Justicia extraterritorial

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Por Luis Javier Valero

Fluye la información de manera constante, prácticamente todos los medios de comunicación dan cuenta de los detalles de los hechos por los que es procesado Arturo Gallegos Castrellón, alias “El Farmero”, presunto jerarca de la pandilla Barrio Azteca, y nadie –salvo la “cabeza” de El Diario: “En EP lo juzgan por asesinato, aquí ni orden de arresto tiene”– se ha detenido a cuestionar el porqué un hombre –junto a otras tres decenas– es procesado en El Paso, acusado de haber asesinado en Juárez, el 13 de marzo de 2010, a Lesley Ann Enríquez, empleada del Consulado de EU en Juárez y a su esposo, Arthur Redelf, oficial del Sheriff de El Paso, así como a Alberto Salcido Ceniceros, esposo de otra empleada del Consulado norteamericano en Juárez, en dos hechos aislados, pero, según las autoridades de México y EU, relacionados.

¿Acaso el territorio estadounidense se extendió hasta la antigua Paso del Norte? ¿Acaso las autoridades norteamericanas ya tienen jurisdicción sobre el territorio y autoridades mexicanas? ¿Desde cuándo?

No es cualquier cosa lo que ahora se plantea, no es solamente un reclamo  ante la pérdida de soberanía y de la increíble sumisión de las autoridades mexicanas, de todos los niveles sino una angustiosa alerta ante lo que es un supremo acto de connivencia con el crimen organizado.

Muchos podrán argumentar a favor de que las cosas ocurran como en el caso aquí comentado. Nada más lejos de lo que nos conviene como sociedad ¿Vamos a esperar que sólo los asesinatos de empleados del Gobierno norteamericano se resuelvan?

¡Lo increíble! Arturo Gallegos Castrellón “fue señalado públicamente por la Policía Federal como participante en el asesinato de una empleada consular, la masacre de Villas de Salvárcar y el asesinato de cinco agentes federales, (y) en esta ciudad no existe una sola orden de arresto en su contra”, según la información proporcionada a la reportera por el vocero de la Fiscalía General de la zona norte, Arturo Sandoval Figón. (Nota de Luz del Carmen Sosa, El Diario de Juárez, 4/II/14).

A pesar de que los delitos se habían cometido en territorio mexicano, el Gobierno lo extraditó a Estados Unidos; les quemaba. Pero mientras lo extraditaban, lo acusaron de mil y un delitos.

¿Entonces, por qué lo entregaron a las autoridades norteamericanas?

Ni más ni menos que el secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino, jefe de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal, lo acusaron de ser el responsable del “80 por ciento de las muertes de los últimos 15 meses (2009-2010) en Ciudad Juárez”, (Ibídem).

No sólo eso, aseguraron que también era el responsable de la masacre de Villas de Salvárcar “y de la muerte de cinco agentes federales”. Como única evidencia para sostener tales acusaciones, los funcionarios adujeron las declaraciones autoinculpatorias del acusado.

Pero, “al menos en el caso de Villas de Salvárcar su nombre no aparece en la versión pública de la carpeta de investigación” (Ibídem), ni la FGE ha solicitado ninguna orden de aprehensión.

Cosas de la vida… criminal, a Gallegos le adjudicaron, esos mismos funcionarios, ser el encargado de toda la organización de Los Aztecas en Ciudad Juárez, jefe de todos los sectores, de los responsables de cada uno de los siete sectores que hay en la ciudad, es decir, que por medio de él pasan todas las instrucciones de homicidios que se generan en Ciudad Juárez”.

Bueno, vamos a creerles, si tal organización o cualquier otra, tiene esa capacidad, ¿en dónde están las empresas necesarias para financiar tales operaciones? ¿Con qué dinero compraron las armas usadas en la guerra de los cárteles? ¿De veras podremos aceptar que un grupo de sicarios, por su cuenta, fue capaz, sin el apoyo logístico de organizaciones empresariales, de sostener tan cruenta y prolongada guerra?

De ahí la preocupación acerca de los montajes mediáticos en los procesos criminales; a Gallegos lo pueden juzgar allá, o acá; pueden llegar hasta a encontrarlo culpable de todos los asesinatos mencionados, el problema estriba en que la estructura que dicen dirigía, sin él, también funciona, de ahí la premura porque lo juzgaran allá, de ahí la subordinación ante las agencias de EU… y no sólo de las agrupaciones policiacas.

¡Ah, pero ya se aprestan a celebrar con toda pompa el centenario de la Constitución!

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