En noviembre se realizarán las audiencias donde se definirá si se suspenden los procesos penales o se declara la apertura del juicio contra el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, por los casos Odebrecht y Agronitrogenados.
La juez Verónica Gutiérrez Fuentes programó para los días 4 y 7 de noviembre la realización de ambas diligencias, ya que argumentó que dichos procesos no pueden continuar en la indefinición.
El abril pasado, el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, José Artemio Zúñiga Mendoza aplazó hasta nueva fecha la audiencia del ex funcionario, donde la Fiscalía General de la República (FGR) busca acusarlo por los delitos asociación delictuosa, cohecho y lavado de dinero.
El pasado 12 de abril, el impartidor de justicia canceló la diligencia de Lozoya Austin, para formalizar el criterio de oportunidad y la reparación del daño sólo en el proceso Odebrecht, por más de 7.3 millones de dólares.
En ese entonces, la defensa del ex funcionario, a cargo del abogado Miguel Ontiveros, solicitó reprogramar la diligencia hasta nuevo aviso, ya que inició pláticas con la FGR y la empresa petrolera para delimitar, redactar y concretar el acuerdo reparatorio en el caso Agronitrogenados.
Lozoya Austin busca un acuerdo que se cumpliría en pagos anuales para cubrir las exigencias de Pemex y la FGR. Además, intentará ser testigo protegido y concretar el criterio de oportunidad, por lo cual tendrá que aportar elementos suficientes para procesar a sus presuntos cómplices, lo cual hasta el momento no ha ocurrido.
La defensa legal del ex director general de Pemex, quien permanece preso en el Reclusorio Norte, pretenden que la negociación permita que su cliente recupere la libertad y se retiren las acusaciones contra su madre, Gilda Austin; su hermana Gilda Susana, y su esposa, Marielle Helene Eckes. Para ello, está dispuesto a entregar en garantía diversos inmuebles a fin de cubrir la reparación del daño causado al erario federal.
Emilio Lozoya Austin ha ofrecido pagar 10.7 millones de dólares por concepto de reparación del daño para obtener un acuerdo reparatorio y un criterio de oportunidad, para que se suspendan los procesos penales en ambos casos.
Fuente: La Jornada
