Europa rechaza tratado antipiratería

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El Parlamento Europeo rechazó definitivamente este miércoles el tratado antipiratería ACTA, enterrando así cualquier posibilidad de que la UE ratifique este polémico acuerdo internacional que, según sus detractores, amenaza las libertades individuales, en particular la de los internautas.

 

En total 478 parlamentarios votaron en contra, 39 a favor y 165 se abstuvieron, dando un revés a la Comisión Europea, que deseaba firmar este texto para defender los intereses económicos de las empresas víctimas de la piratería y de las copias.

 

El ACTA fue firmado en enero por 22 de los 27 gobiernos de la Unión Europea, así como por Estados Unidos, Japón, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Singapur, Corea del Sur, Suiza, México y Marruecos.

 

Esta votación se produce después de tres años de movilización de los detractores del texto: centenares de miles de personas se han manifestado contra el acuerdo y se han recabado 2,8 millones de firmas contra el ACTA.

 

En las últimas semanas, todas las comisiones parlamentarias consultadas se pronunciaron en contra del acuerdo.

 

En el debate del martes, sólo una parte de los conservadores defendió el ACTA. Poco antes de la votación, pidieron sin éxito que el Parlamento esperara, antes de pronunciarse, a que el Tribunal Europeo de Justicia dictamine si el texto se ajusta al derecho europeo.

 

El relator del texto, el laborista británico David Martin, reconoció la importancia de la lucha contra la piratería y las copias, pero se opuso al ACTA por su carácter “ambiguo” y por tanto “peligroso” para las libertades individuales.

 

Uno de los puntos más polémicos era, según sus detractores, la posibilidad de que las empresas proveedoras de acceso a internet comunicaran a los titulares de los derechos de las obras, las direcciones IP de los internautas sospechosos de realizar descargas ilegales.

 

La conservadora francesa Marielle Gallo explicó que este temor se debe a la “desinformación”. Según ella, la entrada en vigor del ACTA no habría supuesto la “criminalización de los jóvenes adolescentes que hacen descargas ilegalmente”.

 

Fuente: Prensa Libre

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