El Congreso de Baja California declaró por mayoría la validez de la reforma constitucional que extendió de dos a cinco años la próxima gubernatura que iniciará el 1 de noviembre de 2019 y concluirá el 31 de octubre de 2024, la cual fue aprobada el 8 de julio en el pleno camaral y fue avalada por los ayuntamientos de Ensenada y Tecate, de origen priísta, y de Playas de Rosarito de Acción Nacional.
En la misma sesión, los diputados rechazaron el exhorto que les hizo la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para dar marcha atrás de esta reforma que beneficia al gobernador electo Jaime Bonilla de Morena, del partido Morena.
Con la presencia de las bancadas de Morena, PT y Transformemos, así como de los veinte diputados independientes o descoordinados de los grupos parlamentarios del PAN, PRD y MC se aprobó la validez de la reforma por lo que se solicitará su publicación en el Periódico Oficial del Estado al gobernador Francisco Vega.
De confirmar la negativa que anunció Vega de Lamadrid, el Congreso solicitará su publicación de manera directa, como lo señala la Constitución Política de Baja California.
La presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, Claudia Agatón Muñiz, pidió al diputado priísta Alejandro Arregui que diera lectura del posicionamiento del Poder Legislativo del Estado donde se señala que serán las instancias jurisdiccionales las que decidan sobre esta reforma constitucional.
“En las últimas semanas el poder que honramos en representar, el poder legislativo del estado de Baja California, fue objeto de ataques y descalificaciones derivado del legítimo uso de nuestra soberanía por defender, desde aquí, desde la parte más distante del centro del país, desde donde la palabra federalismo adquiere mayor significado, nuestros derechos como estado libre”, explicó.
“No es un ataque a nosotros como legisladores o un ataque al Poder Legislativo. Se trata de un ataque a la soberanía, los derechos, las libertades, nuestra vida democrática. Son valores que no están a discusión y es lo que ahora estamos defendiendo”, comentó.
La sesión extraordinaria se desarrolló en las instalaciones del ayuntamiento de Playas de Rosarito, ya que el acceso frontal del edificio del Centro Cívico de Mexicali está bloqueado por activistas inconformes con la modificación del periodo de la administración estatal.
Sobre la denuncia pública que hizo la diputada Eva María Vázquez, coordinadora de la bancada del PAN, de que se trataba de una sesión ilegal, Agatón Muñiz advirtió que el cambio de recinto parlamentario se sustentó en el artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado donde se señala que la Junta de Coordinación Política puede determinar la designación de un recinto parlamentario diferente a la Sala de Sesiones Benito Juárez del Congreso de Baja California por “causas fortuitas o de fuerza mayor”.
También se dio a conocer en un comunicado del Congreso local que seis diputados anunciaron su descoordinación del PAN, aunque todos ellos ya habían sido destituido por la dirigencia estatal de ese instituto político desde el día siguiente que votaron por la reforma constitucional.
Quienes formalizaron su salida del Grupo Parlamentatio del PAN son los legisladores Mónica Hernández Álvarez, Carlos Torres Torres, María Trinidad Vaca Chacón, Raúl Castañeda Pomposo, Ignacio García Dworak y José Félix Arango Pérez.
En Tijuana, Leonel Godoy convocó a la militancia morenista a mantener la calma y esperar la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aunque advirtió que Bonilla Valdez hará un buen gobierno ya sea de dos o de cinco años.
Fuente: La Jornada
