Más de 3 mil mexicanos están vinculados a estructuras en paraísos fiscales o en jurisdicciones secretas a través de las cuales realizan inversiones millonarias y adquieren fastuosos bienes inmuebles, aviones ejecutivos y yates de lujo. Pertenecen a la élite de los poderes económico y político del país: multimillonarios y sus familiares, funcionarios y políticos –algunos parte de la 4T–, dueños de medios de comunicación, grupos religiosos y hasta delincuentes. En lo que representa la colaboración más grande en la historia del periodismo, la investigación global #PandoraPapers –en la que participa Proceso– revela los nombres de los prominentes mexicanos que –junto con 35 jefes de Estado y 300 funcionarios de alto nivel de 40 países— aparecen ligados a las estructuras financieras offshore por las que salen cada año de México 9 mil 67 millones de dólares.
Pandora Papers: El club de los millonarios mexicanos
CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).– Políticos cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador y al expresidente Enrique Peña Nieto, multimillonarios de la lista de Forbes, contratistas del gobierno, juniors y herederos, servidores públicos, empresarios, celebridades, dueños de medios de comunicación, grupos religiosos y delincuentes aparecen en una nueva filtración masiva de documentos que dio pie a la investigación periodística internacional #PandoraPapers, en la que participaron Proceso y otros 149 medios en 117 países.
Durante más de un año, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) coordinó a más de 600 periodistas para analizar cerca de 12 millones de documentos internos provenientes de 14 firmas especializadas en estructuras offshore, con sedes en 38 países.
Entre este mundo de correos electrónicos, actas de sociedades, estados de cuenta, contratos o formularios, Proceso y los demás medios socios de ICIJ detectaron más de 3 mil mexicanos vinculados a estructuras en paraísos fiscales o en jurisdicciones secretas, en las que cada año se esfuman al menos 9 mil millones de dólares de impuestos que correspondían a México, equivalente a 180 mil millones de pesos.
Esta cifra supera más de 10 veces el número de clientes mexicanos del despacho panameño Mossack Fonseca, cuyos millones de documentos secretos desembocaron en la investigación internacional Panama Papers, dada a conocer en 2016 e igualmente coordinada por ICIJ, en la también participó Proceso.
Ya sean detentores del poder político, del económico, del cultural o de varios al mismo tiempo, estos personajes pertenecen al 1% de la población más adinerada de uno de los países más desiguales del mundo, con fortunas que rebasan por mucho el millón de dólares en un país donde cuatro de cada diez personas ganan un ingreso inferior a la canasta básica.
Entre ellos hay funcionarios –federales y estatales–, así como diputados y senadores de todos los partidos, familiares de gobernadores, notarios públicos y presuntos prestanombres, quiénes aparecen en estructuras offshore creadas generalmente antes o después de su cargo público.
Del lado de la llamada Cuarta Transformación figuran el senador coahuilense Santa Ana Armando Guadiana Tijerina, o Jorge Arganis Díaz Leal, actual titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
También hay integrantes del Grupo Atlacomulco, el clan político de Enrique Peña Nieto, entre ellos familiares de Arturo Montiel Rojas y Alfredo Del Mazo Maza, así como otros priístas o sus familiares, como Francisco Labastida Gómez y Andrés Conesa Labastida –director general de Aeroméxico–, respectivos hijo y sobrino de Francisco Labastida Ochoa, el exgobernador de Sinaloa y primer candidato del PRI en perder una elección presidencial, quienes tuvieron participaciones en una sociedad que controlaba un yate apodado “El Pez Gordo”.
En respuesta a un comentario, Labastida indicó que como accionista de la sociedad tiene derecho a usar el yate cinco semanas al año, y que fue “comprador de buena fe” de una sociedad que fue creada en las Islas Vírgenes Británicas (BVI, por sus siglas en inglés) “porque así fue constituida de origen por los propietarios originales y no por los actuales dueños de la embarcación”.
También está Esteban Landerreche Gómez Morín, nieto del político y financiero chihuahuense Manuel Gómez Morín, quien fuera fundador e ideólogo del Partido Acción Nacional (PAN); el hombre aparece en una estructura que moviliza una fundación de Países Bajos, una compañía de Panamá y otra de Delaware, llamada Gailurra Investments LLC.
De la misma manera se encuentran los hijos del exgobernador panista de San Luis Potosí, Jesús Marcelo de los Santos Fraga, como dueños de acciones de una sociedad de BVI, llamada Global Securities Management Corp, en la que participan políticos colombianos de primer nivel –entre ellos la ministra de Transporte, Ángela María Orozco así como el esposo y la hija de la vicepresidenta, Martha Lucía Ramírez– así como personajes más controversiales, como Gustavo Hernández Friera, un colombiano detenido en Italia en 2018 y condenado en Estados Unidos por desviar y malversar 600 millones de dólares de la petrolera estatal venezolana PDVSA.
Desde luego, los políticos mexicanos no son los únicos en ser atraídos por los paraísos fiscales: en los #PandoraPapers se detectaron estructuras offshore vinculadas con 35 jefes y exjefes de Estado, y más de 330 funcionarios de alto nivel.
“Beneficial owners”
En general, una estructura de sociedades offshore oculta la identidad del “beneficiario final”–o beneficial owner, en inglés– de una operación, pues suelen articular diversas capas de compañías y directores de papel, creadas en distintos países para un mismo propósito, como si fueran muñecas rusas.
Un caso hipotético: un mexicano quiere abrir una cuenta bancaria en Suiza. Sus asesores, con la ayuda de un proveedor de servicios offshore, crean una sociedad de Singapur para controlar la cuenta. Sus dueñas son una compañía de Bahamas y otra de Islas Vírgenes Británicas (BVI), administradas por directores de papel y cuyas acciones se encuentran en un fideicomiso de Nueva Zelanda, gestionado por trustees pero con fondos del ciudadano mexicano, quien es además –junto con su familia—beneficiario del trust.
En este esquema hipotético, el nombre de la persona mexicana no aparecerá en ningún registro público, lo cual hará prácticamente imposible que la autoridad encuentre un vínculo entre la cuenta bancaria y su contribuyente; aparte, cualquier ingreso en esta estructura escapará al pago de impuestos.
Los clientes que buscan la secrecía de la industria offshore usan estas estructuras de papel para diversos propósitos; algunos buscan no pagar impuestos –desde la “optimización” hasta la “evasión” fiscal–, otros las aprovechan como plataformas de inversión y de participación en sociedades, mientras otros las emplean para controlar casas, yates, jets privados, autos, seguros de vida u obras de arte.
En México, controlar estructuras offshore no constituye por sí un delito; lo es cuando la estructura no fue reportada ante las autoridades tributarias, si movió recursos de origen ilícito, o si participó en operaciones de lavado de dinero o de financiamiento del terrorismo.
De hecho, el uso de estructuras offshore dificulta mucho la labor del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y de las autoridades financieras, que para investigar sobre “beneficiarios finales” mexicanos en jurisdicciones secretas requieren enviar cartas bien sustentadas y esperar largos plazos para continuar sus indagaciones.
Entre los 11.9 millones de documentos de #PandoraPapers, Proceso, El País, Quinto Elemento Lab y Univisión –que participaron en la investigación del lado de México– identificaron más de mil 900 entidades offshore vinculadas con personas mexicanas, abiertas en por lo menos 22 jurisdicciones. Se trató, principalmente, de sociedades de papel (más de mil 200) y en menor medida de fideicomisos (alrededor de 600), muchas de ellas en las BVI.
A lo largo de la semana, Proceso publicará en su espacio digital una serie de reportajes, productos de esta investigación internacional.
Los medios participantes buscaron de manera insistente un acercamiento con el SAT desde el pasado mes de febrero, pero la institución no mostró el menor interés en el tema. No contestó ninguno de los cuestionarios que se le envió ni accedió a las peticiones de entrevistas con su titular, Raquel Buenrostro Sánchez, o integrantes de su equipo. Al cierre de esta edición sólo dijo que “por el momento” no tenía una posición.
Los aliados de AMLO
El 18 de agosto de 2020, preguntado sobre los casos de corrupción en los sexenios anteriores, el presidente López Obrador preguntó, en voz alta: “¿Cómo se va el dinero de un país saqueado a un paraíso fiscal y no pasa nada?”.
Y se contestó a sí mismo: “Hay países que incluso viven de eso; eso es inmoral”.
En la conferencia matutina de ese día, el mandatario refrendó su “respeto” a quienes buscan el anonimato en Suiza o depositan sus recursos en paraísos fiscales, pero aseveró que “eso no debería de existir”.
Sin embargo, varios de sus aliados políticos han utilizado las jurisdicciones offshore y los paraísos fiscales.
Julia Abdala Lemus fue objeto de la atención pública en agosto y octubre de 2019 cuando el medio Latinus reveló que la mujer, pareja de Manuel Bartlett Díaz — titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)–, era dueña de 23 casas y dos terrenos, y accionista legal de cinco empresas que Bartlett no reportó en sus declaraciones patrimoniales.
Manuel Bartlett Díaz titular de la CFE. Procesofoto.
Bartlett reconoció que Abdala era su pareja sentimental desde hace más de 20 años, pero recalcó que no son ni concubinos y ni esposos, por lo que no tenía obligación de reportar sus bienes, argumento que retomó la Secretaría de la Función Pública (SFP) cuando exculpó al exgobernador de Puebla de cualquier irregularidad sobre las propiedades.
Abdala también es socia de una empresa en México llamada Tidure’s, que fundó con Silvia Pinto Mazal, la esposa del empresario Samuel Weinberg, el socio histórico de Genaro García Luna, el extitular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Felipe Calderón Hinojosa, quien actualmente se encuentra en una prisión estadunidense y enfrenta un juicio por narcotráfico y lavado de dinero.
En los #PandoraPapers, Abdala aparece vinculada a la sociedad Roybell International Inc, que fue incorporada en Panamá en diciembre de 2011. En 2012 se le asignaron acciones al portador, la figura más opaca que ofrece la industria offshore, pues no deja ningún registro del dueño real de una estructura de papel.
El 14 de diciembre de 2017, mientras Bartlett era senador por el Partido del Trabajo (PT), los directores de papel de la sociedad iniciaron los trámites para abrir una cuenta bancaria en el Lyford International Bank and Trust de Bahamas, la cual sería “operada individualmente por la Sra. Julia Elena Abdala Lemus”.
Bartlett ya ha afirmado, en declaraciones públicas, que su patrimonio y el de su pareja “son completamente independientes” y “no existe dependencia económica alguna entre ella y un servidor”.
Jorge Arganis Díaz Leal, quien es titular de la SCT desde la salida de Javier Jiménez Espriú, abrió una estructura en BVI hace 23 años, en 1998, llamada Desbond Finance Limited. Ese mismo año, el hombre dejó su cargo en la constructora ICA e ingresó en el gobierno del entonces Distrito Federal, dirigido por Cuauhtémoc Cárdenas Solorzano, donde ocupó diversos cargos en la Secretaría de Obras y Servicios hasta 2018, cuando entró en Pemex Transformación Industrial.
Arganis creó su estructura offshore con el Stanford Trust Company, un grupo del financiero estadunidense Robert Allen Stanford, quien estafó a cerca de 30 mil clientes mediante esquemas piramidales tipo Ponzi: les prometía rendimientos inverosímiles a través de cuentas bancarias en su banco de Antigua. Stanford se encuentra actualmente en la cárcel, donde libra una pena de 110 años de cárcel.
En comentario a un cuestionario, Arganis recalcó que la sociedad formó parte del “mega fraude” de Stanford, después del cual “miles de inversionistas que adquirieron certificados de depósito, principalmente de la clase media trabajadora (…) han tratado de recuperar sus ahorros”.
“El caso de mis recursos invertidos no fue la excepción. Y desde el momento que se hizo público el fraude, he intentado recuperar el numerario invertido con muy pocas o nulas posibilidades. Cabe aclarar que mis recursos eran producto del ejercicio profesional en el sector privado”, añadió.
El senador de Morena por Coahuila, Armando Guadiana, también aparece en los Pandora Papers, y asimismo como uno de los estafados por Stanford. A través de un fideicomiso creado en Antigua el 21 de marzo de 2007 llamado The Hawaii Trust, el legislador controlaba una sociedad de papel en BVI llamada Atlantic Industries International Limited.
En aquel entonces, el ahora senador señaló en el formato de creación del trust que era dueño de las empresas mineras Caopas, MINSA y Macocozac y que su fortuna se elevaba a 28 millones 94 mil dólares. Entre los beneficiarios del Hawaii Trust figuraban tres hijos del ahora senador, quien es presidente de la Comisión de Energía y a la vez empresario en minas de carbón.
El senador morenista, Armando Guadiana. Procesofoto
Entrevistado en el marco de esta investigación, Guadiana indicó que el trust se creó “para un proyecto minero” en Colombia que “todavía tenemos” pero que “nos ha costado, no hemos hecho nada”, debido entre otros factores a que “se batalló mucho con la guerrilla”. “Se creó la entidad pero no se invirtió, no se aportaron bienes, a final de cuentas yo creo que se extinguió o ya no funcionó, punto. Ya no existe esa entidad (…) Lo que no estoy seguro es si está viva la esa mentada Atlantis”, dijo.
Preguntado sobre el motivo por el cual ni los 28 millones de dólares ni las compañías aparecen en sus declaraciones patrimoniales, aseveró que no se dio cuenta y que “fue omisión, no intención”, y explicó que la decisión de abrir estructuras en BVI en lugar de Colombia fue decisión de sus entonces socios.
“Desgraciadamente a veces son así las cosas, todo mundo en la vida tenemos claroscuros también; esa es la realidad y quien no lo acepte y que sienta que está todo en orden pues está medio difícil”, confesó.
–¿Cuáles son sus claroscuros?, le preguntó Andrea Cárdenas, reportera en Quinto Elemento Lab, también participante en los #PandoraPapers.
–Me atonté en el asunto de la Declaranet, reviró.
Otros cercanos de Guadiana crearon sus sociedades offshore con Stanford: su hermano, José Luis Guadiana Tijerina, creó el Patagonia Trust en mayo de 2007, y su socio, el empresario minero Ricardo Enrique Aguirre González –contratista de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)– fundó el Everest Investment Fund en BVI en 2005.
Antes de incorporarse al gobierno, el ahora exconsejero Jurídico del Ejecutivo Federal, Julio Scherer Ibarra, “hermano” de López Obrador –dixit el mandatario– oficiaba como abogado. En ese tiempo, Scherer utilizó el sistema offshore para controlar un departamento en Miami: en marzo de 2011, recibió las 50 mil acciones de una sociedad offshore de las Islas Vírgenes Británicas (BVI), llamada 3202 Turn On Ltd, la cual controlaba una sociedad de papel de Florida –3202 Turn LLC–, que a su vez era propietaria de la unidad de un condominio ubicado en la Collins Avenue de Miami, valuado actualmente en 1.5 millones de dólares.
Por lo menos entre 2013 y 2016, el nombre de Scherer apareció en los registros fiscales del departamento; en 2019 no aparece y en 2020 figura el banco Morgan Stanley como declarante del departamento, el cual no aparece en las declaraciones patrimoniales públicas que presentó Scherer.
De acuerdo con los documentos internos del despacho Trident Trust, que administraba la sociedad de BVI, Scherer recibió las acciones de la compañía de Ilja Landsmanas Dymensztejn y su esposa, Ivonne Yolanda Stern Wolf, quienes eran sus clientes. Los Lansmanas permanecieron como “directores” de la sociedad hasta el 17 de marzo de 2017, cuando renunciaron a su cargo, dejando a Scherer solo al frente de la entidad.
Consultado sobre la operación, Scherer señaló: “Aprovecho la oportunidad para esclarecer que ésta alude a mi persona en un período de mi trayectoria en el cual no era funcionario público sino profesionista independiente. En este sentido, me es indispensable aclarar que siempre me he conducido conforme a derecho, a mis principios personales y así lo seguiré haciendo”, contestó Scherer a un cuestionario enviado en el marco de esta investigación.
La familia Landsmanas es dueña de Corporativo Kosmos, un grupo agroalimentario fundado en 1964 por Pablo Landsmanas, que reúne las empresas La Cosmopolitana, Serel y Kol Tov –entre otras– y surte de alimentos a hospitales, empresas, guarderías, cárceles, plataformas de Pemex o “toritos” en 27 estados de la República.
En 2019, un reportaje publicado en Vice reveló que La Cosmopolitana creció de manera descontrolada al amparo del poder político, pues en 2018 acumulaba más de 5 mil millones de pesos en contratos con el gobierno de Enrique Peña Nieto, sin incluir a Pemex, para abastecer de comida a diversas dependencias y organismos, pero también para prestar diversos servicios.
El pasado 5 de septiembre, la revista Contralínea reveló que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Secretaría de la Función Pública (SFP), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Procuraduría Fiscal y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) están investigando a la familia Landsmanas y a las empresas de Grupo Kosmos desde 2019 por “la supuesta entrega de sobornos a funcionarios y por evadir impuestos con empresas factureras, entre otros señalamientos.
Clase política
Guadiana no es el único integrante de la Cámara Alta con entidades offshore: José Luis García Zalvidea, exsenador del PRD por Quitana Roo y sus hermanos, entre ellos Juan Ignacio García Zalvidea –“El Chacho”, otrora alcalde de Cancún y encarcelado en 2004 por un caso de peculado–, controlaron las sociedades Ivorybay Company Limited, Flim II Ltd y Eden Holdings Limited, Casa del Mar Limited y Aurora Bay Limited, que poseían cuatro yates de más de un millón de dólares cada uno.
Varias de estas sociedades eran administradas por su hermano Fernando García Zalvidea, un empresario turístico encarcelado un año por presunto lavado de dinero. A su muerte, en 2013, el hombre heredó sus acciones y el 10% de su fortuna a sus hermanos, según documentos del despacho Trident Trust.
El priista Fernando Donato De Las Fuentes Hernández, actual secretario de Gobierno de Coahuila, fue diputado federal del PRI entre 2018 y 2021. El hombre creó el Gugui Trust en enero de 2008, mientras era presidente municipal de Saltillo, la capital de Coahuila, estado del que su padre José De Las Fuentes Rodríguez fue gobernador.
En su declaración patrimonial, como secretario de Gobierno de Coahuila, reconoció que tiene una propiedad y cuentas bancarias en el extranjero, pero omitió mencionar su fideicomiso offshore; sin embargo, declaró la propiedad de un departamento en la Ciudad de México, 11 casas y 11 terrenos en Saltillo, Acuña, Ramos Arizpe, Arteaga, Torreón, Parras y Piedras Negras.
Roberto Eduardo Suárez Coldwell, el actual tesorero general de Yucatán, es beneficiario de la sociedad Belushi Investments de BVI, que fue creada por su padre y controla una cuenta bancaria con 2 millones de dólares. En una carta indicó que “mi relación como director con la empresa en referencia, de la cual nunca fui accionista, data de 2007, hace 14 años y 11 años antes de que fuese funcionario público. Fue un puesto honorario, sin compensación o beneficio económico”.
Más allá de ser el jefe de la Oficina del gobernador morelense Cuauhtémoc Blanco, José Manuel Sanz Rivera es su mano derecha desde hace décadas. El hombre, de ciudadanía española, fue su mánager cuando era todavía el “Cuau”, uno de los delanteros más famosos del país.
Sanz Rivera estuvo involucrado en el caso conocido como “La Primavera”, que implica una serie de presuntos desvíos de más de 741 millones de pesos a cuentas bancarias de Suiza. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) está investigando el caso, y en marzo de 2020 su titular, Santiago Nieto Castillo, confirmó que tenía a Sanz Rivera en la mira y bajo indagación.
El mes pasado, el abogado Enrique Paredes Soto incluso presentó una denuncia contra Blanco ante la Fiscalía Anticorrupción de Morelos por triangulaciones financieras de 500 millones de pesos, presuntamente operadas con familiares mientras era presidente municipal de Cuernavaca.
En 2005 y 2007 Sanz Rivera creó dos fideicomisos con Stanford Trust en BVI: el Quecho Trust, al que envió 522 mil dólares, y el Steelers Trust, al que depositó 350 mil dólares; ninguna de estas estructuras aparece en sus declaraciones patrimoniales.
El urólogo Juan Carlos Márquez Heine, quien funge actualmente como secretario de Salud de Oaxaca, creó en 2019 una sociedad de Delaware llamada Sipajavu LLC para controlar un portafolio de inversiones; sin embargo, indicó en una carta que hasta ahora “no ha contado con activos ni ingresos” y “no ha tenido actividades económicas que declarar”.
Entre los exfuncionarios beneficiarios de esquemas offshore aparecen Carlos Salomón Cámara, quien fuera vocero de la Presidencia con Ernesto Zedillo y director de Lotería Nacional en esa administración.; o el exdiputado federal por el PAN Gastón Luken Garza, quien abrió una estructura en BVI llamada Augustmoon Limited en diciembre de 2016, seis meses después de fracasar en las elecciones para la presidencia municipal de Tijuana. También está Ramón Edmundo Rodríguez Garza, quien abrió una sociedad en BVI en 2011, mientras era presidente municipal de Miguel Alemán, en Tamaulipas, cargo que ocupó entre 2010 y 2013.
“Políticamente expuestos”
Otros personajes presentes en los #PandoraPapers han tenido un contacto más polémico con el sector público. Francisco Antonio José Patrón Laviada, el hermano del exgobernador panista de Yucatán, Patricio José Patrón Laviada, ha sido señalado en Estados Unidos por sus presuntos vínculos con el crimen organizado, y denunciado en su estado por vender dos veces unos terrenos al Instituto Educativo Yucatán.
En 2013 Patrón Laviada pagó las facturas de una sociedad de papel de BVI llamada Sea Matic Ltd, del empresario José Antonio Loret de Mola Gomory, otrora presidente de la Coparmex en Yucatán. Esta sociedad era dueña de un yate de 54 pies. Ese mismo año, Loret de Mola renunció a la sociedad offshore, y en su lugar apareció María Julieta López Semerana, quien fue socia de Patrón Laviada en un negocio de autos usados, y en una ocasión reportó el mismo domicilio que el empresario.
En 2012, el portal ¡Por Esto! descubrió un vínculo macabro entre López Semerana y Patrón Laviada: de acuerdo con el medio local, la mujer recuperó de manera extraña cinco lotes que pertenecían al empresario hotelero Juan Manuel Díaz Moguel, asesinado en Playa del Carmen unos días antes. “Enseguida”, planteó la nota, la documentación “pasó a manos de Antonio Patrón Laviada”.
Edgar Manuel Méndez Montoya es un presunto operador político y prestanombre del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Ángulo, de quién fue compañero de universidad y administrador de gastos de campaña.
Méndez participó entre otros en una operación que involucró un meganegocio hotelero de Cozumel; en diciembre de 2017 –seis meses después de la detención de Borge en Panamá– la fiscalía estatal ordenó su detención por la adquisición de predios a un valor diez veces inferior a su precio real.
Abrió en 2013 una sociedad en Singapur llamada Massive Good Fortune Pte Ltd, que utilizó para invertir al menos 2 millones de dólares en el sector inmobiliario de Estados Unidos, y para prestar 1.6 millones de dólares a una sociedad de papel de Países Bajos, llamada Clingmans C.V., para un desarrollo inmobiliario en Cancún.
El ciudadano español Alejandro Fernández Soto fue secretario del Consejo Estatal de Seguridad Pública de Puebla en los tiempos del priísta Mario Marín Torres, el “gober precioso” condenado en febrero pasado por los actos de tortura perpetrados contra la periodista Lydia Cacho, quien había acusado en su libro Los Demonios del Edén al empresario textilero Kamel Nacif Borge de proteger a redes de pedofilia.
Entre los archivos del despacho Alcogal, Fernández Soto apareció como Personaje Políticamente Expuesto (PEP), es decir, que debió ser sujeto a una investigación minuciosa para abrir su sociedad. Pero ello no le impidió abrir en 2014 la sociedad holding Picorico Corporation en BVI, recomendado por la oficina de banca privada de Santander. En un documento del despacho Alcogal, indicó que sus ingresos provenían de su actividad como abogado en el sector inmobiliario.
Pasó todos los filtros, a pesar de que en una búsqueda de Google arrojó resultados que debieron prender alarmas, como “Acusan al hermano de Alejandro Fernández Soto de tráfico de drogas”.
Pasividad
En respuestas a solicitudes de información, el SAT exhibió su histórica pasividad ante las complejas estructuras internacionales diseñadas por despachos fiscalistas, principalmente en los paraísos fiscales, que la jerga de la institución identifica como “regímenes fiscales preferentes”.
De 2003 a 2012, es decir, durante los sexenios panistas de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, el SAT apenas recaudó 2 mil 261 millones de pesos de inversiones en paraísos fiscales; el gobierno de Peña Nieto recolectó 7 mil 35 millones de pesos, con un incremento notable en 2016, año de publicación de los Panama Papers.
Y en los primeros dos años y medio de la administración de López Obrador se recaudaron 8 mil 119 millones de pesos de las inversiones offshore de los contribuyentes mexicanos; se observa un disparo a partir de 2020, año en que Raquel Buenrostro entró al SAT.
En respuesta a otra solicitud, el SAT informó que, a raíz de acciones de fiscalización realizadas a 145 contribuyentes entre diciembre de 2018 y junio de 2021, recuperó 746 millones 100 mil pesos, determinó 9 mil 601 millones pesos de adeudos fiscales y emitió 152 créditos fiscales.
Viendo los montos que clientes mexicanos escondieron en paraísos fiscales, la suma recaudada en los últimos 18 años resulta irrisoria en comparación con los 9 mil 67 millones de dólares que salen de México cada año hacia paraísos fiscales, según la Red por la Justicia Fiscal (Tax Justice Network, en inglés). Esto es, cerca de 180 mil millones de pesos, equivalentes al 6.45% de los ingresos fiscales anuales o un 25% del gasto destinado a la Salud.
Aparte, el SAT reconoció, en respuesta a una solicitud de información, que “ha realizado CERO (sic) estudios” sobre el uso irregular de paraísos fiscales por parte de contribuyentes mexicanos.
El SAT informó que de 2010 a lo que va del 2021 envió mil 480 solicitudes de asistencia mutua en materia fiscal a otros países, y recibió 470 de otras administraciones tributarias. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), por su parte, exhibió que durante el sexenio de Peña Nieto envió apenas 151 solicitudes al llamado Grupo Egmont, mientras que en los primeros dos años y medio del presente sexenio mandó 259.
Andrea Cárdenas (Quinto Elemento Lab), Elías Camhají, Zorayda Gallegos y Georgina Zerega (El País), Peniley Ramírez y Claudia Ocaranza (Univisión) participaron a la elaboración de este reportaje.
Fuente: Proceso
