Por John M. Ackerman
Con cada coletazo, el dinosaurio priista va destruyendo una a una las instituciones de la supuesta “transición democrática”. Cualquier organismo público que haya tenido en algún momento un espíritu ciudadano o una independencia política ha sido domesticado o cooptado por el aparato. El intento de Enrique Peña Nieto de resucitar como tapadera coyuntural a la ya desaparecida Secretaría de la Función Pública (SFP) es un ejemplo particularmente claro de la consolidación de este perverso rasgo del autoritarismo mexicano.
La primera “reforma estructural” impulsada por Peña Nieto no fue la reforma educativa, ni la reforma energética, sino la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF). Aun antes de tomar posesión, el presidente electo hizo llegar al Congreso de la Unión, por los malos oficios de Manlio Fabio Beltrones, una iniciativa de ley que eliminaría la SFP y trasladaría sus funciones medulares a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a punto de ser ocupada por su amigo y cómplice Luis Videgaray. Peña Nieto también buscaba excluir miles de puestos del ya debilitado Sistema de Servicio Profesional de Carrera con el fin de rellenarlos con nuevos funcionarios a modo.
El propósito era centralizar al máximo el poder administrativo para evitar cualquier fuga de información sobre los fraudes que ya se estaban preparando desde Los Pinos. Recordemos que precisamente en las mismas fechas en que el presidente electo envió su reforma administrativa a los diputados, en noviembre de 2012, el futuro secretario de Hacienda estaba en pleno proceso de mudanza a su nueva “Casa HIGA” en Malinalco.
Peña Nieto tenía la intención de encubrir su jugada centralizadora con la creación simultánea de un nuevo elefante blanco llamado Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) que estaría bajo el control de un consejo de “notables”, incluyendo a los 31 gobernadores, y presidido por el mismo primer mandatario. Aquella cortina de humo simuladora la analizamos en su momento en estas mismas páginas (véase:http://ow.ly/IyI0z). La propuesta que hoy impulsa el PRI en el Congreso de la Unión a partir de la masacre de Iguala es esencialmente la misma.
Por alguna extraña razón, aun con la total capitulación de las fuerzas “opositoras” en el Congreso no se pudo aprobar la creación del nuevo organismo “anticorrupción” de Peña Nieto. Al parecer, los panistas pensaron dos veces antes de entregar aún más armas a sus aliados priistas que después podrían ser utilizadas para chantajearlos exhibiendo la vasta corrupción del sexenio calderonista.
El PRD habría tenido el mismo propósito con respecto a las fechorías de Marcelo Ebrard y otros mandatarios locales. Por ejemplo, si hoy existiera la CNA no sería una Comisión Especial de la Cámara de Diputados la que estaría utilizando el escándalo de la Línea 12 del Metro para desacreditar a Ebrard, sino un poderoso organismo “autónomo” directamente al servicio del PRI-gobierno.
Sin embargo, aunque lograron parar la CNA, la “dignidad” de los legisladores de “oposición” no alcanzó para frenar las reformas a la LOAPF. Lo único que se logró fue la inclusión de un artículo transitorio en la reforma a la ley orgánica que indicaba que la SFP se mantendría temporalmente en funcionamiento hasta que se creara el nuevo organismo “anticorrupción” de Peña Nieto.
En consecuencia, desde hace más de dos años la SFP se encuentra en un limbo jurídico que la ha debilitado en extremo. Muerta en vida, la secretaría es hoy un auténtico “zombi” burocrático que deambula perdido por los pasillos del poder. Virgilio Andrade, quien siempre ha defendido férreamente los intereses de su partido, el PRI, tanto dentro como fuera de la administración pública, es entonces la persona perfecta para encabezar este Frankenstein en fase terminal. Su única función será tapar, cubrir y limpiar los evidentes conflictos de interés y corruptelas de su jefe y sus amigos en el gabinete presidencial.
Este desenlace de la SFP debe ser un trago muy amargo para quienes tenían esperanza de que la alternancia de 2000 pudiera generar procesos de profesionalización de la administración pública federal. Vicente Fox creó la SFP en 2003 para dirigir la modernización administrativa que supuestamente tendría lugar con la nueva Ley de Servicio Profesional de Carrera (LSPC). En realidad, ni Fox ni Felipe Calderón tomaron en serio este necesario proceso de transformación del Poder Ejecutivo. Vaciaron de contenido a la LSPC por medio de reglamentos amañados y colocaron a una serie de políticos ambiciosos y burócratas grises como titulares de esta importante secretaría. Calderón inclusive propuso la desaparición de la SFP en 2009. Sin embargo, nunca habíamos llegado a un extremo tan vergonzoso o un cinismo tan transparente como aquellos en que incurre Peña Nieto.
La muerte definitiva de la SFP como un organismo reformador e independiente constituye la cereza en el pastel de la disfuncionalidad pública bajo el régimen actual. Primero se canceló la división de poderes por medio de la suplantación del Congreso de la Unión por el “Pacto por México”. Después terminaron con la oposición partidista con la cooptación del PRD, y reprimieron a la oposición social con constantes abusos policiacos y detenciones arbitrarias. Posteriormente sometieron al INE (antes IFE) y al IFAI al rellenar a ambos institutos con funcionarios fieles al régimen. Hoy terminan el trabajo con la perversión absoluta del proyecto original de la SFP.
El Partido Revolucionario Institucional ya no es digno de su nombre. Se ha convertido definitivamente en el Partido de la Reversión Institucional. Solamente un masoquista se atrevería a desear su permanencia en el poder más allá del presente sexenio. Ha llegado la hora de ir preparando el relevo.
Twitter: @JohnMAckerman
Publicado en Revista Proceso No. 1997
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Fuente: Soberanía Popular
