Un juez federal admitió a trámite el juicio de amparo promovido por el gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, contra la orden de aprehensión que giró la Procuraduría General de la República (PGR); sin embargo, aclaró que el expriista puede ser detenido si la acusación es por un delito grave.
El Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México informó que admitió a trámite el juicio de amparo 1031/2016 que solicitó Duarte.
En la demanda, aclaró, Duarte de Ochoa argumentó que no puede ser detenido porque goza de fuero constitucional por ser gobernador de la entidad.
Y explicó: “Si bien gozaba de licencia para desempeñar el cargo, al haber presentado el escrito de cancelación de la licencia ante el Congreso de su Estado, goza de la inmunidad que le confiere el cargo hasta en tanto no sea agotado el procedimiento de declaración de procedencia previsto en el artículo 111 de la Constitución”, relativo al fuero constitucional.
Sin embargo, el juez federal aclaró que ese artículo debe ser interpretado de manera armónica con los artículos 1, 19 y 20 constitucionales, así como con los artículos 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos para impedir que se constituya en una amnistía.
Y es que, añadió, ello impediría a las víctimas atacar eficazmente la omisión a que se resuelva el procedimiento de declaración de procedencia, lo que no impide que se cumplan los fines del Estado, por lo que la orden privativa de la libertad que se reclama puede ser ejecutada.
Duarte de Ochoa no especificó los delitos por los que presumía que podría haber una orden de aprehensión en su contra.
El juez también determinó que cuando se trata de una orden de aprehensión por un delito grave el fuero no procede, porque de lo contrario se estaría otorgando una amnistía.
De acuerdo con la decisión del juez, en caso de ser detenido –actualmente se encuentra prófugo de la justicia–, Javier Duarte quedará a disposición del juez de amparo en el lugar que este señale únicamente en lo que se refiere a su libertad y quedará a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación.
La decisión del juez fue concedida el pasado 18 de noviembre y le fijó el pago de una garantía de 100 mil pesos.
Fuente: Proceso
