Elude Calderón juicio en la Corte Penal Internacional con ayuda de EPN

El gobierno mexicano emprendió una ofensiva para evitar un juicio en la Corte Penal Internacional contra Felipe Calderón, por el sinnúmero de delitos de lesa humanidad perpetrados merced a su guerra contra el narco. Todo parece indicar que el gobierno de Peña Nieto teme una ampliación de la indagatoria en la cual se incluyan crímenes cometidos en esta administración, como los de Tlatlaya y Ayotzinapa. Así, presiona a la fiscal a cargo del expediente e incluso fanfarronea con la cantidad de dinero que dona al tribunal.

Por Jorge Carrasco/ Proceso

Desde finales del año pasado el gobierno de Enrique Peña Nieto comenzó a presionar intensamente a la Corte Penal Internacional (CPI) para impedir que ese tribunal de las Naciones Unidas investigue y sancione las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el sexenio de Felipe Calderón.

Aunque en el gabinete presidencial hay diferencias por defender al ex presidente panista, el Gobierno Federal decidió desplegar un intenso cabildeo —incluso con referencias a las aportaciones económicas que hace a organismos internacionales— para evitar que la comunidad internacional indague y sancione las violaciones graves cometidas por agentes estatales y los grupos de la delincuencia organizada entre 2006 y 2012.

Ante la cercanía del pronunciamiento de la CPI sobre la denuncia contra Calderón presentada en septiembre pasado por tres organizaciones no gubernamentales, una delegación de funcionarios de la Secretaría de Gobernación (Segob) y de la Procuraduría General de la República (PGR) viajó a La Haya, Holanda, sede de la Corte, para evitar que la fiscal Fatou Bensouda admita a análisis preliminar la denuncia enderezada contra Calderón y el ex secretario de la Defensa Nacional, el ahora general retirado Guillermo Galván.

A esa denuncia se suma la presentada ante la misma CPI por otras organizaciones, en la que también se pide investigar por crímenes de guerra al ex secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, a Joaquín “El Chapo” Guzmán y a otros narcotraficantes, pero en la cual se señala a Calderón como el principal responsable de las miles de ejecuciones, desapariciones y desplazamientos forzados durante su sexenio.

El área de Derechos Humanos de la Segob, a cargo de la subsecretaria Lía Limón, y la de Asuntos Internacionales de la PGR, dirigida por la subprocuradora Mariana Benítez, se sumaron a las gestiones que encabeza la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Personal de ambas áreas viajó al comienzo del año a La Haya para evitar que ese tribunal siquiera analice las distintas peticiones contra el Estado mexicano.

Para su decisión, la fiscal Bensouda ha recabado información sobre la cadena de mando en las diferentes áreas del Gobierno Federal acusadas de graves violaciones a los derechos humanos entre diciembre de 2006 y noviembre de 2012, así como de las sanciones del Estado mexicano en los crímenes contra la humanidad perpetrados por la delincuencia organizada.

En La Haya, el principal operador de la defensa de Calderón es el embajador ante los Países Bajos, Eduardo Ibarrola Nicolín, designado para esa tarea por el ex presidente y ratificado por Peña Nieto. La estrategia del también ex subprocurador de Asuntos Internacionales de la PGR se complementa con la defensa particular de Fernando Gómez-Mont, secretario de Gobernación entre 2008 y 2010.

Ristra de irregularidades

Las denuncias contra Calderón se acumulan en la CPI. La primera la presentaron en octubre de 2012 diversas ONG. En diciembre de ese año el ex gobernador coahuilense Humberto Moreira presentó otra y en septiembre pasado, la Comisión Mexicana para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (CMPDDH), la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste demandaron al ex presidente y al ex secretario de la Defensa Nacional por la tortura de 95 personas en Baja California a manos de efectivos de la II Región Militar e integrantes de la Policía Estatal Preventiva.

Paulina Vega, vicepresidenta de la FIDH, asegura que el caso de México ha representado mucha presión para la CPI. Además, hasta de los casos de Tlatlaya y Ayotzinapa había un gran desconocimiento internacional sobre la impunidad de las violaciones a los derechos humanos en México.

La posición del Gobierno mexicano es que la CPI sobrepasaría sus funciones en caso de que decidiera analizar la denuncia contra Calderón, dice la también ex coordinadora regional para América Latina y el Caribe de la Coalición de Organizaciones No Gubernamentales por la CPI.

Con ese argumento, el gobierno de Peña Nieto quiere evitar que México se sume a la lista de los 17 países africanos, asiáticos y latinoamericanos investigados o bajo examen preliminar por graves violaciones a los derechos humanos.

La CPI tiene abiertas nueve indagatorias, todas contra países africanos: República Democrática del Congo, Uganda, dos contra la República de África Central, Sudán, Kenia, Libia, Costa de Marfil y Malí. En examen preliminar se encuentran Afganistán, Colombia, Nigeria, Georgia, Guinea, Honduras, Irak y Ucrania. El Gobierno mexicano está haciendo todo lo posible para no entrar a ese grupo. El propósito de las investigaciones es llevar a los tribunales y condenar a los altos funcionarios que resultaran responsables.

José Guevara, director ejecutivo de la CMPDDH, asegura que a pesar del cabildeo, el Gobierno mexicano no ha podido presentar a la fiscal Bensouda información sobre averiguaciones previas consignadas ante la justicia y mucho menos sentencias contra funcionarios de primer nivel señalados como responsables de crímenes graves. “No lo ha hecho sencillamente porque no existen, al menos en el caso de la denuncia que presentamos por la tortura en Baja California”.

Considera que la apuesta del gobierno de Peña Nieto es mostrar que México está abierto a la cooperación internacional en materia de derechos humanos, por lo cual sería innecesaria una intervención de la CPI.

“No quiere que la CPI ponga los pies en México, y se ha dedicado a minar la capacidad de la Corte”, añade el extercer visitador general de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

La defensa

El cabildeo del peñanietismo se intensificó ante la cercanía de la decisión de la fiscal respecto de la denuncia promovida contra el expresidente por las denuncias de tortura en Baja California. Ha habido acercamientos con la también exfiscal general de Gambia tanto en la Asamblea General de los Estados Partes (AEP) como en reuniones privadas.

Durante la decimotercera sesión de la AEP del Estatuto de Roma de la CPI, en diciembre pasado en la sede la ONU, en Nueva York, el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, Juan Manuel Gómez Robledo, fue tajante: México rechaza los exámenes preliminares, como la demanda que está en análisis contra Felipe Calderón.

En su intervención ante el pleno de los 122 países miembros de la CPI, el 10 de diciembre, Gómez Robledo dijo que la Corte no tiene esa función y propuso ponerle un candado a los exámenes preliminares a través del establecimiento de criterios o incluso mediante un mecanismo de revisión judicial.

Cuestionó el concepto de “complementariedad positiva”, mediante el cual la CPI puede ayudar a los países miembros a fortalecer sus capacidades en la procuración de justicia y en la sanción de los responsables de violaciones a los derechos humanos.

A la Corte no le toca esa tarea, según el subsecretario: “Tenemos dudas crecientes respecto de si corresponde a un órgano judicial, como es la Corte, asumir funciones que no tiene bajo el Estatuto de Roma, aun de carácter informal e indirecto, que corresponden más a la naturaleza y mandato de otras instituciones creadas expresamente para ese fin”.

Aseguró que México no requiere del auxilio del tribunal de Naciones Unidas porque tiene la capacidad de investigar y sancionar por sí mismo las violaciones de garantías individuales, además de que está “totalmente abierto al escrutinio internacional en materia de derechos humanos”.

Sin hacer mención directa de la ­desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Gómez Robledo refirió que en un reciente caso “que ha indignado al gobierno y a la sociedad en su conjunto”, México pidió apoyo técnico a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para “dotar de credibilidad a las actuaciones del Estado”.

Además, dijo que el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU “genera políticas públicas, como está ocurriendo en mi país”. También mencionó la presencia en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Comité Internacional de la Cruz Roja.

Por si eso fuera poco, abundó, “en el contexto de la Declaración de Alto Nivel sobre Estado de Derecho de 2012, mi país impulsó el establecimiento de compromisos, hechos por Estados de todas las regiones, que incluyen objetivos específicos en torno al Estatuto de Roma”, en vigor desde 2002.

Ante el creciente cuestionamiento internacional sobre la capacidad de México de evitar matanzas y desapariciones forzadas, mencionó que el país participa “en las negociaciones de los objetivos de desarrollo sostenible post 2015 en la promoción del estado de derecho”. Es más, anunció que el Gobierno estaba convocando a una reunión internacional en su territorio, durante este año, para fortalecer el tribunal internacional.

Para la administración de Peña Nieto, la CPI no debe intervenir, ni con asistencia técnica, para evitar la impunidad derivada de crímenes de lesa humanidad ocurridos en el sexenio pasado y, mucho menos, en el actual.

Tres días antes de que ocurriera la desaparición de los normalistas, la delegación mexicana participante en el Grupo de Trabajo de La Haya sobre el tema de la complementariedad argumentaba con énfasis el rechazo de México. En un documento de trabajo catalogado como confidencial, al que tuvo acceso Proceso, se estableció que durante la decimotercera sesión de la AEP se debía rechazar la asistencia técnica de la CPI, como finalmente estableció Gómez Robledo.

El dinero

La postura mexicana, que también ha sido expresada en consultas bilaterales, recurre al tema del presupuesto para obstaculizar la función de asistencia de la CPI. El gobierno de Peña Nieto argumenta: esa Corte ya tiene mucho quehacer y poco dinero, no hay que darle más tareas. Que se centre en los Estatutos de Roma y no vaya más allá.

Desde su posición como décimo donante del tribunal internacional, de un total de 122 países, el gobierno mexicano asegura que la oficina de la fiscal de la CPI, a cargo de los exámenes preliminares, gasta dinero en tareas de fortalecimiento de capacidades nacionales que no le corresponden. Menciona que las actividades de la asamblea y de la CPI en reuniones, preparativos, negociaciones o traducciones merman el presupuesto de la Corte.

Según México, la oficina de la fiscal carece de mandato para impulsar los procedimientos nacionales de investigación y sanción. “Su independencia de persecución de los delitos no debe de sobrepasar sus funciones”. Los esfuerzos para promover un enfoque “preventivo” de fortalecimiento de las jurisdicciones nacionales para que los casos no lleguen a la CPI están más allá del mandato de la propia Corte, insiste.

Directa, la delegación mexicana dijo que quería hacer valer su calidad de donante: “México es uno de los principales contribuyentes a la Corte Penal Internacional y tiene un legítimo interés como Estado Parte del Estatuto de Roma en el tema mencionado. Apreciaríamos que se le diera la debida consideración a estas preocupaciones”.

De acuerdo con los anexos de la resolución de la decimotercera sesión de la asamblea, México ocupa el décimo lugar de donadores con más de 27 millones de euros (458 millones 460 mil pesos) desde que reconoció la jurisdicción de la CPI en 2005.

Fuente: Proceso