El presidente Alberto Fernández advirtió que una reciente resolución de la Corte Suprema de Justicia, que obligó a suspender las elecciones en las provincias de Tucumán y San Juan y la nueva medida de rechazar la postulación del candidato a gobernador Sergio Uñac para su relección, “rompe el federalismo y debilita nuestra democracia” y “es una intromisión en el proceso democrático y autonómico de las provincias”, en momentos en que se intenta avanzar sobre otras provincias y candidatos del oficialista Frente de Todos.
El mandatario opinó que se dictó una sentencia sobre Uñac sin que previamente opinara el más alto tribunal de San Juan, atribuyéndose una competencia originaria a partir de una interpretación forzada e ilegítima.
Los cuatro jueces de la Corte son investigados por una comisión del Congreso de la nación para ir a juicio político.
La declaración coincide, además, con un procedimiento de otros jueces que integran, con la Corte Suprema, el Partido Judicial que se adjudica un poder extraordinario para intentar remover al fiscal federal, Guillermo Marijuan, quien ordenó el sobreseimiento de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en una causa abierta durante el gobierno del presidente Mauricio Macri (2015–2019), encabezando una coalición de derecha cuando se abrieron una cantidad de causas falsas sin argumentos ni pruebas como una forma de persecución política contra la ex mandataria (2007-2015).
Además, en ese periodo fueron detenidos preventivamente, cometiendo otra ilegalidad y afectando la Constitución Nacional, ex funcionarios del gobierno de Kirchner sin respetar los tiempos jurídicos de la “prevención”, en una cárcel donde además se montó un sistema de espionaje mediante micrófonos y cámaras ocultos, interviniendo los teléfonos para escuchar las conversaciones de los detenidos políticos, sus familiares y los abogados defensores.
Sobre todas esas y otras graves situaciones se está evidenciando abiertamente la celeridad con que se cerraron las causas de espionaje a los políticos, las falsas causas abiertas y otros delitos graves en el periodo de Macri denunciadas con pruebas irrefutables, cuando asumió en 2019 el Frente de Todos.
En este escenario, han pasado siete meses del intento de magnicidio contra la dos veces ex presidenta Fernández de Kirchner, quien es la principal dirigente del Frente de Todos y la más importante en todo el país, manteniendo detenidos a los autores directos, pero, a pesar de nuevas pruebas irrefutables que aparecieron, los jueces de esta causa impiden llegar a los responsables intelectuales del hecho que llevan hasta el entorno de Macri, de la Coalición derechista Juntos por el Cambio.
Respaldo popular a Cristina Fernández
La reciente aparición de la ex mandataria, el 25 de mayo pasado, donde una multitud permaneció bajo una lluvia incesante sin moverse de la Plaza de Mayo y su alrededores dentro de la “operación Clamor” para pedirle que se postule por el peronismo gobernante, mientras todavía está entre bambalinas la proscripción que determinaron fiscales y jueces estrechamente ligados al ex presidente de la derechista Coalición Juntos por el Cambio.
La urdimbre verdaderamente mafiosa, que se tejió durante el gobierno de la coalición de derecha con el apoyo abierto de la embajada de Estados Unidos, aquí contó con la complicidad de los grandes medios privados de información, los organismos de inteligencia, bajo el control del pasado gobierno, el espionaje comprobado de políticos perseguidos, incluyendo a los propios, se mantiene hasta estos días.
En estos momentos intentan remover al fiscal Guillermo Marijuan, que nunca ha pertenecido a la línea del oficialismo y simplemente no ha encontrado prueba alguna que revele que existió la llamada “ruta del dinero K”, investigada sin resultados desde hace 10 años por lo cual la actuación del Partido Judicial demuestra que clara y objetivamente es otra ilegal injerencia.
Teniendo que decidir el juez federal de la causa, Sebastián Casanello, el sobreseimiento en los próximos días, acaba de aparecer que es juzgado un grupo de integrantes de la ONG Bases Republicanas, una de las centenares que trabajan con las fundaciones estadunidenses que pretenden impedir el sobreseimiento de la ex mandataria.
A pesar de que no existe posibilidad de aceptar una querella en estas circunstancias, se recordó que durante 10 años se excavaron una cantidad de terrenos del también ilegalmente imputado empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz, donde también se allanó la casa de la familia Kirchner, acción violatoria de la Constitución nacional, cuando se envió a la policía metropolitana de esta capital para esa acción ilegal, permaneciendo cuatro días allí sin encontrar el inexistente dinero.
Fuente: La Jornada
