Por Antonio Gershenson
Por estas páginas nos enteramos del gran aumento de la deuda pública con el exterior, por supuesto que en dólares. De 125 mil millones de dólares en el principio de este gobierno, a 150 mil millones, en números redondos. Tenemos un lento crecimiento económico y no está nada claro de dónde se podría pagar.
Tenemos que recordar una experiencia anterior, la del llamado macropréstamo a principios de 1995. El gobierno de Carlos Salinas de Gortari logró heredar sus deudas al siguiente, el de Ernesto Zedillo. Éste firmó un, digamos, macropréstamo. El gobierno estaba superendrogado y los prestadores fijaron tremendas condiciones, que fueron aceptadas.
En unos casos, se seguía con la privatización, y en otros se iniciab, de ferrocarriles, comunicaciones vía satélite, plantas de energía eléctrica, sistema bancario, puertos, aeropuertos y plantas petroquímicas. En este contexto, las autoridades se comprometen a llevar a cabo operaciones de privatización y concesión que se estima generarán alrededor de 6 mil millones de dólares en 1995 y de 6 a 8 mil millones de dólares en los dos años siguientes.
En pocas palabras, se pagaba la deuda con bienes de la nación, incluso estratégicos.
Yo era asesor de la que sería la Comisión de Energéticos de la Cámara de Diputados, con lo que no sólo me enteré del proceso de las petroquímicas, sino que participé en él. Y fue una sucesión de fracasos de los intentos de privatización de plantas.
El gobierno de Zedillo, al fracasar esta última privatización, quiso hacerlo con el sector eléctrico. Propuso al Congreso la privatización de las plantas eléctricas de la nación, cambiando los artículos 27 y 28 de la Constitución. Se enviaron al Senado en febrero de 1999. Poco menos de año y medio antes de las elecciones presidenciales.
Hubo una enorme resistencia. Se movilizó el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). También varias secciones, que volvieron a ser democráticas, del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (Suterm) y varios otros sectores.
Para Zedillo se acercaba peligrosamente la fecha de las elecciones. Todavía no se sabía que el Partido Revolucionario Institucional perdería por primera vez las elecciones, pero había un temor al respecto. Unos tres meses antes de las elecciones, el Senado rechazó el proyecto privatizador de la electricidad.
Fue la segunda vez que se frenaba el intento de privatizar la energía. El anterior, iniciado por las entregas petroleras de Miguel Alemán, fue derrotado totalmente en 1960 al reformarse el artículo 27 de la Constitución, prohibiendo el contratismo y en general la participación privada en el petróleo, y además nacionalizando la industria eléctrica.
El actual gobierno, con su tremendo endeudamiento en sólo dos de los seis años, puede enfrentar un problema similar al de Zedillo.
Podría lograr, como hizo Salinas de Gortari, echarle la bronca a su sucesor. Pero, insistimos, van sólo dos de los seis años. Y si lo tiene que enfrentar, tiene un gran problema frente al mencionado caso anterior: todo lo que entonces pidieron los prestadores ya se les concedió, unos entonces, otros después y otros en el régimen actual. Entonces, ¿qué podrían exigir los prestadores al que solicita el megapréstamo? A estas alturas ya prácticamente todo eso está ya entregado o en proceso de entrega.
No se ve fácil que copien, con otro u otros estados, a Santa Ana con la venta de Texas. Aunque teóricamente podrían intentarlo, está por verse si la gente se deja.
¿Qué más se puede ofrecer? ¿Una aún mayor entrega económica? ¿De dónde? ¿De dónde puede el gobierno sacar tantísimo dinero, si ya lo entregó o comprometió todo?
Tratará de exprimir en todo lo posible a la población, acaba de haber un mayor aumento al precio de la gasolina y del gas, pero eso no alcanza.
Vale la pena revisar lo que ya sucedió y los problemas que se presentaron. Ahora debemos agregar los asesinatos colectivos ydesapariciones, el desprestigio nacional e internacional por la reforma energética, que ya hemos mencionado, y demás.
Fuente: La Jornada
