El grupo extremista suní asesinó a 1.700 cadetes, casi todos chiíes, en la base Speicher en 2014
Irak ha anunciado este domingo la ejecución de 36 condenados por el asesinato hace dos años de 1.700 reclutas, en su mayoría chiíes. Aquel suceso, conocido como matanza de Speicher por la base militar en la que se produjo y el mayor del que se ha responsabilizado el Estado Islámico (ISIS), alentó la movilización popular contra ese grupo extremista suní. Aunque la brutalidad de los yihadistas hace que muchos iraquíes respalden el castigo, las organizaciones internacionales de derechos humanos han expresado su preocupación por la falta de garantías procesales.
La ejecución, por ahorcamiento, se ha llevado a cabo en la cárcel de Naseriya, 300 kilómetros al sur de Bagdad, según ha informado la televisión estatal citando fuentes del Ministerio de Justicia. La elección de la capital de Dhiqar, a la que los condenados fueron trasladados la semana pasada, parece estar relacionada con el hecho de que cuatro centenares de las víctimas de Speicher procedieran de esa provincia (cuya población es predominantemente chií).
Ese detalle, junto con la actitud celebratoria que han mostrado los familiares de los asesinados presentes en el ajusticiamiento, sugieren más venganza que justicia. “Decenas de parientes han asistido a la ejecución; gritaban ‘¡Allahu akbar!’ [Dios es el más grande], estaban felices de ver a esos tipos muertos”, ha declarado Abdelhassan Dawood, portavoz del gobernador de Dhiqar, a la agencia France Presse. Medio millar de cuerpos procedentes de Speicher han sido exhumados de fosas comunes desde que las tropas iraquíes arrebataran al EI el control de Tikrit a finales de marzo de 2015.
“Las Ejecuciones no van a frenar nuevos atentados, advirtió Amnistía Internacional (AI) el mes pasado, después de que el primer ministro, Haider al Abadi, anunciara su intención de agilizar las ejecuciones de los condenados a muerte por terrorismo. Al Abadi respondía así al golpe que supuso la muerte de cerca de tres centenares de personas en Bagdad el 4 de julio, el atentado más mortífero que ha sufrido la capital iraquí.
AI no solo se opone por principio a la pena de muerte, sino que denuncia la falta de garantías procesales. “Los juicios, sobre todo en el caso de quienes se enfrentan a acusaciones de terrorismo y penas de muerte, [son] sistemáticamente injustos; los tribunales admiten con frecuencia como prueba confesiones sospechosas de [haberse obtenido bajo]tortura”, ha denunciado esa organización de derechos humanos.
Los 36 ejecutados este domingo fueron condenados el pasado febrero en un juicio colectivo “con graves irregularidades”, según AI. De los 47 enjuiciados, 40 condenados a muerte y 7 liberados por falta de pruebas. En julio de 2014, apenas un mes después de la brutal matanza de los cadetes, otros 24 presuntos miembros del ISIS fueron ejecutados por ese mismo delito.
“Estos juicios colectivos y acelerados suscitan serias dudas sobre si las autoridades iraquíes desean realmente descubrir la verdad sobre estos abominables ataques, o si simplemente quieren crear la ilusión de que se ha hecho justicia”, afirma Amnistía. La organización también ha denunciado que los abogados que defienden a los acusados de terrorismo sufren intimidación y amenazas por parte de los funcionarios de seguridad y algunos han sido atacados por miembros de las milicias.
Desde Naciones Unidas se ha criticado igualmente la decisión de Al Abadi de acelerar las ejecuciones que ya habían superado el centenar en lo que va de año antes de las de este domingo. “Aumentar el ritmo de las ejecuciones solo aumentará la injusticia”, ha advertido el alto comisionado para los Derechos Humanos, Zeid Raad al Husein. Influye que la mayoría de los condenados a muerte son varones suníes procesados bajo la Ley Antiterrorista de 2005, mientras que los resortes del poder están controlados por la mayoría chií desde el derribo de Sadam Husein dos años antes. Los ocupantes estadounidenses suprimieron la pena capital, pero los iraníes la reinstauraron poco después de recuperar la soberanía de 2004.
Fuente: El País
