Si el presidente y sus gobernadores protegidos no entienden el diáfano mandato de las urnas, no sólo precipitarán al país en otra grave crisis política. También se estarán sepultando como partido y les sucederá lo que canta la copla popular de los enterrados boca abajo: por quererse salir se van siempre más pa’bajo.
Por Víctor M. Quintana S.
Aquí no tuvimos Brexit el 24 de junio, pero sí Duartexit el 5 del mismo mes. El candidato a gobernador del PRI obtuvo poco más de 400 mil votos, pero sumados los votos de los candidatos del PAN, del independiente, de Morena, PRD Y Movimiento Ciudadano, arrojan más de 855 mil. Es decir que dos de cada tres votantes le dijeron a Duarte y a su partido que se vayan.
Ese mandato contundente de la voluntad popular pretende ahora ser desobedecido por César Duarte y la parte del PRI que él controla. Hay que reconocer que Duarte no tiene la ambición de Hitler de fundar un régimen que dure mil años, pero cuando menos que le dure lo que se necesite para permanecer impune.
Pareciera que el mandatario chihuahuense está haciendo lo imposible por no aparecer en la foto que es su pesadilla: el próximo 4 de octubre, en la ceremonia de cambio de poderes, él mismo entregándole la gubernatura a Javier Corral, quien le prometió al electorado llevarlo ante la justicia.
Para comenzar, Duarte no ha reconocido el triunfo de Corral. Ni siquiera ha valorado públicamente el hecho de que la ciudadanía chihuahuense haya superado su abstencionismo inercial y haya aumentado en 9 puntos porcentuales su participación electoral. Además, el que no haya habido incidentes mayores en los comicios y que se hayan instalado la mayoría de las casillas.
Todo lo contrario: para desesperación de sus correligionarios más sensatos, Duarte ordena a su partido impugnar la elección a gobernador ante el Tribunal Estatal Electoral. Las razones: que “sobraron” 170 mil boletas no utilizadas y que el Instituto Estatal Electoral no capacitó a los funcionarios de casilla. El gobernador ejerce una enorme presión sobre los magistrados del tribunal para que resuelvan dándole la razón a la endeble impugnación tricolor. Lo que pretende es que el actual Congreso del Estado, con mayoría priista, aliada con PVEM, PRD, MC, Nueva Alianza y PT, una vez anuladas las elecciones a gobernador, nombre un interino que se preste a preparar una entrega-recepción que cierre el círculo de impunidad y así él no tenga que aparecer en la foto de sus pesadillas.
Más todavía: el lunes pasado, en sesión extraordinaria, la pandilla priista y sus partidos satélites en el Congreso torcieron burdamente la Ley de Disciplina Financiera para quitarle la obligación al gobierno saliente de pagar la deuda a corto plazo antes de 90 días del cambio de poderes. Es decir, le salvan el pellejo a Duarte y le endilgan el pago al gobierno de Corral. Mal habrá éste recibido el cargo cuando al bajar del pódium estarán esperándolo los cientos de acreedores que le está heredando la corrupción duartista. Ahora se están aprestando para dar otro madruguete y en sesión extraordinaria aprobar la bursatilización, ya sea de las participaciones federales, ya sea de los ingresos carreteros, ya sea de ambos.
El Gobierno saliente está ya torpedeando el proceso de entrega-recepción: hay denuncias constantes de sustracción o destrucción de documentos y bases de datos; de cese o persecución a funcionarios y funcionarias y empleados que conocen mucho de los malos manejos del actual gobierno pero que no han actuado como cómplices suyos.
Desde el Palacio de Gobierno se está tratando de provocar desestabilización entre la sociedad chihuahuense, como se demuestra en los provocadores infiltrados en la airada manifestación del miércoles 22. Se infiltra y se criminaliza la protesta social. Por otro lado, se incrementan de nuevo los delitos como robos y ejecuciones.
En Chihuahua sucede algo parecido a los “candados” que Pinochet le impuso a Chile antes del retorno a la democracia: así como en el Legislativo, Duarte trata de hacer pasar leyes que le garanticen impunidad, mayor endeudamiento y nombrar una terna de incondicionales para la Fiscalía Anticorrupción, así en el Judicial, la designación de magistrados y más jueces no sólo significará una mayor carga financiera para el nuevo gobierno, sino también una continuidad del duartismo en la administración de la justicia. Candados y contrapesos ilegales a la democracia rescatada. Lo mismo pasa en Veracruz y en Quintana Roo.
De nuevo en Chihuahua, en lo regional, se expresa, se refleja, se prefigura lo nacional. A Duarte podemos cambiarle de nombre o de nombre de apellido y ubicarlo en Veracruz o en Quintana Roo o en Tamaulipas pero lo esencial no cambia: lo peor del PRI, los más corruptos y autoritarios cacicazgos regionales están saboteando los procesos de transición. Si las razones de la renuncia de Manlio Fabio Beltrones a la presidencia del tricolor son las que se rumoran, habría que pensar que este sabotaje cuenta con el apoyo de Peña Nieto, que el régimen es rehén de la caquistocracia: el gobierno de los peores.
Si el presidente y sus gobernadores protegidos no entienden el diáfano mandato de las urnas, no sólo precipitarán al país en otra grave crisis política. También se estarán sepultando como partido y les sucederá lo que canta la copla popular de los enterrados boca abajo: por quererse salir se van siempre más pa’bajo.
Fuente: El Diario
