder es fuerte en la medida que permanezca en la oscuridad; expuesto a la luz, comienza a evaporarse”.
Huntington también escribió esto en 1981, cuando la Guerra Fría estaba calentándose otra vez; explicó que “tú tienes que vender [una intervención militar u otra operación]de modo de hacer creer que estás combatiendo a la Unión Soviética. Esto es lo que EEUU ha venido haciendo desde que se formuló la doctrina Truman”.
Estas verdades tan sencillas son raramente reconocidas, pero ayudan a comprender los intríngulis del poder y la política del Estado, con todas las reverberaciones que esta comprensión pueda tener en lo que pasa en la actualidad.
El poder estatal debe estar protegido del enemigo doméstico; en agudo contraste; la población no está protegida del poder estatal. Un asombroso ejemplo que ilustra esto es el ataque radical de la administración contra la Constitución con su programa de vigilancia total. Naturalmente, su justificación es la “seguridad nacional”. Esto es pura rutina para prácticamente todos los actos de gobierno lo son, y esto implica escasa información.
Cuando el programa de vigilancia de la NSA fue expuesto a la luz por las revelaciones de Edward Snowden, los altos funcionarios reivindicaron que gracias a esa vigilancia se habían podido evitar 54 acciones terroristas. Cuando se investigó, resultaron ser apenas una docena. Una comisión de investigación de alto nivel del gobierno terminó descubriendo que en realidad solo se había evitado uno: alguien había girado 8.500 dólares a Somalia. Ese fue en resultado total del enorme ataque a la Constitución y, por supuesto, otros en el mundo.
La actitud británica es interesante: en 2007, el gobierno de Londres acudió a la gigantesca agencia de espionaje de Washington para que “analizara y guardara los datos de números de teléfono móvil, fax, correos electrónicos y direcciones IP de todos los ciudadanos británicos”, informó The Guardian . Este es un indicio útil sobre la relativa significación –para los ojos del gobierno– de la privacidad de sus propios ciudadanos y de las exigencias de Washington.
Otra preocupación es la seguridad del poder privado. Un ejemplo actual son los grandes acuerdos comerciales que se negocian en estos momentos: los pactos Transpacíficos y Transatlánticos. Estas negociaciones son secretas, pero no completamente secretas. No lo son para los cientos de abogados de las corporaciones que están diseñando el detalle de las cláusulas. No es difícil imaginar cuáles serán los resultados; las pocas filtraciones conocidas sugieren que las expectativas son acertadas. Al igual que el NAFTA y otros pactos por el estilo, no se trata de acuerdos de libre comercio. De hecho, ni siquiera son acuerdos comerciales, sino fundamentalmente acuerdos sobre derechos de los inversores.
Una vez más, el secretismo es de vital importancia para proteger al electorado nacional del gobierno involucrado: el sector corporativo.
¿El último siglo de la civilización?
Hay más ejemplos –demasiados– que se pueden mencionar, hechos que, en una sociedad libre, deberían enseñarse en la escuela primaria.
En otras palabras, hay muchas pruebas que demuestran que la protección el poder estatal de sus propios ciudadanos y la protección del poder económico concentrado son las fuerzas que impulsan la formulación de la política. Por supuesto, la cosa no es tan sencilla. Hay casos interesantes, algunos bastante actuales en los que esos compromisos entran en conflicto. Pero consideremos esta idea como una buena primera aproximación, una idea radicalmente opuesta a la doctrina estándar explícita.
Veamos otra cuestión: ¿qué se puede decir de la seguridad de la población? Es fácil demostrar que este asunto es una preocupación marginal de los planificadores políticos. Tomemos dos ejemplos prominentes y muy actuales: el calentamiento global y el arsenal nuclear. No hay duda de que cualquier persona instruida es consciente de que estas dos cuestiones son una grave amenaza para la seguridad del pueblo. Si regresamos a la política estatal, vemos que el compromiso es hacer crecer cada día más ambas amenazas y que las preocupaciones prioritarias del poder, tanto en su vertiente estatal como en la de la economía privada y concentrada, son en gran parte las que determinan la política estatal.
Consideremos el calentamiento del planeta. Hoy día, en Estados Unidos, reina la euforia alrededor de los “100 años de independencia energética” según nos convertimos en “la Arabia Saudita de la próxima centuria”, tal vez la última de la civilización si persisten las actuales políticas.
La cuestión del cambio climático ilustra muy claramente la naturaleza de la preocupación por la seguridad que, ciertamente, no es la de la población. También ilustra sobre la inmoralidad del cálculo del capitalismo estatal anglo-estadounidense de estos días. La suerte de nuestros nietos no cuenta en absoluto en comparación con el imperativo del mayor beneficio económico inmediato.
Estas conclusiones se fortalecen cuando miramos de cerca la propaganda del sistema. En Estados Unidos, está hoy en curso una enorme campaña de relaciones públicas organizada bastante abiertamente por las más grandes empresas del sector de la energía y el mundo de los negocios para tratar de convencer al público de que el calentamiento global es, o bien irreal o bien no tiene que ver con la actividad humana. Y esta campaña está teniendo cierto impacto. Estados Unidos está entre los países menos alarmados del mundo en relación con el cambio climático, y las cifras muestran una clara estratificación: los adherentes del Partido Republicano, el más implicado directamente con los intereses del dinero y el poder corporativo, son los que están más lejos –por debajo– de la media mundial.
En el último número de la principal publicación de los medios críticos, la revista Columbia Journalism Review , salió un interesante artículo sobre este tema, que atribuye esta campaña al criterio informativo de “imparcialidad y equilibrio”. Según este criterio, si un medio publica una nota que refleja las conclusiones del 97 por ciento de los científicos, también debe publicarse una nota que exprese los puntos de vista de las corporaciones que están en el negocio de la energía.
Por supuesto, esto es lo que ocurre pero no se trata de una cuestión de “imparcialidad y equilibrio”. Así, si un diario publica una nota de opinión que denuncia al presidente Vladimir Putin por la acción criminal de la apropiación de Crimea no por eso tiene la obligación de publicar una nota que señale que, aunque la acción es ciertamente condenable, Rusia estaba habilitada para ello porque más de un siglo antes Estados Unidos se había hecho con una porción importante del sureste de Cuba, incluyendo el puerto más importante del país, y rechazado el reclamo de restitución que este país viene haciendo desde su independencia. Y lo mismo para muchos otros casos similares. El criterio de “imparcialidad y equilibrio” solo funciona cuando están implicados los intereses del poder económico concentrado, pero no en otras situaciones.
En el tema del arsenal nuclear, la historia es igualmente interesante… y aterradora. Revela muy claramente que, desde el principio, la seguridad de la población no era tenida en cuenta, y continúa siendo así. No podemos ocuparnos ahora de esta estremecedora cuestión, pero hay pocas dudas de lo que está detrás de las lamentaciones del general Lee Butler, el último jefe del Comando Aéreo Estratégico, dotado de armas nucleares. Según sus propias palabras, hasta ahora hemos sobrevivido a la era nuclear por “una combinación de habilidad, suerte y divina providencia; yo sospecho que gracias a la última, en su mayor parte”. A falta de otra cosa, podemos contar con la continuidad de la ayuda divina en la medida que los responsables de la formulación política juegan a la ruleta con el destino de todas las especies vivas en la prosecución de sus objetivos políticos.
Seguramente somos conscientes de que actualmente nos enfrentamos con las decisiones más aciagas de la historia humana. Hay muchos problemas que merecen nuestra atención, pero dos de ellos son de significación abrumadora: la destrucción del medio ambiente y la guerra nuclear. Por primera vez en la historia, estamos frente a la contingencia de destruir las bases materiales de una existencia decente, y no precisamente en un futuro lejano. Solo por esta razón, es imperativo barrer lejos las nubes ideológicas y enfrentar con honestidad y realismo la cuestión de cómo se llega a las decisiones políticas y qué podemos hacer nosotros para modificarlas antes de que sea demasiado tarde.
* Noam Chomsky es profesor emérito del Departamento de Lingüística y Filosofía del Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT). Entre sus libros más recientes están Hegemony or Survival, Failed States, Power Systems, Occupy y Hopes and Prospects. Su último libro, Masters of Mankind, será publicado próximamente por Haymarket Books, que también proyecta reeditar 12 de sus clásicos el año que viene. Su sitio web es www.chomsky.info.
Fuente: http://www.tomdispatch.com/blog/175863/
Traducción del inglés para Rebelión de Susana Merino y Carlos Riba García
