Por Jesús Cantú
A pesar de la alternancia en el Poder Ejecutivo y la existencia de nuevas disposiciones constitucionales y legales en materia de telecomunicaciones, la censura presidencial sobre los contenidos que se difunden en los medios de comunicación masiva, particularmente en radio y televisión, sigue vigente. La más reciente y grotesca expresión de esto es el despido de Carmen Aristegui de MVS Radio.
Primero se pensó que la llegada de un presidente postulado por un partido distinto del PRI terminaría con las presiones y represiones en contra de los periodistas, y que finalmente florecería la libertad de expresión en México. Pero lamentablemente muy pronto se derrumbaron dichas expectativas, pues más allá del uso discrecional, arbitrario y clientelar de la publicidad oficial, muy pronto los medios o periodistas “incómodos” sufrieron los atentados del gobierno encabezado por Vicente Fox.
Al principio, se presentó la pasividad cómplice del gobierno para permitir que TV Azteca arrebatara ilegalmente la concesión de Canal 40 a Javier Moreno Valle; después, la negociación secreta con Bernardo Gómez, vicepresidente de Televisa y entonces presidente de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, que condujo al decreto presidencial del 10 de octubre de 2002, reduciendo los tiempos oficiales en radio y televisión, con el consecuente beneficio económico para los concesionarios; y en noviembre de 2004, el Ejecutivo fue la mano que meció la cuna para despedir de Radio Fórmula al hoy fallecido periodista Francisco Huerta.
La llegada de otro panista a Los Pinos, Felipe Calderón, recrudeció los ataques a la libertad de expresión, pues a los pocos días de haber tomado posesión, el periodista José Gutiérrez Vivó denunció que desde la Oficina de Comunicación de la Presidencia de la República le advirtieron que estaba castigado hasta que demostrara un buen comportamiento. Finalmente perdió el espacio que tenía en el cuadrante radiofónico. En enero de 2008, bajo el pretexto de que concluyó su contrato y la dirección de W Radio tenía una nueva propuesta de comunicación, se concretó la salida de Carmen Aristegui de dicho espacio; y un año después, Miguel Badillo, director de la revista Contralínea, acusó a Calderón de las acciones judiciales en su contra emprendidas por la empresa gasera Grupo Zeta.
Pese a que Carmen Aristegui consiguió un nuevo espacio en MVS Radio en 2009, los embates en su contra continuaron, y en febrero de 2012 MVS la despidió fulminantemente tras negarse a leer un comunicado elaborado desde la oficina de Comunicación Social de Los Pinos, a raíz de que la comunicadora había solicitado al aire que la Presidencia se pronunciara sobre el presunto alcoholismo del entonces presidente Felipe Calderón.
Aunque en ese momento Joaquín Vargas negó formalmente las presiones de la Presidencia, unos meses después –en agosto del mismo año, cuando la Secretaría de Comunicaciones y Transportes le revocó la concesión de la banda de 2.5 GHz– él mismo denunció públicamente las negociaciones secretas que sostuvo con la dependencia oficial y las presiones que sufrió en el momento del conflicto con la periodista.
Otra vez, el cambio de partido en el gobierno lo único que provocó fue el regreso de las mismas prácticas con las que el priiato sometió a los medios de comunicación: el reparto abundante de dinero a los periodistas “amigos” y la persecución de los “incómodos”. Muchas son las razones para considerar a Carmen Aristegui entre los segundos: sus investigaciones en el caso Monex, durante la campaña electoral de 2012; las denuncias de la Casa Blanca de la esposa del presidente Enrique Peña Nieto; la revelación de la red de prostitución que manejaba Cuauhtémoc Gutiérrez, líder del PRI en el Distrito Federal; la cobertura del caso Tlatlaya, y de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.
La gota que derramó el vaso fue su participación en la plataforma MexicoLeaks, que sin duda es un ariete en contra del control oficial de la información, lo cual preocupó al gobierno y a sus personeros; la gran audiencia de Carmen Aristegui era la principal salida que tendrían los documentos que hiciera llegar la ciudadanía, y la pérdida de dicho espacio es un severo golpe al proyecto cuando éste apenas se había anunciado.
Tal como ha señalado el ómbudsman de MVS Radio, Gabriel Sosa, la empresa tuvo una reacción desmedida frente a un error de la comunicadora y/o su equipo, que bien pudo resolverse en privado en un ambiente de diálogo y colaboración. Pero el gobierno y la empresa buscaban sacar del aire a la periodista y a su equipo y debilitar el naciente proyecto.
Ni la tan festejada reforma en telecomunicaciones ni la creación de un organismo con “autonomía constitucional” impiden la intromisión del presidente en las decisiones en la materia, lo cual, vinculado a la intención de los Vargas de ganar una de las próximas licitaciones (Proceso 2002), puso el escenario ideal para implementar un nuevo atentado a la libertad de expresión.
Consiguieron sacarla de MVS Radio, pero esta nueva agresión al periodismo crítico puede convertirse en un nuevo parteaguas (como lo fue el golpe a Julio Scherer y Excélsior en 1976) dentro de la guerra por la libertad de expresión; no es ninguna casualidad que Proceso esté vinculado a este nuevo proyecto. La atención que la acción gubernamental ha generado en torno a Carmen Aristegui y MexicoLeaks puede convertirse en el detonador que este ambicioso y disruptivo proyecto necesitaba para catapultarse. El resultado puede ser exactamente contrario al que buscaban Peña Nieto y su equipo, como sucedió hace ya casi cuatro décadas con la embestida del entonces presidente Luis Echeverría.
Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación abren posibilidades insospechadas y permiten ensanchar el espacio público, aumentar los flujos de información y construir reductos independientes a pesar de las resistencias oficiales. Otra nueva equivocación de un gobierno que no entiende que México y el mundo ya no son los mismos.
Fuente: Proceso
