Por Álvaro Delgado
Febrero es el mes clave para proceder contra quienes incurrieron en millonarios sobornos para aprobar la reforma energética de Peña
Llegó la hora para la Fiscalía General de la República de Alejandro Gertz: acredita la veracidad de la denuncia de Emilio Lozoya, que implica en alta corrupción a los expresidentes Carlos Salinas, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, así como a los excandidatos presidenciales Ricardo Anaya y José Antonio Meade, y a exsenadores, o es el gran fiasco que compromete también al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Febrero es el mes clave para proceder contra quienes incurrieron en millonarios sobornos para aprobar la reforma energética de Peña, según la denuncia presentada el 11 de agosto por el exdirector de Pemex, debido a que el 7 de marzo vence el plazo de seis meses que dio el juez para la investigación complementaria de la FGR.
Si bien el caso está en manos de Gertz, también implica al gobierno de López Obrador, como a la UIF, que encabeza Santiago Nieto, para obtener información sobre los movimientos de dinero sucio, que implica a dos gobernadores del PAN: Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas, y Francisco Domínguez, de Querétaro. Además de éstos, Lozoya denunció por sobornos a Luis Videgaray Caso, secretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores de Peña; a los excandidatos presidenciales Anaya y Meade; al exsenador priista David Penchyna y a los expanistas Ernesto Cordero y Jorge Luis Lavalle, entre otros, pero sólo ha procedido ante un juez contra este último.
En unos días se hará pública la judicialización de otros implicados en la denuncia sobre los legisladores del PAN que recibieron 80 millones de pesos, entre 2013 y 2014, por medio de Rafael Caraveo, secretario técnico de la Comisión de Administración del Senado, cuyo presidente era Lavalle, socio de Roberto Gil Zuarth, exsecretario particular de Calderón.
Caraveo aparece en un video recibiendo una maleta repleta de billetes y, tras ser detenido, se convirtió, como Lozoya, en testigo colaborador de la FGR, ante la que declaró, según la filtración a Reforma, que fueron 15 maletas con de dinero que recibió del exdirector de Pemex. Una de ellas, que contenía 12 millones de pesos, se la quedó Guillermo Gutiérrez Badillo, secretario del entonces senador Domínguez Servién, quien, al difundirse el video en el que aparece su colaborador contando billetes, lo despidió. Domínguez se ufana de tener el apoyo político del consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, y quien prepara su defensa es García Cabeza de Vaca, muy parecida a la que también inició Anaya.
Así como Anaya anunció que desde ahora busca ser candidato presidencial, para decirse perseguido político si es llamado ante un juez por recibir 6.8 millones de pesos de Lozoya cuando era diputado, “Cabeza” prevé solicitar licencia como gobernador para postularse a diputado plurinominal del PAN.
Las acciones de la justicia coinciden con los tiempos electorales, con la pandemia de fondo, pero la cacería ya comenzó.
Por cierto, Rosario Robles no es aún testigo colaborador de la FGR: Se niega a hundir a Peña.
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Fuente: El Heraldo de México
