Por José Gil Olmos
En la decisión de combatir el robo de combustible a Petróleos Mexicanos, mal llamado huachicoleo, el presidente Andrés Manuel López Obrador se juega una buena parte del bono de confianza que tuvo en las pasadas elecciones.
También juega con fuego porque enfrenta no sólo a quienes lo hurtan clandestinamente, sino también al crimen institucionalizado que se ha enriquecido al amparo del poder gubernamental e incita el ánimo de una buena parte de la sociedad que ya muestra enojo por el desabasto de la gasolina.
La falta de una estrategia política, social y de comunicación del gobierno de López Obrador para amortiguar los impactos de una decisión que no quisieron tomar los últimos tres presidentes –Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto –, ha sido utilizada por sus adversarios para crear una campaña de desprestigio y de percepción negativa, haciendo creer a la población que habrá una crisis económica, financiera, energética y hasta alimentaria, comparable con las que han sufrido Venezuela y Cuba en sus peores momentos.
Sin embargo, lo que en las redes sociales se propala como el inicio del apocalipsis o una guerra por la gasolina como en las películas de Mad Max, en amplios sectores de la sociedad, en el ánimo de los ciudadanos de a pie o, mejor dicho, de los automovilistas, el desabasto del combustible se considera como un mal necesario para combatir la corrupción y dan su respaldo a López Obrador. Pero la paciencia tiene fecha de caducidad.
La decisión de López Obrador de recuperar a Pemex y poner un alto a la ordeña del combustible afecta uno de los negocios más lucrativos para el crimen organizado que no pudo haber crecido tanto sin la connivencia en los sexenios pasados de los altos funcionarios de la presidencia de la República, Pemex y de las secretarías de Hacienda y Economía, pasando por la Procuraduría General de la República.
Según las cifras oficiales, en el 2002 el robo de combustibles fue de 12 mil millones de pesos y para el 2018 alcanzó los 60 mil millones de pesos. Es decir, creció 500% este negocio abonado por una red de corrupción y complicidades de funcionarios gubernamentales que se enriquecieron de esta multimillonaria ganancia.
De acuerdo a la Unidad de Inteligencia de la Secretaría de Hacienda entre el 2017 y 2018 se detectó en una primera investigación un lavado de dinero por 10 mil millones de pesos que podría aumentar hasta 45 mil millones.
El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que se está enfrentando a grupos de poder que quieren jugar a las vencidas con el gobierno una vez que se estableció la estrategia de cerrarle la llave del enriquecimiento ilícito a quienes diariamente se roban el combustible, no sólo de los ductos, sino de las propias tomas que hay en las instalaciones de Pemex consideradas de seguridad nacional.
Este grupo del crimen institucionalizado tiene tentáculos en muchas áreas gubernamentales y de justicia que los protege de cualquier amenaza de investigarlos. También en las redes sociales donde han desplegado una campaña de temor y rencor en amplios sectores de la sociedad afectados por la escasez de combustibles.
En este escenario López Obrador se juega una buena parte del voto de confianza que obtuvo en la elección y de su propio gobierno. Si logra tener éxito, aunque sea relativo, mantendrá un margen de maniobra para sus siguientes objetivos. En caso contrario no sólo perderá la confianza ganada, sino que nadará a contracorriente el resto de su sexenio con pocas probabilidades de concretar su cuarta transformación.
Por cierto… Pemex cumple 86 años, cuenta con seis refinerías, ocho complejos petroquímicos, nueve complejos procesadores de gas, 83 terminales terrestres y marítimas, así como poliductos, buques, carros tanque y autos tanque, para abastecer a más de 10 mil estaciones de servicio a lo largo de nuestro país. Es un tesoro preciado que no será fácil quitárselo al crimen organizado e institucionalizado, al Cartel de los Huachicoleros.
Fuente: Apro
