Lozoya podrá hacer hacer uso de una cuenta en Banco Azteca, sin embargo, de realizar alguna transacción puede revelar su paradero y ser apresado.
Un juez federal ordenó la suspensión del bloqueo de una cuenta bancaria perteneciente al exdirector de Pemex Emilio Lozoya, quien se encuentra prófugo de la justicia.
Gabriel Regis López, juez Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa, concedió la suspensión provisional en el amparo 901/2019, promovido el 5 de junio por abogados de Lozoya, para impugnar su inclusión en la lista de personas bloqueadas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
El amparo se refiere a una cuenta a nombre de Lozoya en Banco Azteca.
La condición para que la suspensión surta efecto es que el bloqueo no sea en cumplimiento de una obligación contraída con un gobierno extranjero, ni en ejecución de una resolución de un organismo internacional.
El juez tuvo que aplicar jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, vigente desde el 31 de mayo, que ordena a los jueces suspender los bloqueos dictados por la UIF, salvo los que sean resultado de una solicitud de colaboración internacional.
Lo anterior, ya que las dos Salas de la Corte declararon, desde 2018, que es inconstitucional la facultad de la UIF para congelar cuentas sin orden judicial, prevista en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, aún no reformado por el Congreso.
El juez decidirá el 28 de junio si concede la suspensión definitiva, dio 48 horas a la UIF para que rinda informes, y ordenó notificar directamente a Banco Azteca.
Si Lozoya hace una transacción personalmente, podría alertar a las autoridades sobre su paradero, pero alguna otra persona que estuviera autorizada ante el banco, sí puede acceder a los fondos sin ese riesgo.
La admisión a trámite del amparo de Lozoya tomó más de dos semanas, porque inicialmente el juez le pidió aclarar diversos datos sobre sus cuentas.
La actuación de la UIF, que es una autoridad administrativa de la Secretaría de Hacienda, es independiente de la acusación penal que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó a finales de mayo contra Lozoya, su hermana Gilda Susana y Alonso Ancira, el dueño de Altos Hornos de México (AHMSA).
A todos se les señala por presunto lavado de dinero, asociado con la compra en 2014 por parte de Pemex de la planta Agronitrogenados de AHMSA en Veracruz, y con la compra de la casa de Lozoya en Lomas de Bezares en 2012, mediante un pago de 38 millones de pesos proveniente de Suiza.
El juez penal que ordenó la aprehensión de los acusados, también podría eventualmente dictar la inmovilización de sus cuentas, ya que esta es una de las medidas cautelares previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
La FGR es la que tendría que presentar esa solicitud, que el juez resolvería en audiencia en la que deben estar presentes los acusados o sus representantes.
(AM con información de REFORMA / KO)
