La FGR y específicamente la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, creada hace un año y a cargo de Omar Gómez Trejo, acumula evidencias sobre una de las razones por las que la investigación de la “verdad histórica” del gobierno de Enrique Peña Nieto sobre la desaparición de los 43 no incluyó a militares y federales en el crimen: La corrupción.
En efecto, con base en información documental y testimonial en la carpeta de investigación AP/PGR/SEIDO/UE/IDMS//1017/2014, que el reportero conoció, se establece que hubo desaparición forzada por parte de agentes del Estado que estaban al servicios del cártel de Gerreros Unidos a cambio de mucho dinero.
La nueva información en el expediente apunta a los sobornos que presuntamente recibían militares, policías federales, estatales y municipales, así como agentes del Ministerio Público local y federal, para permitir el trasiego de drogas, armas y dinero, corrupción que condujo a las complicidades en la detención y desaparición forzada de los 43 normalistas, la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
Luego de que los padres de los normalistas y su representación legal exigieron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a la FGR y al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) proceder para romper los “pactos de silencio” es que, en marzo, se ejercitó acción penal contra Tomás Zerón de Lucio, director de la Agencia de Investigación Criminal y constructor de la “verdad histórica” junto con el exprocurador Jesús Murillo Karam.
Pero ya para entonces, con base en nueva información de testigos de los hechos, la FGR localizó los restos del normalista Christian Alfonso Rodríguez Telumbre a 800 metros del basurero de Cocula, donde el gobierno de Peña Nieto aseguró que fueron incinerados los normalistas, lo que derrumba la denominada “verdad histórica”.
Otros testimonios dentro de la carpeta de investigación apuntan no sólo al hallazgo de otros restos en lugares distintos al basurero, que ya están siendo analizados en la Universidad de Innsbruck, en Austria, sino a los pagos que Guerreros Unidos se hacían a militares y policías federales destacamentados en Guerrero.
Un testigo de la FGR, que formó parte de Guerreros Unidos cuando ocurrieron los hechos de Iguala, no sólo ubicó donde fueron depositados los restos de normalistas, desaparecidos en grupos, sino que detalló que en la “nómina” de Guerreros Unidos había militares y policías de todas las corporaciones.
Las nuevas evidencias indican que el fiscal Iñaki Blanco y el secretario de Seguridad Pública del estado, Leonardo Vázquez, estaban en la nómina de Guerreros Unidos, y fueron clave para construir la “verdad histórica” con restos de normalistas y de indigentes asesinados…
POR ÁLVARO DELGADO
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