Fin de año ominoso

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Por John M. Ackerman

El joven periodista veracruzano Gumaro Pérez Aguilando, de 34 años, fue ejecutado a sangre fría el pasado martes 19 mientras observaba a su pequeño hijo de seis años participar en el festival navideño de su escuela primaria Rafael Aguirre Cinta, ubicada en Acayucan, Veracruz. Pérez era un periodista muy respetado en la zona que cubría la fuente policiaca.

Con este nuevo asesinato México empata con Siria, nación inmersa en una brutal guerra civil, con la mayor cantidad de periodistas asesinados, 12, durante 2017, de acuerdo con la organización internacional con sede en París Reporteros Sin Fronteras (véase: https://rsf.org/es).

El mismo martes 19, el polémico youtuber Juan Luis Lagunas Rosales, de unos 25 años, fue asesinado por un comando que irrumpió en un bar de Zapopan, Jalisco, donde Lagunas convivía con sus amigos. Unos días antes de su muerte, el joven había publicado un video crítico de los líderes del Cártel de Jalisco Nueva Generación.

El mensaje queda perfectamente claro. Quien manda en Veracruz, en Jalisco, y en todo el país, son los delincuentes. También es evidente que estos delincuentes no sólo se encuentran en la sociedad sino también dentro de las mismas oficinas gubernamentales responsables de garantizar la seguridad pública y la procuración de justicia. Nuestras instituciones públicas están totalmente colapsadas e infiltradas.

Pero el verdadero origen del problema de la violencia y la impunidad se encuentra en las autoridades electorales. Quienes generan las condiciones para que los sicarios de a pie puedan cometer tantos imperdonables actos de barbarie son los malandros de saco y corbata.

Apenas un día antes de las ejecuciones de Pérez y Lagunas, el lunes 18, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) nombró a un exsubordinado de José Antonio Meade, Lizandro Núñez Picazo, como el nuevo titular de la Unidad Técnica de Fiscalización. Ello apenas unos días después de que Meade había nombrado a Aurelio Nuño como su coordinador de campaña.

Se sabe que cuando fungía como jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, entre 2012 y 2015, Nuño fue pieza fundamental en las negociaciones partidistas para lograr la llegada de su amigo Lorenzo Córdova a la presidencia del INE. Todo parece indicar que el consejero presidente ahora le devuelve el favor al coordinador de campaña, colocando a un funcionario dócil listo para hacerse de la vista gorda frente a los enormes flujos de dinero ilegal que seguramente lubricarán las campañas priistas.

Recordemos que la Comisión Monex de la Cámara de Diputados reveló que Peña Nieto rebasó más de 14 veces el tope de gasto de campaña en 2012. Altos funcionarios de la empresa trasnacional Odebrecht también han revelado, en declaraciones juradas dadas a conocer por la prensa, que trabajaron con Emilio Lozoya para aceitar la campaña de Peña Nieto con 4 millones de dólares. Y Carmen Aristegui ha divulgado el llamativo vínculo entre el financiamiento a las tarjetas Monex e importantes operadores del Cártel de Juárez, también durante 2012 (véase: http://bit.ly/2BnfcCT).

Asimismo, la prensa nacional ha informado sobre la probable triangulación de millones de pesos desde la Secretaría de Hacienda, cuando la encabezaba Luis Videgaray, a las campañas políticas del PRI en Chihuahua, Veracruz y Tamaulipas durante 2016. De acuerdo con las declaraciones de Jaime Herrera, secretario de Hacienda en el gobierno de César Duarte, divulgadas por el periódico Reforma, el desfalco al erario alcanzó la cantidad de 250 millones de pesos solamente en ese estado. El mecanismo utilizado para ello habría consistido en compras simuladas de “cursos de capacitación educativa” inexistentes para canalizar los recursos públicos al PRI.

Hace unos días también hubo una denuncia importante de parte del comediante Facundo, quien divulgó que el Partido Verde le había ofrecido 2 millones de pesos en efectivo para enviar unos tweets a favor de ese partido, aliado con el PRI, el día de las elecciones federales de 2015 (véase: http://bit.ly/2BbfcWD). “Ese día, que me ofrecieron 2 millones de pesos, seguro se movieron más de 300 millones de pesos en efectivo. Seguro que Miguel Herrera cobró 10 o 5, y los otros en la lista son güeyes que cobran más que yo y tuitearon dos o tres veces… ¿De dónde chingados salió esa lana? Pues no sé si de Duarte, del narco o de dónde… ¿Cómo te informas cuando le están dando 2 millones de pesos a un güey para que se calle algo y a otro para que diga algo, no?”

¿Existe alguna vinculación entre el asesinato de periodistas, comunicadores y defensores de derechos humanos y el flujo de dinero ilegal durante las campañas políticas?

Desde luego que sí. La impunidad, la corrupción y el descontrol gubernamental se compran a partir de las mismas campañas políticas. Cuando quienes “ganan” elecciones lo hacen mediante el uso de cuantiosos recursos ilegales para comprar votantes, operadores y comunicadores, una vez que ocupan sus cargos tienen que devolver estos favores a sus patrocinadores.

El nombramiento de Núñez Picazo y la ejecución de Pérez Aguilando constituyen entonces dos lados de la misma moneda.

Si Córdova y los otros consejeros electorales permiten que en 2018 se repitan los mismos esquemas de financiamiento ilegal de campañas, de compra y coacción del voto de 2012, ellos serán los responsables del baño de sangre y la represión que inevitablemente acompañarían al nuevo gobierno fraudulento y espurio.

“¿El océano entero podrá lavar la sangre de mis manos, o mis manos teñirán el verde mar en una mancha escarlata?”, preguntó desesperado Macbeth a su esposa después de su crimen de ambición. “Un poco de agua limpiará el delito”, le respondió primero su cómplice. Pero con el tiempo Lady Macbeth se dio cuenta de que por mucho que se frotara las manos jamás podría deshacerse de la evidencia de su crimen. “¡Oh! ¿No quedarán limpias nunca estas manos…?”, exclama la mujer de Macbeth, y finalmente acepta: “lo que ha sido hecho, no puede ser deshecho”.

www.johnackerman.blogspot.com

Twitter: @JohnMAckerman

Fuente: Proceso

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