Por Pablo Gómez
Según la Constitución, algunos funcionarios no pueden ser penalmente procesados. Eso se llama “fuero constitucional”. ¿Quiénes son? El presidente de la República, diputados y senadores, ministros de la Corte, magistrados de la sala superior del TEPJF, fiscal general (hoy procurador), consejeros del INE, secretarios de Estado y consejeros de la Judicatura. Se les llama “aforados”.
Para que se les inicie proceso penal, se requiere un permiso de la Cámara de Diputados, a través de una especie de juicio. En el caso del presidente de la República es necesario el voto de las dos cámaras del Congreso.
Lo que se votó el pasado martes 27 de noviembre en San Lázaro era la cancelación de ese sistema. El nuevo hubiera consistido en que algunos de esos funcionarios no tendrían inmunidad (consejeros de la judicatura y secretarios de Estado) porque no son titulares de poderes públicos. Los demás serían sujetos de proceso penal en libertad, como cualquiera otra persona que estuviera bajo fianza. Cuando el juez los sentenciara, se irían a la cárcel, también como cualquiera, porque ya no se mantendrían en su respectivo cargo.
El nuevo sistema propuesto es sencillo, sin recovecos y sin mentiras.
Pero este tercer intento de abolir el fuero fracasó por decisión de los mismos que lo bloquearon en las dos ocasiones anteriores.
Para dar cobertura al nuevo bloqueo argumentaron o apoyaron sin decir nada (PAN) que ir a la cárcel antes de tener una “sentencia ejecutoriada”, sino sólo de “primera instancia”, es atentar contra el debido proceso, los derechos humanos, etcétera. Ese encarcelamiento le puede ocurrir a cualquier sentenciado, pero como en este escenario sería un político, entonces se le considera diferente por parte de los bloqueadores.
La inmunidad de los titulares de los poderes públicos no es un asunto del sistema penal sino del sistema político de la Constitución. Se trata de impedir que una autoridad menor y sin previo juicio pueda privarles de la libertad y, de esa forma, impedir el normal funcionamiento de tales poderes. ¿Qué hacer cuando alguno de sus integrantes posiblemente cometió un delito? Pues abrir el proceso penal si acaso se acreditan los requerimientos de la ley y bajo el estatuto de presunción de inocencia. Cuando se dicta sentencia condenatoria, ya pasó aquella etapa, por lo que el funcionario pierde inmunidad y cargo, lo que lo lleva a la cárcel como a cualquiera otra persona.
Quienes han bloqueado por tercera vez la abolición del llamado fuero dicen que hay que esperar a que el sentenciado sea confirmado en tal condición en las apelaciones o amparos que interponga. ¿Tendremos legisladores sentenciados votando leyes en el Congreso mientras pasan los años que duran esos recursos judiciales? A eso se le llama fuero de bolsillo.
Sería peor tener altos funcionarios desempeñando sus cargos tranquilamente luego de haber sido sentenciados, que tenerlos como sospechosos de cometer un delito. A estos últimos, al menos se les puede desaforar en la Cámara de Diputados, pero a los sentenciados en libertad incondicional no se les podría remover de sus cargos durante años.
Si saliera adelante en el Congreso (cosa que es numéricamente imposible) el fuero de bolsillo, todo sería peor que bajo el sistema de “fuero constitucional” que ahora impera. El privilegio sería mayor y más ofensivo. Eso es lo que exigen PAN, PRI, PRD, MC y PVEM, conforme al voto que emitieron el martes 27 de noviembre en San Lázaro.
Sin embargo, esos partidos saben que su planteamiento es imposible por absurdo. Lo que en realidad hicieron fue negar su voto a favor de la abolición del fuero con un falso argumento, con el propósito de bloquear una promesa de campaña de López Obrador y de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PT, PES).
Cierto es que a las y los integrantes de los grupos parlamentarios de la nueva minoría opositora no les hace ninguna gracia abolir el fuero del que ahora gozan y, por tanto, plantean como condición establecer uno nuevo que sería peor y más odioso, pero, sabiendo que su propuesta no es factible por monstruosa, el interés político de impacto inmediato ha sido bloquear a la mayoría parlamentaria y mostrar las garras de una oposición firme.
Hay también otro elemento. Ya se ha visto que el PAN tiene una política de bloqueo, la cual es seguida por sus más recientes aliados, PRD y MC, pero, ¿qué tendría que hacer el PRI haciéndole el juego a Acción Nacional?
Esto es nuevo y nadie se lo esperaba. El vetusto partido puede estar lamiéndose sus profundas yagas, pero eso no le tiene que llevar a convertirse en comparsa de la otra anciana derecha. Si antes fue imposible diferenciar las líneas políticas de uno y otro partido, lo que fue factor relevante del fracaso electoral de ambos, ahora sería suicida para los priistas confundirse con los panistas con tal de bloquear a la nueva mayoría.
El PAN no propuso en la Cámara una sola enmienda al proyecto de abolir el fuero. Todas las reservas estuvieron a cargo de los demás partidos de lo que será la oposición a partir del 1 de diciembre. Acción Nacional sólo votaba en espera de que el proyecto no tuviera la mayoría calificada de dos tercios.
La mentira de los argumentos de quienes votaron en contra se demuestra con el hecho de que, antes, cuando en dos ocasiones se votó la abolición del fuero, ninguno de esos partidos propuso el fuero de bolsillo. ¿Por qué ahora sí lo hicieron? Pues para dar cobertura argumentativa a su bloqueo.
Los dos anteriores proyectos de abolir el fuero fueron congelados en el Senado sin tener que votar en contra ni proponer absolutamente nada. En esta última ocasión, eso no hubiera funcionado porque esos partidos ya no pueden manipular el termostato en el Congreso, por lo que tuvieron que votar en contra directamente.
La abolición del fuero, sin engaños ni simulaciones como es el fuero de bolsillo, terminará por imponerse porque la política de bloqueo se irá haciendo insostenible. Pronto.
Fuente: Proceso
