Por Luis Javier Valero Flores
En medio de un preocupante aumento de homicidios, presentado a partir de julio, sobre todo en las dos grandes ciudades de la entidad, con una línea estable en el resto del estado, nuevamente el gobierno, como en la aciaga ola violenta acaecida entre 2008 y 2011, ha puesto en vigor –aunque discretamente– la participación de las fuerzas armadas en el combate a la violencia y el incremento de ejecuciones.
Por si fuera poco, ante la denuncia presentada por diversas agrupaciones de comerciantes semifijos de Juárez, a propuesta de la actual presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, la diputada Laura Domínguez Esquivel, quien pidió que el Poder Legislativo exigiera el retiro de las fuerzas federales del antiguo Paso del Norte, la Diputación Permanente exhortó al gobernador César Duarte Jáquez a convocar al Consejo Estatal de Seguridad Pública, “para recabar y decidir la formal petición a las instancias nacionales de coordinación en seguridad pública respecto de la reducción o el retiro de las fuerzas de seguridad publica federales”. (Nota de Patricia Mayorga, El Diario, 13/IX/16).
Así, con ese lenguaje y términos timoratos, típicos de la actual mayoría legislativa.
A pesar de todo, la legisladora argumentó que “La experiencia nos ha demostrado que más policías, más armamento y más fuerza policial y militar en la zona fronteriza del estado de Chihuahua es contraproducente, pues queda más que experimentada la escalada de violencia, de violación a los derechos humanos, los actos de molestia a los habitantes y la comisión de delitos, que van directamente proporcional a la creciente presencia de fuerzas federales de seguridad”, al hacerse eco de las denuncias y quejas presentadas por los juarenses por la actuación de los agentes federales, que genera, dijo en la sesión del órgano legislativo, “nuevamente actos de molestia a la ciudadanía, y propiciando delitos tales como la extorsión y otros derivados del mismo”.
Pero al mismo tiempo que esto sucedía, el Ejército Mexicano, sin que hiciera anuncio alguno la autoridad civil –la responsable de la seguridad en la entidad, y de ninguna manera las fuerzas armadas– envió a la región de Cuauhtémoc “Unidades rápidas encargadas de patrullar” la ciudad, al tiempo que instalaron “de manera semipermanente puestos de vigilancia y revisión en las salidas de la mancha urbana”, sin que existiera anuncio oficial, tampoco, por parte del Ejército acerca de tales movimientos. (Nota de Manuel Quezada, El Diario de Cuauhtémoc, 13/IX/16).
Esto ocurre justamente en el marco de por lo menos dos enfrentamientos ocurridos, uno de ellos en la Tarahumara –Guachochi– en contra de elementos del Ejército y el otro en el Valle de Juárez, éste en contra de elementos de la Fiscalía General del Estado, y la preocupante incidencia homicida de las últimas semanas.
Como siempre que ocurren estos eventos –los homicidios y los operativos militares– la pregunta aparece automáticamente ¿Este es el modo de enfrentar a la delincuencia organizada, la dedicada mayormente al tráfico de estupefacientes y que, lo constatamos a cada momento, no ha sido el adecuado?
Lanzar a los militares a patrullar las calles de las ciudades y poblados, a instalar retenes revela la inexistencia de las tareas de inteligencia necesarias para afrontar tal fenómeno delictivo; es como salir, a ciegas, a darle de palos a la piñata, a esperar a ver si los delincuentes se descuidan y los sorprenden con las armas en las manos.
Y duele más constatar que lo señalado por infinidad de especialistas y organismos derechohumanistas y hasta de la ONU, es cierto, esto es que mientras no se desmantelen los cárteles –y decir eso no significa, solamente, como lo creen los gobernantes, detener y colocar ante los reflectores de la prensa a grupos de presuntos delincuentes– sino el de la estructura financiera que hace posible la existencia de tales grupos criminales.
Han pasado largos meses desde la detención de los que las autoridades señalaron como los jefes de las bandas criminales que protagonizaron el baño de sangre en Chihuahua –Joaquín Guzmán y Vicente Carrillo– y hasta la fecha no se ha descubierto ni una sola empresa utilizada por ellos para el lavado de dinero y los enfrentamientos entre integrantes, supuestamente, de sus bandas, siguen ensangrentando el territorio chihuahuense.
Sólo se les ocurrió, otra vez, sacar a la tropa a patrullar, con las previsibles consecuencias que tanto padecimos.
