Después de diez años de impunidad por el asesinato de dos jóvenes, la violación de 30 mujeres y la agresión a más de 200 integrantes, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) advirtió que su lucha cesará hasta suspender definitivamente el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICIM).
Al conmemorar el décimo aniversario del “mayo rojo” por el enfrentamiento de miembros del Frente con policías estatales y federales, las demandas son las mismas de entonces: detener la construcción de la terminal aérea –la empresa Cypsa Vise construye en tierras de Tocuila, Texcoco, sin consentimiento de los ejidatarios, la autopista- y castigo a los responsables de los delitos cometidos por policías en contra de los integrantes del Frente.
Alexis Benhumea y Javier Cortés fueron asesinados; “más de 200 compañeros –agredidos- y más de 40 mujeres abusadas sexualmente”, recuerda Ignacio del Valle, dirigente de la organización. Por los hechos, se detuvo a 6 policías a los que denominó “chivitos expiatorios”.
Si en este país la justicia fuese efectiva, insistió, “el primero en ir a la cárcel sería el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, por ordenar, como gobernador del Estado de México, aquel operativo; por ser el autor intelectual, junto con todos los que a su mando obedecieron, de esa represión”.
El proceso judicial sigue abierto, en espera de que las víctimas acepten la reparación del daño para con ello dar carpetazo a las investigaciones.
No obstante, insistió del Valle Medina, once mujeres afectadas que permanecen en resistencia no recibirán un solo peso, “no se rinden, piden justicia”.
“Nosotros no aceptaremos algo así… Hablan de una cuenta económica pero ni siquiera hemos investigado cuánto es porque eso sería indigno”, destacó.
De manera estratégica, y de víctima en víctima, expuso, los jueces nos han citado a declarar para tratar de convencernos, pero “nuestra posición es no aceptar ningún trato en tanto no haya justicia”.
Para evitar presiones e intimidaciones, explicó que acordaron ya no asistir al penal de Santiaguito y sólo reciben las notificaciones sobre el caso, pues una vez que aceptaran la indemnización le darían carpetazo al asunto y “Atenco no se vende”.
El FPDT mantiene en litigio sus tierras: espera el fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia ante la que promovió la emisión de medidas cautelares en favor de los habitantes de los pueblos y comunidades que se localizan en la zona de influencia del Nuevo Aeropuerto.
Además, tiene pendiente de resolución del amparo 14/2015 ante el juzgado noveno de distrito con residencia en Nezahualcóyotl para que se decrete la suspensión del proyecto de la terminal aérea.
También queda por resolverse el amparo directo 796/2015 turnado al Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito de Nezahualcóyotl para que se declare la nulidad del Acta de la Asamblea del primero de junio de 2014 que pretende hacer cambio de uso de suelo y destino de tierras a parcelas y la adopción de dominio pleno sobre ellas.
El Primer Tribunal Colegiado de Nezahualcóyotl determinó procedente y fundado el recurso de queja 254/2015 y ordenó al Juez Quinto de Distrito admitir la ampliación de la demanda de amparo contra los decretos expropiatorios 1971 y 1982 que afectan ejidos de San Salvador Atenco y comunidades aledañas.
Este día, el Frente celebró, en la explanada principal de San Salvador Atenco, una misa en honor a los caídos y actividades culturales; mañana preparará una ofrenda y realizará una marcha a la Ciudad de México.
Durante la eucaristía, el sacerdote Miguel Concha indicó que Atenco es un referente para quienes se organizan en defensa de sus derechos y bienes comunales.
“Quienes pretenden arrebatarnos también la esperanza, han hecho y hacen un uso represor de las fuerzas del propio estado… Hoy debe existir justicia para los dos jóvenes asesinados, las más de 30 mujeres abusadas sexualmente y cientos de personas reprimidas”, expuso.
Los enfrentamientos de los días 3 y 4 de mayo de 2006 estuvieron marcados por la represión policiaca que los activistas denuncian pretende legitimarse a través de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México, rebautizada como Ley Atenco y Ley Eruviel.
La norma avalada hace más de un mes por los diputados locales es analizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ante la que se promovió acción de inconstitucionalidad.
Diversas organizaciones sociales consideran que el ordenamiento será una licencia para el uso de las armas de fuego en la represión y criminalización de la protesta, y facilitará los desalojos con apoyo de la fuerza pública.
Fuente: Apro
