El Congreso local pretendía aprobar la asignación de escolta al gobernador César Duarte; al fiscal general Jorge Enrique González Nicolás, y al director de la Policía Estatal Única, Pablo Ernesto Rocha Acosta, así como la creación del Consejo de la Judicatura del Estado, lo que provocó la movilización de decenas de integrantes de Alianza Ciudadana y otras personas, quienes tomaron la tribuna y obligaron a los legisladores a bajar la segunda iniciativa del orden del día.
Por Patricia Mayorga/ Proceso
Ante la presión que inició ayer en redes sociales para negar escoltas al gobernador, éste declaró por la mañana que pidió al Legislativo bajar la iniciativa que le otorgaría agentes de seguridad, una vez que deje el cargo, junto con González Nicolás y Pablo Rocha.
Esta tarde, el Congreso del estado aprobó por unanimidad asignar seis escoltas a González Nicolás durante cuatro años, una vez que deje su cargo, y cuatro más a Pablo Ernesto Rocha, por el mismo lapso.
En sesión extraordinaria, los legisladores planeaban aprobar, además, ocho elementos para César Duarte, pero éste declinó ante la iniciativa presentada por el priista Fernando Rodríguez Giner, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, quien presentó el dictamen para reformar la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General y de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado.
Al iniciar la sesión extraordinaria, presidida por la diputada priista Laura Enriqueta Domínguez Esquivel, comenzó con el orden del día, pero fue interrumpida de inmediato.
Cerca del Congreso había dos manifestaciones por lo que fueron cerradas varias calles del centro. Afuera del palacio de gobierno protestaron los proveedores y mecánicos del transporte urbano Vivebús; estos últimos denunciaron que hace conco meses que no les pagan sus salarios ni honorarios, y la otra manifestación fue de maestros nóveles de San Juanito, municipio de Bocoyna, a quienes también les deben varias quincenas.
A las 11:00 ingresó el grupo ciudadano conformado por varias organizaciones, entre estas el Movimiento Estatal de Mujeres, El Barzón, Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Alianza Sierra Madre, Centro de la Mujer Trabajadora, entre otros, quienes ingresaron hasta el recinto del Legislativo y tomaron la tribuna.
La diputada Domínguez Esquivel leía desde la tribuna cuando los manifestantes forcejearon con la seguridad privada del Congreso, que lograron burlar y, con megáfono en mano, anunciaron el motivo de la manifestación: “¿Cómo es posible que una iniciativa que se pidió hace seis años, la quieran aprobar a diez días de que acabe el gobierno, pretenden aprobar el Consejo de la Judicatura? No es posible que pretendan aprobar un Consejo que estuvimos esperando todos estos años, ¿por qué no esperar que llegue la nueva legislatura para que se cree e instale un verdadero Consejo de la Judicatura que responda a los intereses y las necesidades de Chihuahua?, por eso estamos aquí, les solicitamos a los señores y señoras diputadas que por favor bajen este punto de acuerdo y que no cometan una barbaridad como la que pretenden aprobar el día de hoy. Hacemos el llamado, somos un conjunto de ciudadanos que estamos muy molestos, enojados por lo que aquí se pretende someter”, explicó Gabino Gómez Escárcega, líder de El Barzón.
Alianza Ciudadana advirtió que Duarte pretendía que los diputados aprobaran el Consejo de la Judicatura para protegerse una vez que deje su cargo.
Luego tomó la palabra en el megáfono Isela González Díaz, directora de la organización Alianza Sierra Madre, para cuestionar por qué pretendían otorgar escoltas a Pablo Rocha y al fiscal general, cuando han sido omisos en la atención de violencia de la Sierra Tarahumara:
“Esto nos indigna profundamente. La Sierra Tarahumara, para quien no lo quiere ver, está bañada en sangre, las defensoras y defensores tenemos tres años sin poder ir a hacer nuestro trabajo comunitario, porque la Fiscalía de atención a víctimas y el gobierno del estado han sido incapaces de proporcionarnos protección, algo que está ordenado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por el Mecanismo Nacional de Protección y Defensa de las Personas Defensoras de Derechos Humanos. No han reconocido que hay personas desplazadas de la Sierra Tarahumara, porque sus tierras están tomadas por el crimen organizado, ¿cómo es posible que alguien que representa al pueblo sea totalmente indolente ante esta situación? Las diputadas y los diputados de la Sierra no podrán negar o podrán calificarme de mentirosa”.
Alianza Ciudadana participa en el equipo de transición del gobierno entrante de Javier Corral Jurado, y a ellos se sumaron otros ciudadanos en la protesta y en redes sociales, donde había una exigencia generalizada para no otorgar escoltas a Duarte, al fiscal ni al director de la Policía Estatal.
Al reclamo también se adhirieron integrantes de Colegios y Barras, que calificaron como un logro que no se haya aprobado el Consejo de la Judicatura sin consulta previa y menos sin tomar en cuenta a los abogados.
“Es un logro para la sociedad y sobre todo para todos los abogados, ya que lo que se buscaba es que esta reforma fuera lo suficientemente estudiada, entonces en esa lógica, al haberse suprimido el punto el día de hoy, pues ya da tiempo de hacer las adecuaciones como Colegios y Barras” expresó Mireyra Borunda Hernández, presidenta de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados de Chihuahua AC.
Enrique Villalovos Lozano, secretario técnico de la Federación Mexicana de Barras y Colegios de Abogados, recalcó que la Relatoría del 2015 de la ONU señala que uno de los estados más vulnerables en decisiones jurídicas por imposiciones políticas es Chihuahua y, para que exista una justicia real en México, se debe contar con un Poder Judicial autónomo, independiente y sobre todo profesional, con el fin de que no existan injerencias políticas en asuntos jurídicos.
Fuente: Proceso/ Patricia Mayorga
