Por Álvaro Delgado
El episodio Salmerón, más allá de las fibras que tocó, trajo a colación la urgencia del debate sobre la guerra sucia
“Jóvenes valientes” llamó el historiador Pedro Salmerón a los miembros de la Liga Comunista 23 de Septiembre que intentaron secuestrar a Eugenio Garza Sada, en 1973, un par de palabras en una apología del magnate que le costaron el despido como director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM).
Salmerón, en efecto, hizo una apología de Garza Sada, quien murió en esa acción no se sabe si por las balas de los guerrilleros o de sus escoltas, pero nadie leyó salvo las dos palabras que, por venir de un servidor público y haber sido publicadas en un sitio del gobierno, el INEHRM, motivó una protesta que forzó a AMLO a despedirlo.
Porque no fue la secretaria de Cultura, Alejandra Fraustro, sino López Obrador el que lo corrió. Y hay razones: Si de por sí son frágiles los nexos con el empresariado, los principales agraviados son los deudos de Garza Sada, como el jefe de FEMSA, José Antonio Fernández –con quien se reunió apenas el 5 de septiembre–, y Carlos Salazar Lomelí, presidente del Consejo Coordinador Empresarial.
Salazar Lomelí, como jefe del organismo cúpula del sector privado –que incluye al poderoso empresariado regiomontano– no sólo es el principal interlocutor del gobierno, sino que ha dado expreso respaldo a López Obrador, lo que contrasta con la belicosidad de Gustavo de Hoyos, el presidenciable dirigente de Coparmex.
Pero más allá del ruido político que metieron a López Obrador las dos palabras de Salmerón, este episodio acredita que hay un sector de la sociedad –y del gobierno– que aún se siente agraviado por las acciones de la rebelión armada de la década de los 70, y otro sector –también en el gobierno– que cree necesario explicar las razones que dieron lugar a la misma y los mecanismos legales e ilegales con los que el Estado los combatió.
No sólo es necesaria, sino urgente, la deliberación pública de este periodo histórico de México, con la guerrilla previa y, sobre todo, posterior al movimiento de 1968 que terminó con la matanza del 2 de octubre –cuyo 51 aniversario se cumple mañana–, que implicó asesinatos de soldados y policías, así como robo de bancos y secuestro de empresarios, pero también una guerra sucia del Estado con matanzas, torturas y desapariciones.
La Liga Comunista 23 de Septiembre, como otros grupos armados ideológicos de los 70, desapareció, pero una organización clandestina que también tiene el objetivo de tomar el poder político sigue vigente: El Yunque.
Esta organización secreta de extrema derecha con conexiones continentales y en Europa –en España está bajo escrutinio– tiene enorme influencia en el PAN y en organismos como Coparmex.
Los expedientes de violencia de la extrema derecha, aún entre sus propias expresiones clandestinas, también son voluminosos, incluyendo los asesinatos del fundador de El Yunque, Ramón Plata Moreno, y la tortura que padeció Héctor Larios Córdova, uno de sus dirigentes y secretario general del PAN. ¿Éstos sí son “jóvenes valientes”?
POR ÁLVARO DELGADO
ALVARO.DELGADO@PROCESO.COM.MX
@ALVARO_DELGADO
Fuente: El Heraldo de México
