El ex mandatario estatal pudiera resultar responsable, según lo establecido en el artículo 17 de la Ley General de Protección Civil.
Tras diez años de los hechos, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) presentó una denuncia penal contra el ex gobernador de Sonora, Eduardo Bours por el siniestro de la Guardería ABC donde perdieron la vida 49 menores y más de un centenar de hijos de obreros resultaron lesionados.
“Como gobernador de Sonora y como responsable del funcionamiento del Sistema Estatal de Protección Civil, Eduardo Bours habría tenido el deber de implementar acciones para la identificación, análisis, evaluación, control y reducción de riesgos en materia de protección civil”, señala la denuncia interpuesta ante la FGR.
La denuncia presentada el pasado 22 de mayo solicita que dé inicio a la carpeta de investigación y se realicen las diligencias necesarias para su debida integración. La querella fue presentada por Francisco Morales Oviedo, apoderado legal del IMSS.
Cabe destacar que la denuncia fue presentada el mismo día que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció al ex subsecretario de Gobernación, Zoé Robledo, como nuevo titular del organismo, en sustitución de Germán Martínez.
En ella se menciona en el apartado de antecedentes, que la guardería se encontraba financiada por el IMSS y era administrada por los particulares Gildardo Francisco Urquides Serrano, ex tesorero estatal del PRI; Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, familiar de Margarita Zavala, y Sandra Lucía Téllez Nieves, esposa del subsecretario de Ganadería de Bours.
El documento indica que el deber jurídico de Bours como gobernador, radicaba en la vigilancia y protección del correcto funcionamiento del Sistema Estatal de Protección Civil, de forma concreta que los prestadores del servicio de guardería cumplieran con los estándares mínimos previstos en Normas Oficiales Mexicanas y en las legislaciones aspecto que podría haberse dejado de lado, en consecuencia su conducta omisa generó peligro para los bienes jurídicos titulados: la vida y salud de un grupo de especial vulnerabilidad: niños y niñas.
Por ello, el ex mandatario estatal pudiera resultar responsable, según lo establecido en el artículo 17 de la Ley General de Protección Civil, la cual señala que las autoridades tienen dentro de su jurisdicción la responsabilidad sobre la integración y funcionamiento de los sistemas de protección civil.
“Debería haberse verificado conforme a la legislación estatal aplicable, que el inmueble donde se encontraba la guardería fuera viable y seguro para la prestación de dicho servicio pues, en caso contrario, no se hubiese habilitado una bodega para tal efecto y más aún, en un inmueble ubicado en una zona que podía considerarse peligrosa, en tanto que de un lado compartía muro con una bodega que almacenaba papel, la parte trasera era colindante con una llantera, y a 43 metros de distancia había una gasolinera en servicio” describe la denuncia.
En este contexto, indican que era un riesgo latente y evidente que la prestación de servicio no cumplía con las condiciones mínimas de seguridad, por lo que durante el tiempo se fue dando una cadena de errores hasta que se presentaron los hechos mencionados.
Por otra parte la Fiscalía General advirtió a los padres de los 49 niños de la Guardería ABC que desechará la hipótesis de un posible “incendio intencional” por falta de evidencias y pidió a los familiares aportar pruebas de que en efecto fue causado.
De lo contrario, se cerrará esa parte de la investigación, según Milenio y un documento firmado por Martha Patricia Muñoz Sierra, agente del MP de la Federación adscrita a la dirección general de Averiguaciones Previas de la fiscalía, notifica a los abogados y padres de familia su determinación de “consultar el no ejercicio de la acción penal”.
El representante legal de las familias afectadas, Gabriel Alvarado Serrano explicó que el expediente incluye un peritaje sobre la causalidad del siniestro, que comenzó en la bodega de la Secretaría de Hacienda de Sonora, y presenta diversos indicios que demostrarían que en el lugar se vertió un líquido acelerante de fuego.
“El peritaje fue realizado por David Smith, especialista norteamericano, quien ha asesorado a la CIA y al FBI”, detalló.
En el expediente hay testimonios de quienes afirman haber visto a personas salir corriendo de la bodega antes del incendió y otras más que, incluso, podrían revelar la identidad de los autores intelectuales del siniestro.
Fuente: Revolución 3.0
