Consultas

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Por Luis Javier Valero Flores

La izquierda lanzó, primero que nadie, la idea de realizar una consulta popular para que el voto ciudadano determinara la viabilidad de una reforma, en este caso la energética.

Con diferente propuesta, el PRD y Morena están realizando las actividades necesarias para recabar por lo menos un millón 600 mil de firmas de ciudadanos simpatizantes de esta consulta a fin de que su propuesta sea analizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y esta resuelva, si se atiene a lo previsto en la ley, a que se incluya una boleta, con la pregunta, en los paquetes electorales del 2015.

Ahora, los dos partidos de la derecha mexicana -PRI y PAN- han decidido intentar que se consulte a la ciudadanía en la elección del próximo año dos asuntos: El PAN quiere que respondamos si estamos de acuerdo en elevar el salario mínimo y el PRI si estamos de acuerdo en la desaparición de 100 diputaciones plurinominales (para que la Cámara de Diputados se integre con 300 diputados de mayoría y 100 plurinominales) y eliminar esta figura en la Cámara de Senadores, es decir, quitar 32 senadores para que esta cámara se quede con 96 integrantes, tres por cada entidad federativa, esto es, los ganadores de la elección estatal y el candidato de la primera fórmula de la primera minoría en esos comicios.

¿Son legítimas las intenciones de quienes hoy pretenden aparecer como partidos interesados en hacer que sea la decisión popular la que presida los actos de gobierno o la elaboración y aprobación de las leyes?

Subyace la sospecha que el panismo -y enseguida el PRI- resolvieron lanzar su propia propuesta de consulta popular para no dejar solos a los partidos mayores de la izquierda electoral que se oponen a la reforma energética. A la aprobación de esta, ambos expresaron su intención de hacerlo, con una no muy pequeña diferencia: En tanto que el PRD acudió a la firma del Pacto por México, con tanto entusiasmo, que hasta Jesús Ortega, líder de la principal corriente política interna de este partido, presumió haber sido uno de los artífices de la redacción del Pacto, Morena anunció su oposición, tanto al Pacto por México, como a la reforma energética.

¿En dónde radica, pues, la diferencia? En que en el Pacto por México quedó escrita la intención de efectuar la reforma energética con las características de la aprobada. Y eso fue firmado por los dirigentes del PRD.

Luego recapacitaron, se dieron cuenta que Morena se quedaría sola “capitalizando” el rechazo de los mexicanos opuestos a la reforma energética y eso, en vísperas de la elección de mitad de sexenio no lo podían aceptar, el desplome electoral sería de escándalo.

Cosa semejante le ocurrió a los partidos de la derecha mexicana, ambos resolvieron convocar la consulta sobre asuntos para la cual existe una más que obvia respuesta.

¿Quién podría oponerse públicamente al aumento del salario mínimo, cualquiera que sea la redacción de la pregunta?

Es probable que algunos -o muchos- empresarios expresen públicamente su rechazo, pero serían minoría absoluta en una consulta popular.

¿Le interesa realmente al panismo el monto del salario mínimo? la respuesta también es obvia, no le interesó cuando fue gobierno, y lo fue durante largos 12 años ¿Dónde está la propuesta, seria, documentada, de los gobernantes del PAN sobre este tema? ¿Dónde la campaña publicitaria, fuerte, apabullante, convencedora, acerca de esta propuesta en los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, semejante, por ejemplo, a la de “los zapatos de Barrio”, cuando Francisco Barrio fue gobernador de Chihuahua?

El panismo actúa ahora como si hiciera abstracción del pasado, y no tan remoto, su problema estriba en que la ciudadanía ya le puede reclamar el no haber efectuado las reformas que ahora, convertido en oposición (y una oposición muy “light” y devaluada, extraordinariamente afectada por los escándalos de las corruptelas y las amistades “sospechosas”) reclama estridentemente y se atreve hasta intentar llevar a las urnas una pregunta de esta índole.

Maniobras electoreras comunes y corrientes.

Igual ocurre con el PRI. Ahora sí, muy preocupado de las opiniones de la ciudadanía decide recurrir a la consulta popular para proponer la disminución de los legisladores plurinominales ¿A quién engañará con esta estratagema?

En el fondo, temeroso de que los otros tres partidos mayores le quiten durante meses los reflectores previos a la campaña electoral, resolvió poner en consulta una asunto que tiene, como el del PAN, una más que obvia respuesta; la inmensa mayoría de los ciudadanos están en contra de, no solamente unos cuantos, sino de todos los legisladores plurinominales y la contrarrespuesta, también obvia, sería una pregunta ¿Y porqué no proponer la desaparición de todos los plurinominales?

Pero todas las propuestas de efectuar una consulta popular tienen sus bemoles. Los priistas han expresado que la reforma energética no puede ponerse a consulta debido a que lo prohíbe la constitución y la Ley Federal de Consulta Popular; lo mismo dice el PRD sobre la propuesta del PRI acerca de los plurinominales.

Ese ordenamiento jurídico establece que:

“Artículo 11. No podrán ser objeto de consulta popular:

III.    La materia electoral;

IV.   Los ingresos y gastos del Estado;…”.

Las objeciones del PRI a la consulta sobre la reforma energética se sustentan en que, dicen, pretende consultar un asunto de los “ingresos del Estado” y no, como sostienen perredistas y “morenos”, que se modifican principios constitucionales que van más allá de los simples ingresos y gastos del aparato gubernamental.

A su vez, los perredistas -cosa en la que coinciden los panistas- creen que no se puede modificar el número de legisladores porque es un asunto electoral. No parece ser el caso, pues se modificaría trascendentalmente la composición de las cámaras del Congreso de la Unión; no es, por tanto, un asunto exclusivamente electoral.

A su vez, fruto de la división de las izquierdas electorales, ahora llevada al terreno de la existencia de dos grandes partidos; cada partido, -PRD y Morena- ha elaborado su propia pregunta a la consulta popular y el ex candidato presidencial, López Obrador, se ha opuesto a convertirla en una sola, a pesar de las opiniones de amplios sectores del mundo democrático y no solo de la izquierda, en el sentido de que podría contar con una más amplia aceptación en la población en general, algo que distintas encuestas han mostrado, pues más de un 60% de los encuestados se oponen a la entrega ilimitada que se pretende hacer de nuestros recursos naturales, especialmente los hidrocarburos.

Y es que no está tan fácil el camino para lograr que en las elecciones del próximo año los ciudadanos reciban una boleta en la que esté planteada una pregunta acerca de los temas que los partidos, o las fuerzas sociales, hayan propuesto ser consultados.

En primer lugar, se necesita que los ciudadanos, en un “número equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores”, que en términos gruesos podría ser de alrededor de 1 millón 600 ciudadanos, hayan firmado esa petición y haberse identificado con su credencial de elector vigente.

Pero luego la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en este caso, resolverá si el tema abordado es de “trascendencia nacional” y si se ubica fuera de las prohibiciones expresamente señaladas en las regulaciones recientemente aprobadas. Si así lo considera, entonces lo trasladará al Instituto Nacional Electoral y este será el encargado de dar a conocer el veredicto de los electores.

El resultado solo será vinculante “para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales así como para las autoridades competentes, cuando la participación total corresponda, al menos, al cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores”. (Artículo 5 de la ley mencionada).

Esto quiere decir que deberán votar, para ser válido el resultado de la consulta, alrededor de 32 millones de ciudadanos y de éstos, la mitad más uno, por lo menos, a favor del sí.

Ahora bien, ¿Por qué el PRI no propuso la disminución de los plurinominales en el curso de la aprobación de las reformas “estructurales” recientemente realizada?

No era un problema de votos, para la aprobación de la reforma fiscal contó con los votos del PRD y para la de la energética tuvo a la mano los votos del PAN. En cualquiera de los casos pudo haber propuesto tal medida y alguno de los dos -quizá ambos- lo hubiesen acompañado, antes de verse señalados ante la opinión pública como defensores de los privilegios de los partidos, que eso son, no solamente los plurinominales, sino la mayoría de los legisladores, por lo menos en estos tiempos en los que el titular del Poder Ejecutivo -y no solamente en el ámbito federal- es en realidad el único legislador.

Y no hablamos sin sustento, son múltiples las evidencias que muestran que prácticamente todas las reformas aprobadas fueron diseñadas en las dependencias de la presidencia de la república, y algunas de ellas, destacadamente la energética, en oficinas de los legisladores ¡Norteamericanos!. En el ámbito local no cantamos tan mal las rancheras, al contrario, no sin la aportación local a la picaresca nacional al sostener, el Gobernador Duarte, que proponer la disminución de los plurinominales es la manera “que tiene el PRI de decirle a los mexicanos que existe un cuerpo colegiado que vela por los intereses de la sociedad y que siempre está de su lado”.

Sí, claro, bonos especiales mediante, y más si estos son de un millón al año ¡Por cada diputado aprobador de todo lo que le mande el Señor Presidente!

¡Qué caro nos sale este cuerpecito!

¡Y qué consultantes se nos volvieron los integrantes de la clase política!

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