Por Francisco Javier Pizarro Chávez
La consulta de la verdad y el esclarecimiento histórico son dos ejes fundamentales de la conciencia social de la “Guerra Sucia” creada de 1965 y 1990. La “Comisión para la verdad” depende del reconocimiento social de las víctimas y el impulso a la memoria del tratamiento de los testimonios creados por los gobiernos neoliberales, medios de comunicación y funcionarios del poder judicial.
Este proceso de investigación testimonial es el principal rector de la centralidad de las víctimas de la “Guerra Sucia” y el reconocimiento social de las distintas comunidades de víctimas.
Históricamente, tan es así, que desde abordó el general Práxedis Giner Duran la gubernatura del Estado de Chihuahua, se deterioró el contexto social a los campesinos a partir de la cancelación de la presidencia de la República de Lázaro Cárdenas que fundamento los ejidos de los tarahumaras y poblaciones rurales.
En respuesta a ello, Arturo Gámiz y Salvador Gaytán, el 11 de septiembre de 1965, advirtieron a Giner Durán: “Nos hemos levantado en armas para hacer frente a los cacicazgos como el “José Ibarra” y “Tomas Vega” que agobiaron el Estado una vez que agotamos los medios legales sin fruto alguno; una vez que nuestros esfuerzos de años, fracasaron en virtud del apoyo incondicional del gobierno del Estado, proporciona a los caciques que por décadas han dedicado impunemente a explotar como bestias a los campesinos, a humillarlos y sancionarlos, quemarles sus ranchos, robarles su ganado y violar a sus mujeres”.
Y agregó: “Nuestra lucha no va dirigida contra el ejército, sino contra los caciques, pero los soldados enviados en nuestra persecución, en vez de buscarnos se dedican a cometer desmanes contra los rancheros indefensos; matan el ganado; queman sus casas y sus huertas; molestan a sus mujeres, torturan a los rancheros, sobre todo a los niños”.
En reconocimiento al asesinato de los integrantes guerrilleros de Arturo Gámiz que asaltaron el “Cuartel de Madera” en 1965, el líder del grupo guerrillero “Los Guajiros” (Diego Lucero), integró el 15 de enero de 1972, la expropiación de tres bancos de la capital del estado y también el triple asalto bancario en Monterrey con la coordinación de Raúl Ramos Zavala.
Ambos acontecimientos encabezados por Diego Lucero y Raúl Ramos Zavala en las dos entidades, se promovieron con la finalidad de crear un contrapeso a la “guerra militar” impulsada por el presidente Luis Echeverría Álvarez al “Partido de los Pobres” de Lucio Cabañas y la “Asociación Cívica Nacional Revolucionaria” de Genaro Vázquez en el Estado de Guerrero.
Desafortunadamente, la “Operación Madera” impulsada por Diego Lucero en Chihuahua fue un fracaso. El gobernador Oscar Flores con el apoyo de Luis Echeverría, impuso el “Estado de Sitio”, realizó aprehensiones, ofreció recompensas, impuso el “patrullaje militar”, asesinó a los prisioneros militantes de la “Operación Madera” y acribillo brutalmente con golpes, fuegos y balazos a Diego Lucero.
El pueblo hizo frente a la represión y brutalidad militar y el cinismo vil del gobierno y sus desplantes demagógicos. Ipso facto, puso en marcha unirse y organizarse para defender la vida de los guerrilleros e intereses del pueblo. Lograron desarrollar un movimiento social de masas al plano de la lucha política de sindicatos, colonias populares, estudiantes universitarios y, religiosos católicos.
Se los describo. Héctor Morales, dirigente local del Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (STERM), expuso: “Fueron las expropiaciones del 15 de enero, las que dieron un impulso al movimiento que se gestaba, pues ya agrupados, logramos conjurar el interés particular del sindicato con el interés popular”.
Adán Sigala, líder de la Colonia “Francisco Villa” señaló: “Nos sentimos como todos en Chihuahua a raíz de los asaltos, una gran inquietud por las matanzas, por lo que organizamos el domingo 23 de enero, para decidir que hacer. Decidimos que había que hacer una denuncia para parar a la policía, aunque había quienes pensaban que esa denuncia nos traería más represión”.
“Como a la represión ya estamos acostumbrados, decidimos sacar un manifiesto donde hacíamos responsable al gobierno de las muertes, de acuerdo con las pruebas que teníamos”.
Los estudiantes a través del “Comité Coordinador Estudiantil Universitario”, señalaron en carta abierta a la opinión pública: “Ante esta ola de crímenes no descansaremos por desenmascarar a los verdaderos culpables. Estaremos pendientes de que el pueblo tome conciencia de lo que realmente está pasando, de la importancia que tiene este momento no solo para nuestro Estado, sino para la vida general del país y justificaremos siempre la respuesta que de el pueblo a la violencia ejercida por los poderosos”.
Incluso el Episcopado católico señaló: “La conciencia cristiana no puede permanecer a la expectativa sobre lo que todo el pueblo siente y comenta. El 28 de enero empieza a circulas un manifiesto firmado por el arzobispo de Chihuahua, Monseñor Almeida, en donde condena “la violencia institucionalizada” que da origen a la “violencia de respuesta” y se denuncia “al sistema como causante de las injusticias y desigualdades sociales que provocan la acción de los que se sienten comprometidos con el pueblo y consideran un deber para poner solución a estos males”.
“Toda la iglesia de Chihuahua participa esta posición y se dan misas y sermones por los muertos y detenidos, además se exhorta a los feligreses a cambiar su “actitud individualista”.
Mas tarde después, las declaraciones del obispo de Cd. Juárez y las de los Jesuitas, evidencian algo por primera vez en Chihuahua: “El clero se pronuncia contra los excesos del gobierno”.
La “solidaridad del pueblo”, se dejó sentir con fuerza y combatividad: Destacamentos proletarios de la Colonia Francisco Villa, estudiantes y pueblo en general, realizaron el 18 de enero de 1972 –tres días después de la Operación Madera—una manifestación pública frente al palacio de gobierno, para “exigir el respeto a la vida de los prisioneros”.
La “Asamblea Popular” convocada en la Plaza de Armas define el 24 de enero las condiciones impuestas a las organizaciones que se suman a ser miembros que deben ser independientes respecto al gobierno y sus órganos y, poseer base social.
El programa inicial sobre el cual giran las primeras movilizaciones de la “Asamblea Popular”, se promueve en torno a varias exposiciones:
- Que se destituya de sus cargos y se consigne al Procurador de Justicia Antonio Quezada Fornelli y al jefe de la Policía del Estado Ambrosio Gutiérrez, a quienes la Asamblea Popular, los señala como los principales responsables de “los asesinatos de Diego Lucero, Ramiro Díaz Ávalos y Gaspar Trujillo, en prisión”
- Que se traslade a “Francisco Pizarro” de la prisión de Lecumberri en el Distrito Federal, a la Penitenciaria del Estado de Chihuahua.
- Procedimiento judicial de los dos patrulleros que asesinaron al estudiante Víctor Manuel Castañeda, asesinado por “confundirlo” con uno de los guerrilleros.
- Pronunciamiento público de la “Asamblea Popular” en considerar “revolucionarios” a los expropiadores y no “delincuentes” como señala el gobierno.
- Sobre el último punto, “Alfredo Domínguez”, dirigente del FAT declaró a la prensa: “Quienes infringen la Ley son los banqueros, los que abusando de las garantías que otorga la Constitución, roban todos los días al pueblo y no a los que tratan de restituirlo.
6) ¿Podemos ampararnos bajo la misma Ley que protege a quienes asesinan por la espalda, a los que encarcelaron torturaron y asesinaron al ingeniero Diego Lucero y luego quisieron aparecer parecer como muerto en un encuentro con la policía”?
A partir del contexto social de la Operación Madera se fortaleció la conciencia del pueblo.
