A casi tres años del asesinato de la periodista chihuahuense Miroslava Breach Velducea, este lunes ha iniciado el juicio oral en un tribunal federal de Chihuahua contra el único detenido, Juan Carlos M. O., “El Larry” a quien se acusa de ser la persona que orquestó el crimen y contrató al sicario.
La organización Propuesta Cívica (PC), coadyuvante del caso y representante de los hermanos de la víctima, indicó que la justicia tiene pendiente entrevistar a políticos “de la actual administración” implicados en el caso. Se carece de autoría intelectual y se ignoraron pistas y evidencias para llegar a los autores intelectuales y está pendiente de ejecutar una orden de aprehensión contra el tercer implicado, la persona que manejaba el auto que transportó al asesino. Según la fiscalía estatal, y la federal, el hombre que disparó ocho balazos a la corresponsal de La Jornada el 23 de marzo de 2017, fue asesinado en diciembre de ese año en Álamos, Sonora.
Para este juicio se espera la declaración de más de 50 peritos y testigos -entre ellos el titular de la fiscalía estatal, César Augusto Peniche-, la mayoría testigos con identidad reservada, y la presentación de decenas de pruebas por lo que se espera que el juicio dure varias semanas.
Tras diversos aplazamientos del juicio, este 17 de febrero comenzará el juicio oral donde se decidirá la sentencia condenatoria o absolutoria del único detenido. También se resolverá la reparación del daño a la familia de la también columnista de El Norte de Ciudad Juárez. Asimismo, ese día -según Propuesta Cívica- testigos con identidad reservada “revelarán información importante para el esclarecimiento de los hechos”.
Los familiares de la periodista visten de negro y portan camisetas con una leyenda bordada: “No se mata la verdad matando periodistas”, con una cinta en señal de luto. Representantes de la ONU-DH, Reporteros Sin Fronteras, el Comité de Protección a Periodistas, la embajada británica, entre otros, acompañan a la familia. La Guardia Nacional resguarda el Centro de Justicia Penal Federal en Chihuahua.
La defensa del inculpado
Por parte de la defensa del detenido se sabe que intentará comprobar que Juan Carlos M. O., a quien señalan diversos testigos como integrante del grupo criminal de Los Salazar -originarios de Chínipas como Breach- que operan en Chihuahua y Sonora, y trabajan para el cártel de Sinaloa, que estuvo en el municipio serrano de Chínipas el día del asesinato. Uno de sus testigos será un expresidente municipal priista.
Esta es la primera vez que la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión (Feadle), dependiente de la FGR, aborda el homicidio de un periodista en el nuevo sistema penal acusatorio oral.
El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, así como su fiscal, han acusado en diversas ocasiones a la Feadle por haber atraído el caso cuando ya habían detenido al hoy acusado, y porque desde el momento de la atracción no ha habido ningún otro detenido.
La misma semana del asesinato Corral señaló que la “narcopolítica” estaría detrás del crimen de la corresponsal de La Jornada. Sin embargo, las investigaciones no escalaron hasta personajes de la política, a pesar de que Miroslava fue grabada a escondidas por un empleado del PAN que la interrogaba sobre sus informantes en una nota sobre narcopolitica publicada en 2016 y el audio fue entregado a Moreno Ochoa por el entonces presidente municipal panista de Chínipas. El audio habría sido encontrado en la casa donde se escondieron los asesinos.
Al momento han llegado a los juzgados federales diversos periodistas, directivos de medios de comunicación, familiares y amigos de la víctima, personal de la FGR. También se vio a José Luis Luévano -exsecretario particular de Corral y hoy director del Instituto Chihuahuense de Estructura Educativa-, quien era presidente del Comité del PAN estatal desde donde se tomó la decisión de grabar a Miroslava Breach y a la corresponsal de Proceso, Patricia Mayorga, por sus reportajes sobre narcopolitica, especialmente en Chínipas.
En septiembre de 2019 el grupo de periodistas mexicanos denominado Colectivo 23 de Marzo, con sus aliadas internacionales Forbidden Stories, Bellingcat y CLIP, publicaron la investigación www.ProyectoMiroslava.org que plantea las preguntas que la autoridad no ha respondido sobre este crimen y las inconsistencias en la investigación.
Al momento se informó que la prensa no tendrá acceso porque se eligió una sala con 11 sillas.
Fuente: Apro
