Por Jesús Cantú
A menos de dos meses de la elección presidencial y con José Antonio Meade –candidato de la coalición Todos por México, encabezada por el PRI– en un lejano tercer lugar en las encuestas, el presidente Enrique Peña Nieto decidió cambiar de dirigente nacional y apostar nuevamente por un experimentado político para sustituir a un tecnócrata.
Con la sustitución de Enrique Ochoa Reza por René Juárez en la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Peña Nieto suma la quinta designación de dirigente de partido, si se considera que fue él quien impulsó a Humberto Moreira el 4 de marzo de 2011 a dicha posición, precisamente para que le pavimentara el camino a su candidatura. El primer cambio de dirigente lo tuvo que realizar obligado en diciembre de ese mismo año, cuando se destapó el escándalo de la deuda que Moreira había heredado a Coahuila, el estado que había gobernado precisamente hasta marzo de 2011, cuando renunció a la gubernatura, antes de concluir su mandato.
Peña Nieto se autodestapó como el candidato tricolor a la Presidencia de la República en el noticiario estelar de Televisa, conducido por Joaquín López Dóriga, el 19 de septiembre de 2011, unos días después de haber dejado la gubernatura del Estado de México, y el 17 de diciembre siguiente recibió su constancia como candidato del PRI a la Presidencia de la República.
Unos días antes, el 2 de diciembre, se dio la renuncia de Moreira, y Peña Nieto lo reemplazó con Pedro Joaquín Coldwell, quien asumió el día 28 de ese mismo mes y estuvo como líder priista poco menos de un año, hasta el 30 de noviembre de 2012, un día antes de asumir como secretario de Energía en el gobierno de Peña Nieto. Coldwell, experimentado político, entregó buenas cuentas en materia electoral pues, más allá de ganar la Presidencia, el PRI recuperó las gubernaturas de Chiapas y Michoacán y logró el gobierno en 21 entidades federativas, cuatro más del hasta entonces mínimo de 17, que se mantuvo de 2002 a 2007.
Entró al relevo de Joaquín Coldwell el exgobernador mexiquense César Camacho, quien se mantuvo como dirigente nacional hasta el 20 de agosto de 2015, tras entregarle buenas cuentas en las elecciones intermedias de ese año, cuando logró que el PRI y sus partidos satélites (PVEM y Panal) consiguieran la mayoría en la Cámara de Diputados, que les ha permitido aprobar varias leyes sin necesidad de negociar con la oposición, como fue el caso de la Ley Chayote y la de Seguridad Interior. En las gubernaturas recuperó Guerrero y Sonora, pero perdió nuevamente Michoacán, Querétaro y Nuevo León, aunque este último a manos del primer gobernador independiente de México, Jaime Rodríguez Calderón, con lo cual el saldo era de 20 gobiernos estatales.
Sin embargo, Camacho Quiroz dejó la dirigencia para incorporarse a la nueva Cámara de Diputados y entró al relevo Manlio Fabio Beltrones, con quien se inició la debacle: en las elecciones estatales de 2016 perdió cuatro de los bastiones tricolores: Durango, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz, además de que el PAN recuperó Aguascalientes y Chihuahua. El PRI, en contrapartida, logró recuperar Oaxaca y Sonora. La estrepitosa derrota electoral que condujo a los priistas a quedarse únicamente con 16 gubernaturas (si se considera como tricolor, ya que participó en la alianza, Chiapas) obligó a la renuncia de Beltrones el 20 de junio de ese mismo año, es decir, su liderazgo duró escasamente 10 meses.
Aquí vino el cambio de rumbo. Peña Nieto optó por un tecnócrata: Enrique Ochoa Reza, que en las elecciones estatales de junio de 2017 logró mantener los bastiones priistas del Estado de México y Coahuila, si bien perdió nuevamente la gubernatura de Nayarit, con lo que el PRI se quedó en el gobierno únicamente en 15 entidades, el número más bajo en toda la historia del priismo; sólo el triunfo en las dos primeras fue una razón suficiente para sostenerlo en el cargo.
Sin embargo, en este proceso electoral las encuestas reflejan un debilitamiento nacional del PRI: en tercer lugar en las preferencias en la elección presidencial de este 2018 y el rumor constante de que habrá cambio o declinación de Meade a favor del candidato de Por México al Frente, Ricardo Anaya; también un tercer lugar en las encuestas sobre la composición del Congreso, y con posibilidades reales de ganar únicamente la gubernatura de Yucatán, pues en las otras ocho entidades ni siquiera está en la pelea.
Este cambio tan frecuente de dirigentes nacionales del PRI únicamente tiene parangón con los siete presidentes que designó Ernesto Zedillo, quien entregó la Presidencia a un candidato de oposición en el 2000. Zedillo fue destapado el martes 29 de marzo de 1994, tras el asesinato de Luis Donaldo Colosio, y el 13 de mayo siguiente reemplazó a Fernando Ortiz Arana como presidente del PRI, quien había intentado ser el candidato en sustitución del malogrado Colosio, por Ignacio Pichardo Pagaza. Sin embargo, en ese año la elección se celebró el 21 de agosto, con lo cual todavía restaban poco más de tres meses para la elección y en esos momentos el abanderado tricolor encabezaba las preferencias electorales.
Después de la designación de Pichardo Pagaza, Zedillo realizó otras seis, prácticamente una por año: María de los Ángeles Moreno, el 3 de diciembre de 1994; Santiago Oñate –quien negoció la reforma electoral de 1996, junto con Emilio Chuayfett como secretario de Gobernación–, el 19 de agosto de 1995; Humberto Roque Villanueva, el 15 de diciembre de 1996; Mariano Palacios Alcocer –quien estuvo al frente del PRI en las primeras elecciones legislativas en las que no obtuvo la mayoría en la Cámara de Diputados–, el 11 de septiembre de 1997; José Antonio González Fernández, el 1 de septiembre de 1999, y, finalmente, Dulce María Sauri, el 1 de diciembre de 1999, prácticamente dos meses después del inicio del proceso electoral presidencial del año 2000, que condujo a la primera alternancia en la Presidencia de la República.
Es un intento desesperado por dar un golpe de timón que le permita al PRI detener la espiral descendente en la que se encuentra en estos momentos en las preferencias electorales; sin embargo, la decisión ya es muy tardía. Además, no soluciona el problema de fondo: el altísimo nivel de desaprobación del gobierno de Peña Nieto y la irritación social que existe por los escándalos de corrupción que han sacudido a su gobierno y a los de los exgobernadores priistas.
El impacto en la opinión pública y, por ende, en las preferencias electorales no será suficiente para revertir las tendencias, así que por esa vía la maniobra no tendrá resultados importantes. Puede tener un poco más de impacto si en realidad meten a Juárez Cisneros para operar la estructura del fraude, que fue lo que les funcionó en el Estado de México y en Coahuila en 2017, pero no operado por Ochoa Reza, sino por los gobernadores Eruviel Ávila y Rubén Moreira. Sin embargo, la distancia con el puntero es tan grande que difícilmente la podrán revertir por esa vía, incluso si operan a favor del candidato de Por México al Frente, como ya hicieron en 2006 con Felipe Calderón.
Este análisis se publicó el 6 de mayo de 2018 en la edición 2166 de la revista Proceso.
