Por Mauricio Torres
La Procuraduría General de la República (PGR) ya cuenta con el aval de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para solicitar a las empresas de telefonía la ubicación en tiempo real de teléfonos celulares vinculados a delitos del crimen organizado como secuestro y extorsión, entre otros, sin necesidad de una orden judicial
El procurador o los funcionarios que delegue podrán solicitar a las empresas la ubicación, siempre y cuando cumpla con lo siguiente:
- En casos “excepcionales y urgentes”, tales como cuando esté en riesgo la vida o la integridad física de las víctimas del delito o cuando exista el riesgo de que se oculte o desaparezca el objeto del delito.
- La solicitud sólo procede en caso de que los equipos se encuentren relacionados con investigaciones de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, extorsión o amenazas.
- El Ministerio Público deberá ofrecer la fundamentación y motivación de las solicitudes que haga.
- Una vez que la PGR ha localizado el celular que busca e identifique a la persona que lo utiliza, podrá tomar otras acciones como parte de la investigación que lleva a cabo.
- La PGR no está facultada para intervenir las llamadas o los mensajes de un teléfono celular si un juez no lo autoriza previamente.
El debate en la SCJN ocurrió en momentos en que el secuestro y la extorsión aumentan en México.
Entre enero y noviembre de 2013 se registraron 1,583 secuestros, el 32% más que en el mismo periodo de 2012, cuando hubo 1,196, indican los reportes del Sistema Nacional de Seguridad Pública
La incidencia de las extorsiones en el país, por otra parte, aumentó en 11% de 2012 a 2013, según los datos del SNSP. Entre enero y noviembre de este año se registraron 7,441 casos, cuando en el mismo periodo del año anterior fueron 6,696.
La incidencia de ambos delitos de alto impacto se elevó principalmente en estados como Michoacán, Guerrero o Tamaulipas, una situación que algunos analistas vinculan con la operación de grupos del crimen organizado dedicados al narcotráfico.
Según la última encuesta trimestral de seguridad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), un 62% de la población piensa que las condiciones de seguridad seguirán igual de mal o empeorarán.
El ‘dilema’ entre seguridad y derechos
Para Causa en Común, la ley puede implicar intromisiones a la privacidad, pero se justifica porque su aplicación permitirá salvar víctimas de delitos graves.
“Cuando hay una víctima involucrada, lo que necesitas es rapidez. (…) Existen algunas afectaciones en la vida privada de la gente. Sin embargo, creo que como está la situación en México tenemos que ponderar la vida de las víctimas, y en este caso, para eso sirve la geolocalización”, dijo en entrevista María Elena Morera, presidenta de la organización.
Por separado, el abogado de Propuesta Cívica, Jesús Robles Maloof, lamentó que la SCJN diera prioridad a la seguridad pública sobre los derechos humanos.
“En mi opinión, la Corte ha sacrificado la garantía de los derechos por brindar herramientas que se supone harán más seguro (el país) y ayudarán a combatir la delincuencia. Pero creo que es un debate falso, primero porque la Constitución es muy clara. No entiendo cómo pueden dar vuelta a este principio de que las comunicaciones privadas son inviolables”, dijo.
Para Robles Maloof, además, el tema de la geolocalización de celulares volverá a discutirse pronto, cuando la Cámara de Diputados dictamine la propuesta de Código Nacional de Procedimientos Penales ya aprobada por el Senado.
Fuente: CNN
