La noticia cimbró: el SNTE –domado y sometido tras la detención de Elba Esther Gordillo– se alebrestó de pronto contra la reforma educativa, esgrimiendo argumentos parecidos a los de la CNTE. Parecía que al gobierno federal le estallaba de pronto un nuevo frente de batalla… Pero no es así. La oportuna rebeldía del sindicato oficialista le permitirá a la Segob, a la SEP y a Presidencia dividir a los profesores, fingir que atiende las exigencias de los inconformes, postergar los cambios de calado, fortalecer al gremio “charro” y ganar tiempo.
Por Mathieu Tourliere/Proceso
El jueves 7, el oficialista Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE, que defendió a capa y espada la reforma educativa) desplegó en los principales periódicos una lista de 10 “resolutivos” que exigen la modificación de aspectos fundamentales de esa reforma.
Por medio de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el gobierno federal expresó su entera disposición a discutir estos puntos e instaló de inmediato una mesa de trabajo con el gremio.
Sin embargo, gran parte de los reclamos son idénticos a los que detonaron la insurrección de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) contra la reforma educativa hace tres años, y que la administración de Peña Nieto siempre rechazó negociar.
Es más: también son los mismos que denunció Elba Esther Gordillo Morales –la exdirigente del SNTE– a finales de 2012 e inicios de 2013, cuando anunció que derrumbaría la reforma educativa. Días más tarde, la líder fue detenida y posteriormente encarcelada por desvío de dinero.
El SNTE integró el diálogo en medio de la propagación del movimiento magisterial disidente en el país –que en las últimas dos semanas reportó acciones en la zona metropolitana de la Ciudad de México y los estados de Nuevo León, Chiapas, Oaxaca, Morelos, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Baja California, Sinaloa y Veracruz–, en el que los docentes rebasaron a los líderes oficialistas.
Según Francisco Bravo, integrante de la Dirección Política Nacional de la CNTE, el despliegue formó parte de una estrategia del gobierno para desactivar el conflicto magisterial y reinstalar al SNTE –al que tiene controlado– como interlocutor en materia educativa.
Argumentos idénticos
Entre los planteamientos más importantes del SNTE destacaron los resolutivos tercero, cuarto y quinto, en los que el sindicato oficialista exigió “replantear todo el proceso” de evaluación docente, para eliminar en ello “toda visión o acción sancionadora o punitiva”. Planteó la necesidad de “contextualizar” la evaluación para hacerla “más realista” y que garantice “el respeto a la dignidad y prestigio profesional de los maestros”.
Ello contrasta con la postura de apoyo incondicional al proceso de evaluación que adoptó el SNTE desde inicios de 2013, y que el propio Juan Díaz de La Torre resaltó el pasado 23 de junio en un acto conjunto con Aurelio Nuño Mayer, el secretario de Educación, en el que el sindicalista aseveró que los “verdaderos maestros” participaron en la evaluación docente.
Bravo denuncia en entrevista que la eliminación de la evaluación punitiva “es una de nuestras principales insistencias”, y recordó que “hasta hace unas semanas el SNTE decía que la evaluación estaba fabulosa”.
El SNTE no se limitó a pedir modificaciones al proceso de evaluación, sino también a encontrar soluciones “a los distintos problemas que han surgido en torno” a su aplicación.
Entre ellos, exigió que las autoridades educativas abran espacios a los profesores para revisar su proceso de evaluación, con la finalidad de evitar “ceses injustificados y descuentos indebidos”, otro reclamo que viene denunciando la CNTE desde hace meses.
“Para nosotros cada uno de los 3 mil 360 despidos fue injustificado, en tanto que no derivó del mal trabajo en las aulas, de algún delito o de falta grave”, recordó Bravo, al añadir: “Sólo fue porque no presentaron esto que llamaron evaluación”.
El sindicato oficialista también pidió al gobierno “que se respeten los derechos adquiridos por los docentes en el programa de Carrera Magisterial”, y solicitó que se tome en cuenta este estímulo en el momento de calcular las primas vacacionales, el aguinaldo o la cotización para la jubilación.
Durante el conflicto, la CNTE ha denunciado que esta separación del estímulo al salario base es parte de las consecuencias de la reforma educativa y genera una caída en los ingresos de miles de maestros. Este punto originó el levantamiento del magisterio en entidades como Nuevo León, Coahuila o Chihuahua, donde los docentes prácticamente nunca se movilizan.
Bravo subrayó que varias reivindicaciones de la CNTE no figuran en los resolutivos del SNTE, entre ellos el fundamental: la abrogación de la reforma.
El sindicato oficialista tampoco exigió suprimir la modificación del artículo 73 constitucional, que instaura la autonomía de gestión de las escuelas, no considera el acceso directo de los egresados de las normales al servicio educativo ni plantea una visión precisa sobre el modelo educativo.
Estrategia gubernamental
El sindicalista sostiene que “este documento no lo elaboró el SNTE sino el gobierno”, ya que el sindicato oficial “no tiene decisiones propias”. Explicó que todos los líderes seccionales del SNTE “están metidos en corruptelas” y desvían parte de los 160 millones de pesos mensuales que recibe el sindicato cada mes como cuotas, por lo que el gobierno los tiene maniatados.
“¿Por qué estos puntos? Porque son los que causan el mayor reclamo entre los maestros. El gobierno hizo un análisis previo y determinó que son las medidas que más lastiman a los maestros”, plantea Bravo.
Agrega que en las últimas semanas, los líderes del SNTE fueron rebasados por la inconformidad de los maestros y se descubrieron incapaces de controlar las movilizaciones. “Los docentes ya no confían en sus representaciones seccionales en los estados y toman la protesta por sí mismos en las calles”, insistió.
Según el profesor, los planteamientos del SNTE responden a una estrategia “integral” de la administración de Peña Nieto, a través de la cual alcanzaría tres objetivos: no dar “muestras de debilidad” ante la CNTE ni “admitir una derrota en una de las 11 reformas estructurales que planteó”; recomponer el sindicalismo institucional como instrumento de control de los maestros, y detener el rebase al SNTE.
“Son dos vías: Nuño cita al sindicato oficial para que entregue la petición formal, y por otro lado la Secretaría de Gobernación atiende a la CNTE y crea condiciones que afectan la capacidad de negociación, porque el mensaje que quieren dar a los maestros es ‘ya lo estamos trabajando’.”
A raíz de la apertura de la mesa de negociaciones entre la Segob y la CNTE, el pasado 22 de junio –tres días después de la violenta represión en Nochixtlán–, el magisterio disidente se convirtió de nuevo en interlocutor del gobierno federal, por primera vez desde el inicio del paro nacional, el 15 de mayo anterior.
Ésa fue una de las razones por las cuales el gobierno reactivó el SNTE: “Hay una disputa por la interlocución entre el SNTE y la CNTE”, dice.
Según él, el gobierno busca demostrar que se puede cambiar la reforma educativa “desde adentro” y con el SNTE, y con ello aislar a la CNTE, que exige su abrogación o suspensión.
“Darán la impresión de que atienden las exigencias de los maestros, y algunas se van a atender. Pero estas medidas no tocan el corazón de la reforma y pueden ser pasajeras, y dentro de un año o dos, cuando el asunto se haya descompuesto, pueden volver a aplicar la ley como la conciben ahora.”
Reconoce que a través de esta estrategia el gobierno podría desactivar la propagación del movimiento magisterial en el país; sin embargo, afirma que los maestros sabrán que cualquier “solución real” a estas demandas será “producto de la CNTE”.
Reacción en cadena
En la noche del martes 5 la CNTE consiguió un nuevo encuentro con Osorio Chong, el cual duró menos de media hora. En este lapso el magisterio entregó al gobierno federal sus propuestas educativas y recibió a cambio la “contrapropuesta” de la administración, que consistió en un documento de una hoja y media, impreso en papel no membretado ni firmado, que aborda la educación en términos genéricos.
En ese documento la Segob evocó su disposición a “facilitar un proceso de diálogo con la Secretaría de Educación Pública en torno al modelo educativo” y aseguró “la participación del magisterio nacional y sociedad en general en esta materia”. Ambas partes acordaron que la CNTE consultaría con sus bases para elaborar una respuesta al documento del gobierno, por lo que la siguiente reunión con Osorio Chong se agendó para este lunes 11.
Sin embargo, el mismo martes el SNTE llevó a cabo una sesión extraordinaria, de la cual emanaron los 10 puntos mencionados previamente; el miércoles Nuño recibió en las instalaciones de la SEP a Juan Díaz de la Torre; y el jueves se instaló una mesa de trabajo SNTE-SEP.
En ese momento, los secretarios generales de la CNTE se encontraban en sus respectivos estados, iniciando el proceso de consulta sobre el documento de Gobernación. Bravo no cree que fuera una coincidencia: “El gobierno pensó en todos estos momentos, en las inercias que traíamos”.
Nuño afirmó el miércoles que la SEP analizaría “de manera detallada, puntual, sensible, profesional y responsable” cada uno de los puntos presentados por el SNTE.
El propio Peña Nieto, quien durante años asentó con firmeza que la reforma educativa “no se negocia”, dio un giro radical a su discurso, al declarar el miércoles 6 que la derogación o la abrogación de la reforma “no es competencia del Ejecutivo”; es decir, ni de la SEP ni de Segob, ni tampoco de la Presidencia de la República.
Desde el estallamiento del movimiento magisterial, Nuño adoptó una postura cerrada al diálogo con la CNTE. Nunca recibió a los integrantes del magisterio disidente en la SEP y, al contrario, repitió hasta el cansancio que no negociaría la reforma educativa.
Por su parte, el SNTE siempre salió a defender esa reforma –incluso la evaluación–, a condenar los brotes de violencia derivados de las acciones de la CNTE y a dar su pleno respaldo al Ejecutivo federal.
El pasado 18 de mayo, por ejemplo, De la Torre expresó duras críticas contra los líderes de la CNTE, al afirmar que “cometen un gran error, no sólo porque lesionan la imagen del magisterio, sino porque no consiguen absolutamente nada en términos de calidad de vida para los maestros”.
Conflicto añejo
Desde la llegada al poder de Enrique Peña Nieto, Elba Esther Gordillo se opuso a la reforma educativa. Dos meses más tarde el gobierno le cobró con cárcel los descarados actos de corrupción a los que se prestó durante sus 23 años al frente del magisterio.
El 20 de diciembre de 2012, un día después de la aprobación del texto en la Cámara de Diputados –con 351 votos a favor, 85 en contra y ocho abstenciones–, La Maestra arremetió contra “una reforma meramente administrativa” y planteó: “Yo, Elba Esther, asumo la responsabilidad de decir que no, porque ése es mi papel”.
El 14 de febrero de 2013 el SNTE de Gordillo distribuyó a los maestros agremiados el folleto ¿Por qué luchamos hoy? en el cual presentó los “riesgos y limitaciones” que contenía la recién aprobada reforma educativa, y anunció que el sindicato adoptaría una serie de medidas –tanto en el plano social y político como en los tribunales– para modificarla.
Tres años y medio más tarde, los mismos reclamos de Gordillo siguen siendo la base de las reivindicaciones de la CNTE.
El SNTE criticó entonces la creación del Sistema Nacional de Evaluación, cuyo proceso evaluativo se convertiría en “un instrumento para cancelar estímulos ganados, realizar despidos o evadir la responsabilidad del Estado a otorgar prestaciones de seguridad social”.
Asimismo, señaló que el sistema de autonomía de gestión de las escuelas sería una forma disfrazada para el Estado de “delegar en los padres de familia su responsabilidad de sostenimiento de las escuelas” y abriría la puerta a fenómenos como “contratación a prueba, despidos, pulverización de la jornada y outsourcing”.
El SNTE también advirtió que la reforma desaparecería el ingreso automático al servicio educativo de los egresados de las escuelas normales y denunció que la reforma educativa se había impulsado “desde la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)”, argumento que se escucha en todas las manifestaciones de la CNTE en la capital.
En los párrafos finales del folleto de 14 cuartillas, se le recuerda al gobierno que “el SNTE ha sido garante de la estabilidad social y la gobernabilidad en México” y anunció que promovería un juicio de amparo.
Si bien Bravo reconoce que los argumentos de Gordillo coincidieron con los de la CNTE, afirmó que ambas partes seguían intereses encontrados. “Ella sabía que en el fondo querían desbaratar el sindicato, lo que afectaba a su poder. Anticipó lo que sucede hoy: iba a haber un rebase de los maestros respecto de sus dirigencias formales”.
El 26 de febrero de 2013, 12 días después de la distribución del folleto y en medio de la campaña de Gordillo para derrumbar la reforma, las autoridades la detuvieron en el aeropuerto de Toluca. La Procuraduría General de la República (PGR) de Jesús Murillo Karam la acusó de malversación de fondos provenientes del SNTE por un monto que supuestamente alcanza los 2 mil millones de pesos.
La detención y el procesamiento de la dirigente, tres meses después del regreso del PRI al poder, tuvieron buena recepción en la opinión pública nacional e internacional, ya que el enriquecimiento descarado de Gordillo y la corrupción en el SNTE eran conocidos por todos.
Sin embargo la PGR dejó intocado a Juan Díaz de la Torre, su delfín y mano derecha en el sindicato, y los demás dirigentes sectoriales, quienes también operaron estructuras opacas y desviaron millones de pesos.
“El encarcelamiento de Elba Esther fue para hacer una limpieza en el sindicato”, sostiene Bravo. “Lo que menos le interesa al gobierno es saber si hay corrupción en el sindicato. Lo que le interesa es saber cómo llevar a cabo su reforma, y si por ello tienen que mover gente, lo hacen; Elba Esther representaba un obstáculo”.
Hasta el pasado miércoles 6, el SNTE nunca había elevado la voz contra la reforma educativa.
Fuente: Proceso
