Por Víctor M. Quintana S.
Todos los días, la mayor parte de quienes vivimos en este país sufrimos múltiples agravios de parte de los poderes económicos o políticos. La pasividad-resignación parece ser la actitud predominante en nosotros. Como si de la triple posibilidad de acción ante los estados que señaló hace ya casi 50 años el sociólogo Albert Hirschman: “Exit-voice-loyalty” (Salida-voz-lealtad), se prefirieran la primera o la tercera: el desafane, o la lealtad resignada, entre refunfuños, a un Estado cada vez más deslegitimado. Afortunadamente, desde el Chihuahua profundo, desde la Sierra Tarahumara, varias comunidades indígenas han tomado el camino de la “voice”, de hacer oír su voz. Ante la problemática que viven, no huyen, ni se remontan como lo venían haciendo desde hace 400 años. Se organizan y actúan.
Sus agravios los han denunciado desde hace mucho: a las comunidades de Huitosachi y Bacajípare, municipio de Urique, les impusieron el proyecto turístico Barrancas del Cobre sin consultarlas, instalaron en sus parajes teleféricos, hoteles y restaurantes, les asignaron el papel de componentes de paisaje y…les descargan las aguas negras de los hoteles. A la de Mogotavo, vecina de ellas, le cercaron y les invadieron sus tierras de cultivo y sus zonas rituales con la estación de ferrocarril del Divisadero. En Coloradas de la Virgen, Choréachi y Mala Noche, municipio de Guadalupe y Calvo les despojan de su bosque, les excluyen de sus derechos agrarios; en Tewerichi, municipio de Carichí, numerosos indígenas han sido excluidos del PROCAMPO por burocratismos; en San Elías Repechike, municipio de Bocoyna, les implantan sin consultarlos el aeropuerto de Creel y les atraviesan el gasoducto Topolobampo-El Encino. Por si fuera poco, las comunidades, sus dirigentes y sus asesores han sufrido violencia, amenazas y hostigamiento por parte de los caciques locales y algunas instancias del Gobierno del Estado.
Luego de muchos meses de bregar en las instancias nacionales, las comunidades lograron en una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington DC, donde solicitaron al gobierno federal la instalación de mesas de alto nivel para atender sus demandas.
La mesa de alto nivel nunca se llevó a cabo. Pero eso no acalló la voz de las comunidades. En noviembre de 2013 decidieron iniciar una intensa labor de cabildeo con funcionarios públicos federales para encontrar solución a sus problemas. Luego de intentos infructuosos ante diversos funcionarios, finalmente lograron, gracias a los buenos oficios de los senadores Javier Corral, del PAN y Alejandro Encinas, del PRD, que se programara la primera reunión de alto nivel con los funcionarios federales en el Senado de la República.
Los indígenas chihuahuenses prepararon dicha reunión a su modo: organizaron la primera Caravana por la Justicia en la Sierra Tarahumara del 2 al 6 de junio pasado en la Ciudad de México. Con sus propios recursos se trasladaron desde Chihuahua gobernadores indígenas y líderes comunitarios de ocho comunidades rarámuris y una tepehuán, y los equipos de asesores de las organizaciones Consultoría Técnica Comunitaria, Alianza Sierra Madre y Tierra Nativa.
Participaron en la reunión pactada en el Senado de la República, donde además de los dos senadores mencionados se contó con la presencia del senador priísta Eviel Pérez Magaña, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara Alta. Luego, los integrantes de la Caravana se entrevistaron con el ministro de la 2ª sala y el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien en marzo del 2012 emitió una sentencia a favor de la comunidad de Huitosachi, por la violación del derecho a la Consulta y consentimiento previo en el asunto de la constitución del Consejo Consultivo del Fideicomiso Barrancas del Cobre. También se entrevistaron con el magistrado del Tribunal Superior Agrario, en razón de los litigios que se llevan en ese tribunal.
Para evaluar los avances de la primera reunión de alto nivel se programó otra reunión para el pasado 11 de agosto en Chihuahua. Esto arrancó la segunda Caravana por la Justicia en la Sierra Tarahumara, pues desde allá emprendieron su marcha los gobernadores, representantes de comunidades y sus acompañantes. La convocaron y coordinaron el Arq. Jaime Martínez Veloz, comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas y el senador Javier Corral. No pudieron asistir los senadores Encinas y Pérez Magaña. Participaron funcionarios federales de alto nivel de 15 dependencias federales y de cuatro dependencias estatales.
Una vez más las comunidades hicieron patentes sus demandas de justicia y agregaron la denuncia por el fallecimiento de varias personas, sobre todo mujeres y niños por la falta de atención médica y nutricional.
Los avances logrados en esta Segunda Caravana por la Justicia fueron relevantes: compromiso de los funcionarios por realizar consultas con las comunidades ante cualquier proyecto turístico, forestal, minero o de gasoducto que pretenda instalarse en ellas; incorporación de las mismas a los diversos programas federales de salud y desarrollo social; búsqueda de soluciones a la inseguridad en la tenencia de la tierra de las comunidades indígenas; incorporación al programa de solución de conflictos agrarios sociales, evaluación de las medidas de protección necesarias para las personas de Coloradas de la Virgen amenazadas de muerte que ya han sido incorporadas al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Revisión de la ejecución de la sentencia de la SCJN para la necesaria consulta a las comunidades afectadas por el proyecto turístico Barrancas del Cobre; revisión de las falsas denuncias, auditorías y robo de información a la organización Tierra Nativa. Todos estos acuerdos se someterán a un estricto seguimiento y evaluación en las semanas subsecuentes.
Las dos caravanas de estas comunidades indígenas tienen mucho que enseñarnos en este contexto de apatía, desaliento, deterioro cívico-político:
En primer lugar, el compromiso radical que tienen con la defensa de sus territorios y sus condiciones de vida. Compromiso manifestado en su actuar colectivo, que les implica mucho más que a quienes habitamos en las ciudades: ellos tienen que enfrentar la amenaza de los caciques; los largos y costosos traslados a la capital del estado o a la misma ciudad de México, el dejar sus siembras, sus animales, su familia para ir a realizar trámites ante instancias gubernamentales muchas veces desconocidas y hasta hostiles, en lengua y en códigos muy distintos a los suyos. Participación ciudadana se dice fácil pero para nadie resulta más difícil que para los pueblos indios…y sin embargo participan.
Nos enseñan también el buscar aprovechar las instancias legales, las estructuras estatales y presionarlas para que cumplan el cometido para el que fueron hechas. No las descalifican a priori, por más justificaciones que pudieran tener para ello. Les dan el beneficio de la duda práctica: recurren a las diversas dependencias de los Ejecutivos estatal o federal, incluso a instancias internacionales. Pero no hacen todo esto de manera ingenua: se informan, se asesoran, presentan recursos legales en tiempo y en forma, impugnan, cabildean.
También nos demuestran las caravanas la necesidad de construir amplias alianzas, coaliciones de comunidades, organizaciones no gubernamentales, profesionales, académicos, legisladores, organismos de iglesia, medios de comunicación, funcionarios, para buscar juntos la incidencia en lo público.
Bienvenidas las Caravanas por la Justicia en la Sierra Tarahumara. No es desde las ciudades, ni desde las clases medias ilustradas que nos soplan los vientos que huelen a que alguien se pone de pie, actúa, exige a los poderes, opera con apertura, pluralismo y de manera no violenta. Estos vientos renovadores provienen desde las barrancas y las cumbres de los más antiguos chihuahuenses. Aprendamos de ellos, acompañémoslos.
