“Misión cumplida”, dice Enrique Peña Nieto mientras se da palmadas en la espalda. Mientras su gobierno exhala un suspiro colectivo de alivio ante la buena noticia de la captura de El Chapo. Mientras trata de proveer una imagen de fortaleza institucional ante las debilidades que permitieron su segunda fuga. Un paréntesis de eficacia en un largo párrafo de incompetencia. Un error arreglado de tantos que permanecen descompuestos. Un triunfo pero demasiado pequeño como para remontar la imagen de un gobierno que no sabe cómo gobernar. Porque todo aquello que explica el escape reiterado del capo sigue allí. La corrupción enraizada. La complicidad extendida. El entramado institucional desgajado.
Bien por la Armada, bien por el aparato de inteligencia, bien por la coordinación que finalmente se dio. Pero los problemas de fondo permanecen, inalterados, incomprendidos. El lugar 79 de 102 países que ocupa el sistema judicial mexicano según The World Justice Project. El poder corrosivo del narcotráfico que según el propio Chapo en la entrevista publicada por la revista Rolling Stone no cambiará con su captura. Una segunda fuga que nunca debió haber sido y que se comenzó a preparar mucho tiempo antes de que Joaquín Guzmán fuera capturado por segunda ocasión. Un Sistema Penitenciario Nacional desmantelado por el gobierno peñanietista, como describe Raymundo Riva Palacio en el libro La segunda fuga del Chapo, crónica de un desastre. Alertas que se fueron dando sobre las fallas de la Comisión Nacional de Seguridad, ignoradas una y otra vez. Engaños, corrupciones, evasiones que no han sido plenamente explicados ni encarados aun con El Chapo en la cárcel, de nuevo.
La recaptura de El Chapo no revierte la debacle de la política de seguridad nacional. No cambia lo que ha sido una actitud vacilante e incluso contradictoria. No altera el fortalecimiento de los cárteles en este sexenio ni los vacíos de poder que grupos de autodefensa y el crimen organizado han ido llenando. No cambia las regiones grises de ilegalidad que se han multiplicado como hongos por todo el país. No resuelve el desmantelamiento de los dispositivos de seguridad de las cárceles, ni la cancelación de protocolos y procedimientos que explican sus dos fugas. No contesta la pregunta de fondo, ineludible: ¿Hasta dónde llegó la complicidad que propició su segundo escape? ¿A los custodios? ¿A los directores del penal? ¿A los coordinadores de reclusorios federales? ¿Al área de inteligencia de la Policía Federal? ¿Al Cisen?
Y hasta que no haya una respuesta integral y satisfactoria a esa interrogante, Guzmán Loera debe ser extraditado lo más pronto posible. Porque quienes dicen que una tercera fuga es impensable se equivocan. Subestiman la capacidad de infiltración y corrupción de la cual el capo es capaz. Sobrestiman la fortaleza institucional de un Estado muchas veces corroído, muchas veces protector del crimen organizado, demasiadas veces su cómplice. Ignoran que El Chapo mantuvo su actividad criminal dentro del penal prácticamente sin alteración alguna. Olvidan que la burla que hicieron Guzmán Loera y sus cómplices fue resultado del colapso en cámara lenta de todo el sistema de prevención y vigilancia del Altiplano y más allá.
Reatrapar no significa reconocer ni reformar ni remediar. En la segunda fuga fallaron tantos sistemas a la vez que es demasiado enorme la falla para que sea circunstancial. La coincidencia es demasiado coincidente. Por eso, debe ser sacado de un sistema penitenciario, de seguridad, de información e investigación criminal que ha exhibido de manera reiterada sus debilidades, aunque el Presidente y su equipo lo nieguen. Por eso Guzmán Loera debe ser extraditado antes de que su batalla legal entrampe esa posibilidad. Dejarlo en México es ponerlo en manos de élites políticas que se resisten a instrumentar controles judiciales y patrimoniales al crimen organizado que las beneficia. Que las financia. Que les permite seguir mandando en la República mafiosa.
En el país podrido donde las autoridades mexicanas no impulsaron acusación penal alguna contra cualquiera de las múltiples redes de socios y franquicias empresariales de Guzmán Loera. No fueron tras los políticos asociados con sus actividades. No se tocó ningún activo vinculado a él. El pacto de impunidad aunado a la parálisis premeditada del sistema judicial mexicano permanece intacto. Y a menos de que eso cambie, no importa cuántas veces se atrape y encarcele y extradite a El Chapo o a sus facsimilares. El Chapo(teadero) que se extiende desde el Altiplano seguirá allí.
Fuente: Reforma
