El fiscal general de Chihuahua, César Augusto Peniche Espejel, aseguró a Proceso que el extitular de la Unidad de Política y Control Presupuestal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Alfonso Isaac Gamboa Lozano, tenía mucho que aportar en la investigación de desvío del erario público del ramo 23, en beneficio del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Gamboa Lozano fue asesinado ayer en el fraccionamiento Brisas de Temixco, en el estado del Morelos, junto con dos hombres y dos mujeres.
De acuerdo con la agencia Apro, el fiscal de Chihuahua condenó el crimen, que calificó como “conducta encaminada a transgredir el derecho a la vida”, y lamentó que el exfuncionario se fuera con mucha información que podría aclarar la investigación de los presuntos delitos cometidos en el gobierno de Enrique Peña Nieto.
“En Chihuahua, la entonces PGR (Procuraduría General de la República) y el entonces gobierno federal hicieron todo, absolutamente todo, incluso torcer la ley, para arrebatar a Chihuahua esa investigación que aún permanece pendiendo de un hilo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde esperamos recuperar la calidad de víctima para el estado de Chihuahua, a fin de poder continuar con la investigación”, detalló Peniche Espejel.
El gobierno de Chihuahua no alcanzó a citar al exfuncionario federal para que declarara, porque a través del caso que involucra al exsecretario general adjunto del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, éste promovió amparos para que fuera llevado a instancias federales, dijo el fiscal.
El gobierno estatal impugnó hasta la SCJN, pero ésta desechó el asunto, porque jueces federales no reconocieron la calidad de víctima de Chihuahua.
El fiscal de Chihuahua está convencido de que Alfonso Isaac Gamboa tenía mucha información que aportar a la serie de hechos que caracterizaron a la anterior administración pública federal, y sobre la discrecionalidad con que se manejaron los recursos del ramo 23.
“Él hizo posible la denominada operación Zafiro. A través de dicha estrategia, desde la Secretaría de Hacienda tuvo lugar una millonaria operación para desviar recursos públicos a través de millonarias asignaciones a algunas entidades federativas con cargo al fondo de estabilización que después eran ejercidas a través de contratos simulados con empresas fantasmas o ‘efos’ y posteriormente desviarlas presuntamente para el uso en campañas políticas”, explicó el fiscal a la reportera Patricia Mayorga.
Gamboa Lozano –añadió Peniche– era el operador de esa estrategia; fue quien “inevitablemente tenía que autorizar esos recursos. En Chihuahua pudimos detectar que no sólo en nuestro estado operó esa maniobra de la anterior administración. Hubo otros estados que por razones que nos son desconocidas, ni siquiera intentaron documentar tales hechos y mucho menos perseguir esos delitos”.
Isaac Gamboa “se lleva mucha información sobre esta operación; era una pieza clave. Pero no obstante que se lleva datos valiosos sobre la operación Zafiro, sería justo que se retomaran esas investigaciones”, recalcó.
En mayo de 2018, la Consejería Jurídica del gobierno de Chihuahua presentó un recurso de revocación contra el acuerdo de la SCJN, porque acordó la improcedencia del recurso de revisión presentado por la dependencia estatal para evitar el traslado al reclusorio Norte en la Ciudad de México de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, ‘La Coneja’.
Igual presentó un recurso de revisión en contra de la sentencia del Décimo Tribunal Colegiado, que resolvió el conflicto competencial 4/201, que corresponde al proceso penal por el desvío de 250 millones del erario de Chihuahua a campañas priistas de diferentes entidades, a favor del juez de Distrito Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México.
El consejero jurídico de Chihuahua, Jorge Espinoza, informó que están por establecer un recurso de revocación contra el acuerdo de la SCJN, porque resolvieron a priori y no tocaron el fondo del asunto de un recurso promovido contra el juez federal Gerardo Moreno, quien le quitó la calidad de víctima al estado de Chihuahua.
“El recurso lo consideró improcedente porque no tenemos el carácter de víctima que aún teníamos en ese tiempo (cuando presentaron el recurso ante la SCJN), pero se tardó alrededor de un mes. Se presentó a principios de abril y se tardó; en aquel tiempo lo teníamos (el carácter de víctima). Ya desde mayo que lo desconoce el juez Moreno, ya no lo somos”, denunció Espinoza Cortés cuando presentaron el recurso.
El juez Gerardo Moreno desconoció al gobierno estatal como víctima en el caso de peculado agravado contra Gutiérrez Gutiérrez durante una audiencia, y el Ejecutivo de Chihuahua interpuso un amparo que aún no se resuelve. El caso todavía se encuentra en la SCJN.
Fuente: Apro
