Por Francisco Javier Pizarro Chávez.
La sucesión presidencial de julio de 2018 se desarrolló de manera pacífica, legal y con una mayoría abrumadora a favor del hoy titular del poder ejecutivo.
El primer encuentro entre el poder político y el poder económico se generó con la cancelación del Aeropuerto de Texcoco, previa consulta popular muy controvertida.
Para sorpresa de todos, los inversionistas de esa obra no pasaron más allá de la queja y el desencanto.
Sin embargo, a tan solo dos meses y quince días de asumir Andrés Manuel López Obrador el Gobierno de la República, las cosas han cambiado radicalmente.
Se ha detonado una insólita polarización entre el poder económico y el político, entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo con el Judicial, con los gobernadores y presidentes municipales de los partidos de oposición, Organizaciones No Gubernamentales, sociedades de estancias infantiles y por si fuera poco, con los ex presidentes de México.
Es evidente que estamos en presencia de una situación inédita, sin parangón en nuestra historia contemporánea. Y es que, para asombro de sus adversarios, la lucha contra la corrupción y la impunidad y la 4 transformación, van en serio, a tal grado que, en las conferencias de prensa mañaneras, AMLO ha denunciado públicamente, sin tapujos, los abusos del poder y la rapiña de que ha sido víctima México, durante los sexenios de Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
El presidente ha denunciado con pelos de la burra en mano, que sus antecesores, ex secretarios y funcionarios del gobierno federal anteriores, privatizaron y desmantelaron Pemex y la Comisión Federal de Electricidad en contubernio con empresas extranjeras, a las cuales se incorporaron una vez concluido su mandato.
En la lista difundida por todos los medios de comunicación del país, se señala a José Córdoba Montoya, J=jefe de la oficina de la Presidencia de Salinas de Gortari y actual dueño de la empresa Proveedora de Servicios de Energía; Jesús Reyes Heroles, ex Secretario de Energía, ex director de Pemex y ahora, presidente de la empresa Energa y quien también fue consejero consultivo de Energy Intelligence Group y Morgan Stanley Energy Partenrs.
Carlos Ruiz Sacristán ex secretario de la Secretaría de Comunicaciones, hoy presidente del consejo y director general de North American Infraestructure Group de Sempra Energy, Luis Téllez, ex secretario de Energía y de Comunicaciones en los sexenios de Zedillo y Calderón y hoy, asesor Senior de Kohlberg Kravis Roberts.
En la lista de los funcionarios de la CFE que al concluir su gestión fueron reclutados por empresas privadas internacionales a las que sirvieron, están Alfredo Elías Ayub, quien fue director de la paraestatal con Zedillo, Fox y Calderón y ahora es consejero junto con Felipe Calderón Avangrid.
Se suman también a esta lista, Georgina Kessel Martínez, ex titular de Energía, hoy consejera de la compañía Iberdrola, Jordy Herrera Flores, también ex titular de Energía, quien se desempeña como Bróker de Repsol y Gas Natural Fenosa. Alejandro Fleming, ex jefe de asuntos jurídicos y hoy secretario de Iberdrola México y…ni mas ni menos que Pedro Aspe Armella, ex secretario de Hacienda con Salinas.
El director de la CFE, Manuel Bartlett, denunció que varias empresas como Carso de Carlos Slim¨, la española Ienova y la canadiense TransCanada que cuentan con siete gasoductos en México han cobrado a la CFE alrededor de 62 mil millones de pesos, a pesar de que dichos ductos no están funcionando y por tanto ha disminuido drásticamente la distribución de gas.
La reacción de los acusados y de diversos medios de comunicación que hicieron también una gran fortuna durante sus gobiernos, no se hizo esperar.
El grueso de ellos reconocen que, en efecto, una vez dejado sus cargo de gobierno se incorporaron a las empresas privadas a las que otorgaron concesiones durante el proceso de privatización de la CFE y Pemex, agrego yo.
Aducen sin embargo que su conducta es ética y legal. Felipe Calderón, por ejemplo, señalo que fueron varios años después de concluir su cargo, que acepto ser consejero privado en la empresa referida, por lo que no incurrió en ninguna violación de la ley, pues ésta establece que pueden hacerlo un año después de que cumplir su mandato.
Que cinismo. No dice que él estableció esa norma jurídica siendo presidente y que los hizo con toda premeditación para incorporarse junto con sus ex secretarios y ex directores de organismos públicos ligados al sector energético, a empresas privadas que fueron previa e intencionalmente beneficiadas con contratos que les expidieron, a sabiendas del oneroso daño causado al país.
Tal vez daba por sentado que más temprano que tarde se cancelaría su millonaria pensión presidencial, como ocurrió ya con el arribo de AMLO a la Presidencia de la República.
No han asimilado aún, sin embargo, que no estamos en presencia de una alternancia de poder entre el PRI y el PAN, sino una sucesión presidencial que impulsa un cambio de régimen político del Estado y el inicio de una profunda transformación del país para rescatar a México de la deplorable situación en que está inmerso a consecuencia de la corrupción, la impunidad y el saqueo de nuestros recursos naturales e ingresos públicos de la República en los distintas áreas de gobierno.
Esperemos que la Chayocracia y corrupción en Pemex y la CFE, sea sancionada jurídica y penalmente, que no quede solamente en una sanción moral. Política y financieramente es por donde quiere que se le escarbe, un delito de traición a la patria.
Veremos y diriemos.
