Cuestiona Corral atracción federal del asesinato de Miroslava

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El gobernador de Chihuahua Javier Corral Jurado y el fiscal estatal, César Augusto Peniche Espejel, se pronunciaron en contra de la atracción federal del asesinato de la periodista Miroslava Breach, corresponsal de La Jornada, dispuesta por un juez federal.

La atracción del caso del asesinato de Miroslava por parte la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión (Feadle), pone en riesgo de que sea utilizado para “politiquería” y “va a la nada porque durante un año esa instancia de la Procuraduría General de la República nunca mostró ningún interés en su propia investigación”, declaró el gobernador Javier Corral Jurado.

Después de que un juez federal con sede en Chihuahua resolviera el miércoles que la investigación del asesinato compete a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), la fiscalía del estado y el despacho del gobernador emitieron comunicados de prensa para cuestionar la resolución.

Corral consideró que la atracción federal es una “medida extraña, más aún después de que desde el 27 de marzo de 2017, la Unidad Especializada de la PGR había iniciado una carpeta de investigación propia de la que nunca se conocieron avances ni resultados”.

“En la ley existe disposición expresa que le da atribución a la PGR para conocer del caso; en Chihuahua, el juez del caso deberá resolver su ámbito de competencia y lo que en derecho proceda”, coincidió con el fiscal Peniche Espejel.

La investigación de la Fiscalía de Chihuahua, fue calificada el mes pasado por Javier Corral como “modelo referencial” para investigar los asesinatos de periodistas en el país, y señala a tres probables responsables: Juan Carlos Moreno Ochoa El Larry, único detenido hasta el momento; Ramón Andrés Zavala Corral, asesinado el 19 de diciembre en Álamos, Sonora, y Wilbert Jasiel Vega Villa, quien se encuentra prófugo.

A su vez, el fiscal Peniche sostuvo que “la Fiscalía General del Estado desarrolló una investigación completa, clara, responsable y con resultados en torno al homicidio de la periodista Miroslava Breach Velducea; la resolución de atracción por la justicia federal obedece a motivos diversos”, expresó

“La Feadle quiera atraer el caso; desde hace más de un año lo pudo hacer y no lo hizo. Hoy por razones diversas decide llevarse una investigación judicializada con órdenes de aprehensión de algo que nunca informaron de sus resultados”, dijo.

Peniche Espejel sostuvo que la Fiscalía General colaborará con la autoridad federal, dando “asesoría y orientación”, pero acotó que falta por ser notificado el juez de control local, quien en los próximos días celebrará una audiencia en la que escuchará los argumentos de la Fiscalía, los asesores jurídicos de las víctimas y la defensa, para entonces determinar si acepta declinar competencia.

Recordó que en su momento el gobierno de Chihuahua le pidió a la PGR que investigara a Juan Carlos Moreno Ochoa, alias “El Larry”, detenido y acusado de ser el autor material e intelectual del homicidio, por hechos constitutivos de delitos de delincuencia organizada porque los indicios, declaraciones y testimonios, siempre lo señalaron como el jefe de los sicarios del grupo criminal de ‘Los Salazar’.

“Es un tema de delincuencia organizada en la Sierra de Chihuahua. Ella investigaba precisamente a ‘Los Salazar’, al grupo criminal que controla esa zona. Dos de ‘Los Salazar’ están presos y ese grupo es el que fue directamente señalado por Miroslava Breach Velducea”, explicó.

La semana pasada un juez de control del distrito judicial en Morelos aplazó tres meses la fecha para realizar la audiencia complementaria de vinculación a proceso contra Juan Carlos Moreno Ochoa, a solicitud del Ministerio Público y debido a que la Fiscalía General del Estado todavía no cuenta con los elementos de prueba que permitan precisar la manera en que el detenido participó en el asesinato.

La autoridad estatal informó que faltan por concluir diversas pruebas periciales, así como la recepción de copias certificadas de investigaciones relacionadas con el caso, por lo que consideró necesario aumentar el plazo original de tres meses, otorgado el 27 de diciembre de 2017.

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