El exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, presentó ayer una denuncia penal en contra de la juez de control, Delia Valentina Meléndez Olivas, por denegación o retardo de justicia y prevaricación, contemplados en los artículos 285 fracción I y 287 fracción III del Código Penal del Estado, reporta El Diario.
La defensa del exmandatario priista, encabezada por Juan Carlos Mendoza, informó que dicha denuncia de debe a que la juzgadora mantiene a su defendido sujeto a “un proceso absurdo a todas luces, carente de sustento en la realidad y en la norma legal”.
De acuerdo con la denuncia, la juez negó, ilógica y arbitrariamente, la solicitud reiterada de la celebración de una audiencia para que le fuera planteado conforme a derecho el sobreseimiento de la causa y/o la modificación de la medida cautelar de prisión preventiva impuesta a Duarte, ambos temas en el marco de la audiencia intermedia, que fue suspendida el lunes pasado debido a que Duarte no pudo asistir presencialmente por encontrarse hospitalizado.
“Tanto el poder judicial como el ejecutivo por medio del mismo órgano jurisdiccional , así como por la Fiscalía en un segundo momento; e incluso en un tercer momento la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, han buscado dilatar dolosamente el proceso penal”, cita la defensa.
Los abogados aseguraron que este retardo demuestra que, tanto la autoridad juridicial como el ministerio público, sólo desean que el tiempo siga corriendo sin enfrentar argumentativamente y con las debidas pruebas que el exgobernador es culpable de un delito.
“Es el dolo con el que la jueza atendiendo a intereses incomprensibles emite una resolución sin fundamento legal aplicable con plena claridad de que su resolución es altísimamente probable contraria a la ley en perjuicio de una persona, realizando un conducta que debe ser investigada”, dicen.
Los defensores subrayaron que no es la primera vez denuncian la falta de apego a los plazos procesales del poder judicial nominativamente presidido por la magistrada Myriam Hernández. “¿Quién, quiénes o qué interés está detrás de esta manifiesta y perversa intención dolosa y contraria a derecho de mantener a cualquier costo el mantenerlo preso aunque ello implique las más aberrantes violaciones a la Constitución?, cuestionaron.
Fuente: El Diario
