(Sobre la entrega-recepción)
No hay día en la que nuevos elementos disturbadores, de la ya muy larga transición gubernamental, se presenten y que evidencian la profunda crisis de credibilidad de la actual administración.
Ahora, nuevamente los choferes del Vive Bus y de las ruinas alimentadoras de la ciudad de Chihuahua pararon ayer debido, se dijo en un primer momento, debido a que no les pagaron los salarios de la semana, y más tarde a la carencia de diesel, hecho que motivó, naturalmente, la ira popular.
“Nos dijeron que le hiciéramos como quisiéramos, queremos que la gente sepa que no es nuestra decisión, porque tampoco hay dinero para diesel. Jorge, El Rojo, Meraz, líder de los choferes”.
Increíble.
Además, un nuevo grupo de abogados buscó un nuevo amparo contra la bursatilización, que deberá resolver el juez Cuarto de Distrito, con sede en Juárez, en el curso de las próximas horas.
Pero un asunto sobre el que, conforme se acercan las fechas en que deberá terminar el gobierno de César Duarte, crecen los rumores y las especulaciones del modo en que entregará la administración. Aspecto central de las especulaciones lo ocupa la pregunta, hasta morbosa, acerca del modo en que lo hará y, en el clímax, si se saludarían en el acto de toma de posesión.
Algunos medios de comunicación se han hecho eco de tales preocupaciones. En el colmo publican informaciones en el sentido que el Congreso del Estado “ya se preparan los últimos detalles” para la recepción del último informe del gobernador.
Deberemos precisar que la toma de posesión y la presentación del último informe del ballezano son dos actos totalmente distintos y que podría generarse alguna confusión sobre la simultaneidad de ellos, sobre todo porque, ante la determinación de hacer coincidir la elección del gobernador de Chihuahua con la elección de los diputados federales de mitad de sexenio, a partir del 2021 los gobernadores de Chihuahua tomarán posesión el 8 de septiembre, en lugar de lo ahora vigente, el 4 de octubre.
A su vez, el mandatario tiene la obligación de presentar los informes a la apertura del primer período ordinario de sesiones, salvo el último en el que, a partir de una reforma impulsada por Patricio Martínez, tiene la opción de presentarlo “el primer viernes de septiembre”, y de ninguna manera cuando el gobernante decida.
Esto dice el texto constitucional de Chihuahua:
“Artículo 55. A la apertura del primer período ordinario de sesiones concurrirá el Gobernador del Estado, quien presentará un informe por escrito en que manifieste el estado que guarda la administración pública. Si el Gobernador le da lectura, el Presidente del Congreso le contestará en términos generales y un representante de cada grupo parlamentario podrá hacer comentarios generales en torno al mismo una vez rendido aquél y dentro de la misma sesión. El desarrollo de la intervención de dichos representantes se regulará en la ley orgánica del Congreso.
Tratándose del último año de su gestión, el Gobernador podrá rendir por escrito el informe del estado que guarda la administración pública, el primer viernes del mes de septiembre, cumpliendo las formalidades previstas para tal efecto en el artículo 51 de esta Constitución”.
La inquietud societaria, en todo caso, se ubicaría en saber si por segunda ocasión en su mandato, César Duarte y la legislatura correspondiente, se atendrán a lo preceptuado en la Constitución, citado líneas arriba.
Con la excepción del año anterior, debido a la lesión de la columna vertebral sufrida en el accidente del helicóptero, César Duarte envió al Secretario General de Gobierno, Mario Trevizo, a presentar ante el Congreso del Estado el informe escrito del “estado que guarda la administración pública”, porque en los anteriores el mandatario había hablado en la sesión del Congreso, lo que motivaba a que lo hiciera de acuerdo con lo que marca la ley: El tendría que hablar antes que los diputados, y luego un representante de cada uno de los grupos parlamentarios para hacer comentarios sobre el informe del gobernante.
No fue así en ningún caso y tal parece que se preparan para hacer una cosa semejante, lo que no se debería ocurrir para que el acto se ajuste a la ley.
Y si decide no hablar, basta con presentar el informe escrito, habrá cumplido y contribuiría a la necesaria distensión en la transición gubernamental; cosa necesaria, no porque se arríen las banderas, sino porque, por lo menos, se construya el ambiente adecuado para que funcionarios de los primeros niveles de gobierno y sus contrapartes del gobierno entrante puedan efectuar el proceso de entrega-recepción en los mejores términos.
Del mismo modo, la ley no establece la obligación de que el gobernador saliente asista a la ceremonia de toma de posesión del entrante, y no existe, porque el 4 de octubre César Duarte será, solamente, un ciudadano chihuahuense, su mandato habrá terminado a la media noche del 3 de octubre.
Sí, la ley establece que el nuevo gobernante deberá prestar protesta ese día ante el Congreso del Estado, pero sus obligaciones y facultades habrán iniciado el primer minuto del 4 de octubre.
De ese modo, aparentemente, no habrá ocasión para la fotografía en la que el saliente entrega y el entrante recibe. Igualmente, ni Corral, ni Duarte, están obligados a “salir” en la foto, basta con que sus equipos realicen el proceso para cumplir con la ley.
Otra cosa sería si llegaran al acuerdo de presentarse en un acto público con ese objeto, o de que la nueva legislatura y Duarte lo acordaran, invitarlo a la toma de protesta de Corral, porque ese acto no es del Poder Ejecutivo –y eso deberá rescatarse, la independencia del Poder Legislativo– sino de los diputados, cosa que a lo largo del sexenio no existió, o dicho de mejor manera, llegó a niveles superiores a los anteriores.
Propuesta por Javier Corral, la nueva reforma política para Chihuahua deberá incluir, necesariamente, un profundo cambio en la forma y el contenido de la presentación de los informes de los gobernadores de Chihuahua.
Si bien se dejó atrás la parafernalia del presidencialismo previo, el del régimen del “partido casi único”, el nuevo formato, consistente en la presentación del informe por escrito, le otorga un pesado manto de opacidad al quehacer del gobernante pues no hay forma alguna de que sea cuestionado sobre el informe presentado.
La vida les dio una segunda oportunidad.
En 1992, la mayoría legislativa, conformada por el PAN, aprobó una reforma constitucional de hondo calado; es prácticamente la vigente hasta ahora -con muchos cambios, obviamente-, y en ella, en una clara concesión al entonces gobernador Francisco Barrio, aprobaron el formato del informe del gobernador en los términos actuales.
Le dejaron abierta una puerta para el caso de que decidiera no recibir, de cuerpo presente, los reclamos y críticas de los diputados de oposición.
Nadie quiso cambiarla hasta ahora; en cambio, anualmente, los diputados de oposición y el gobernante en turno, pactaban el modo en que el mandatario presentaría su informe ante el Congreso y luego, ese día, o el siguiente, o los siguientes como en el caso de Reyes Baeza, realizaban fastuosos actos en los que intentaron repetir la parafernalia presidencialista y recibir todos los elogios, con un derroche impresionante, acompañado, pero por supuesto, de largos “besamanos” posteriores a la presentación del informe.
Igual que antes.
Bueno, pues ahí está la oportunidad para cambiar el formato del informe, por uno más acorde a las necesidades de democratización de la vida pública, que podría consistir en la obligación, para el gobernador, de presentar el informe por escrito, o verbal, y regresar días después a debatir con el Congreso lo presentado, así como el de contratar, por la vía que fuera, la transmisión, en vivo, de esa sesión de discusión del informe del gobernante y así contribuir decisivamente al mejoramiento de la vida republicana haciendo a un lado la actual cortesanía, además de los enormes gastos suntuarios realizados con el fin de enaltecer al gobernante en turno.
Gravísimo atentado a la libertad de prensa. Es el cometido por varios agentes ministeriales al agredir a los periodistas Saúl García e Idaly montaña, así como el de intentar borrar el material fotográfico de la cámara de Saúl.
Deberá darse una muy severa sanción a los agentes ministeriales, el mensaje es extraordinariamente preocupante, trataron de impedir la divulgación de información. No se puede permitir, al hacerlo, los funcionarios públicos agredieron a toda la sociedad chihuahuense, de ese tamaño es la dimensión de la labor periodística, intentaron evitar que llegara información a los chihuahuenses.
